El Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Victimas se estableció por la ley 1448/2011 en su artículo 142, la cual se asume como un ejercicio de esclarecimiento para promover la reparación integral, la verdad y la no repetición de afectaciones por la violencia. Rememorar el 9 de abril de 1948 no se puede hacer por medio de tratamientos superficiales o conmemoraciones vacías. Esta fecha no es una efeméride para la liturgia institucional, al contrario, se debe comprender en su densidad históricas y en sus consecuencias políticas.
El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán acaecido en esta fecha del año 1948, fue un hecho trágico, ya que este magnicidio y el posterior “Bogotazo” se considera el punto de quiebre conocido como “la violencia”. Este hecho marcó el rumbo del conflicto armado en Colombia. Fue la interrupción deliberada de un proceso político que comenzaba a desbordar los límites de aquel enraizado bipartidismo. Gaitán encarnaba una ruptura con la forma en que las elites habían administrado el país, su liderazgo se construyó desde la movilización social, era la palabra que organizaba y la denuncia que incomodaba, estas características sustentan que Gaitán no solo era una fracción del partido liberal. Además, cuando asumió la defensa de las víctimas de la Masacre de las Bananeras, puso en evidencia la relación estructural que existía entre el capital extranjero, las elites nacionales, y la violencia estatal.
El núcleo de su propuesta política se expresaba en términos de demostrar que la desigualdad en Colombia tenía una arquitectura sostenida por intereses de una elite que no estaba con la voluntad política de resolverla, su célebre afirmación de que el hambre no es liberal ni conservadora no era parte de una retórica, sino que representaba una crítica directa al sistema político que hacía de las diferencias sociales una reducción de disputas partidistas. Gaitán entendió que la exclusión de las mayorías hacia parte del orden existente, por eso, su proyecto consistía en transformar y en desplazar el eje del poder hacia las mayorías organizadas. El asesinato del dirigente social clausuró esa posibilidad y abrió la vía de la violencia en el país durante décadas.
El “Bogotazo”, desatado tras conocerse del ataque a Jorge Eliecer Gaitán, fue la manifestación de una fractura acumulada que encontró en ese hecho su detonante, a partir de ese entonces, la violencia dejo de ser episódica para convertirse en el método sistemático de regulación política. El deceso de Gaitán desarticuló un liderazgo y envió el mensaje de que cualquier intento de transformación estructural seria enfrentado con toda la fuerza.
La consecuencia obviamente, fue la prolongación de un conflicto que encontró en el campo su asentamiento principal. La conocida persecución contra las autodefensas campesinas liberales se enmarco en una lógica contraria a la pacificación, y se direccionó a la persecución y desaparición de resistencias en todo el país. En ese contexto, el surgimiento de experiencias como la “Operación Marquetalia” es, además, del inicio de la violencia, también es la respuesta a un proceso de exclusión política y militarización del territorio. La insurgencia no apareció del vacío, o como situación fortuita, fue el resultado de una acumulación de agravios y de la negación sistemática de canales democráticos. Esta afirmación no es una narrativa subjetiva, se encuentra registrada en los documentos presentados por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.
Además, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, esta lógica se profundizo. La respuesta del Estado ante la protesta social y la organización popular se consolidó bajo la idea del enemigo interno como eje de la acción política. La impronta fue la represión que no distinguía entre la insurgencia y resistencia cívica, lo que terminó agudizando el conflicto y cerrando aún más las posibilidades de participación, por lo tanto, la violencia terminó pasando de ser una herramienta excepcional a convertirse en un principio ordenador.
Para la década de los ochenta, el conflicto asumió nuevas dimensiones y matices con la irrupción del narcotráfico. Este fenómeno complejizó las causas estructurales de la guerra, introduciendo economías ilegales que reconfiguraron las dinámicas territoriales y fortalecieron actores armados con capacidad de cooptación institucional, es decir, el paramilitarismo como nueva figura del conflicto armado. El resultado no podría ser otro, una guerra más difusa, degradada y más difícil de encauzar políticamente. Si bien, también fue una década en el que se presentaron intentos de acuerdos de paz, la constante fue la incapacidad del Estado para garantizar condiciones reales para la pacificación del país y la participación política. El exterminio de la Unión Patriótica fue una expresión de esa incapacidad convertida en práctica sistemática y complicidad solapada.
