El inicio del año 2026 llegó con un trago amargo para la industria licorera colombiana. El Decreto 1474, expedido por el Gobierno Nacional el pasado 29 de diciembre de 2025, impuso un fuerte incremento tributario al sector, generando preocupación entre productores, distribuidores y autoridades regionales que alertan sobre una posible crisis económica y social, especialmente en departamentos como Nariño, donde el comercio de bebidas representa un motor clave de ingresos y empleo.
Según el decreto, el IVA sobre licores fuertes como aguardiente y ron pasó del 5% al 19%, y la tarifa del impuesto al consumo por grado alcoholimétrico se duplicó, subiendo de $342 a $750 (incremento del 119%). Además, el componente ad valorem —calculado sobre el precio de venta al público antes de impuestos— también fue elevado, pasando del 25% al 30%.
Aumentos desbordados: ¿quién puede pagar por una botella?
Los nuevos impuestos se verán reflejados en el bolsillo del consumidor de forma inmediata. Una botella de Aguardiente Amarillo de Manzanares de 750 ml pasará de $49.705 a $71.112, lo que representa un aumento del 43%. En el caso del Ron Viejo de Caldas tradicional, el salto es aún más drástico: de $54.545 a $84.604, un incremento del 55%.
Este diferencial de precios no solo encarece el producto, sino que lo aleja del consumo popular, afectando gravemente a tenderos, bares, discotecas, restaurantes y eventos que dependen del licor nacional como producto base de sus ventas.
Alerta por el crecimiento del mercado ilegal
Más allá del golpe económico, la Industria Licorera de Caldas (ILC) advierte sobre una amenaza aún más peligrosa: el aumento del contrabando y la ilegalidad. Según cifras de Euromonitor citadas por la ILC, ya el 24% del licor consumido en Colombia es ilegal, y este porcentaje podría dispararse debido al encarecimiento de las bebidas legales.
El problema no solo es fiscal: los licores adulterados han provocado intoxicaciones, hospitalizaciones e incluso muertes. Mientras el Estado busca aumentar su recaudo, podría estar abriendo la puerta a una crisis de salud pública.
Recursos que no llegarán a las regiones
Otro punto crítico del decreto es que el excedente recaudado por el aumento del impuesto al consumo no quedará en los departamentos, sino que será transferido al Presupuesto General de la Nación. Esto implica que regiones como Caldas, Nariño, Cauca o Tolima, que dependen de este recaudo para financiar salud y educación, verán disminuidos sus ingresos pese al aumento del consumo tributado.
Solo en los últimos dos años, la ILC aportó $1,2 billones al país en impuestos, de los cuales $120 mil millones fueron girados a Caldas. Ahora, con los nuevos cambios, este flujo de recursos podría verse gravemente comprometido.
Un modelo de recaudo que podría fracasar
En otros países donde se han aplicado incrementos agresivos al precio del licor para reducir el consumo, el resultado ha sido contrario al esperado: baja el recaudo, aumenta la informalidad y el consumo se desvía a mercados ilegales.
La situación pone en jaque no solo la viabilidad de las industrias licoreras regionales, sino también la estabilidad de los empleos que generan: más de 200.000 puestos directos e indirectos en todo el país, desde el sector agrícola hasta el comercial.
¿Qué viene ahora?
Desde la Industria Licorera de Caldas y otras entidades del gremio se pide al Gobierno Nacional revisar el decreto, establecer mesas técnicas y abrir un debate público que evalúe los impactos económicos, sociales y sanitarios de la medida. Aunque se reitera el compromiso con el consumo responsable y la innovación en productos, se insiste en que este tipo de decisiones fiscales deben tener en cuenta la realidad regional y no responder únicamente a fines recaudatorios.
En departamentos como Nariño, donde el mercado del licor representa también identidad, tradición y generación de empleo, el riesgo no es solo económico: es estructural.