Las décadas siguientes fueron la continuidad de ese patrón de fondo. Apareció en los primeros tiempos del año 2.000 la política de la Seguridad Democrática que intensificó el conflicto bajo la premisa de la derrota militar de las insurgencias, lo que derivó en violaciones graves a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y una expansión sin precedentes del sufrimiento de la población civil. La noción de que la guerra podría resolverse solo por la vía de la fuerza, además, de fracasar profundizó las heridas sociales de un país en continuas tragedias. En ese contexto, el acuerdo de paz del 2016 representó un cambio en el enfoque, pues se dio paso al reconocimiento de que la solución del conflicto requería abordar las causas estructurales y darle paso a su superación a través del dialogo y las salidas políticas.
Sin embargo, el acuerdo de paz no transformo por si solo las condiciones que dieron origen a la guerra. Su implementación ha sido una de las más grandes deudas, y ha estado atravesado por resistencias políticas, imposición de limitaciones de carácter institucional y persistencia de acciones violentas en los territorios. Esto confirma que la paz no es un evento lleno de ornamentos, debe ser abordado como un proceso en disputa, que se condiciona por una correlación de fuerzas y por la existencia de voluntades para la transformación.
Por eso la memoria tiene una función central sin ser una evocación simbólica o un ejercicio de compasión, sino una herramienta de comprensión y de acción. Las víctimas del conflicto armado no pueden seguir siendo reducidas a una categoría pasiva dentro de la narrativa nacional. Entender que las víctimas son portadoras de verdad es reconocer en ellas la experiencia y la legitimidad política ante el país, esa condición las instituciones estatales no ha sabido integrar plenamente. Pero reconocerlas también implica ir más allá del homenaje, exige modificar las estructuras de poder que produjeron su victimización.
Si bien los actos conmemorativos en torno al 9 de abril son positivos, de manera adicional se debe asumir como un momento de balance histórico y de definición política, sobre todo cuando está en marcha la implementación de un acuerdo de paz. Por lo tanto, la pregunta que subyace es si el país está dispuesto a transformar las condiciones que generaron la violencia o si se continuará administrando sus consecuencias llenas de dolor y heridas. Pero la respuesta no depende de la retórica institucional, sino de avanzar en decisiones concretas en materia de justicia, redistribución, participación y reparación.
El problema de Colombia no es de memoria, pues año tras año existen multiplicidad de actos conmemorativos, lo clave es avanzar en actos de voluntad. Sabemos en el país lo que ocurrió, se conoce a las víctimas y se ha documentado sus tragedias. En si lo que está en disputa es si todo ese conocimiento se puede traducir en transformación o seguirá siendo contenido en el marco de la conmemoración. La memoria, cuando no se convierte en acción política termina siendo funcional al olvido.
El 9 de abril no basta como un día para el recuerdo, es necesario asumir las implicaciones de lo recordado. Hay que reconocer obviamente a las víctimas, pero es imprescindible que su experiencia reoriente el rumbo del país, en un momento donde el camino de la paz requiere ser transitado, la paz no puede seguir siendo una promesa aplazada ni una consigna disputada; la memoria debe dejar de ser evocación y convertirse en horizonte.
Que no sea el silencio el que organice el recuerdo, sino la palabra firme que lo transforme. Que no sea la resignación la que marque el destino, sino la decisión colectiva de interrumpir la repetición de la violencia. Que no sea la costumbre de la guerra la que defina lo posible, sino la convicción de que otro país debe abrirse paso.
Colombia no puede seguir atrapada en la maraña del olvido ni en la inercia de la guerra. Hay una historia que aún no se ha escrito, y su trazo no puede hacerse con sangre. Tiene que hacerse con memoria viva, con dignidad irreductible y con la determinación de que la paz deje de ser una excepción y se convierta, por fin, en la regla.
