En una carta dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, los 32 gobernadores del país, en conjunto con la Federación Nacional de Departamentos (FND), expresaron su rechazo categórico al Decreto 1474 de 2025, el cual incrementa el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado en el marco de la emergencia económica declarada por el Gobierno Nacional.
Los mandatarios regionales advirtieron que esta medida representa una recentralización tributaria que vulnera principios constitucionales como la descentralización y la autonomía territorial, además de poner en riesgo una de las rentas más importantes para los departamentos.
“Desde las regiones reiteramos nuestro categórico rechazo a la implementación de las medidas establecidas en el Decreto 1474 de 2025, por ser recentralizadoras y atentar contra los escasos ingresos de las entidades territoriales”, señala la comunicación oficial.
Preocupación por contrabando y seguridad
Una de las principales alertas que lanzan los gobernadores tiene que ver con el posible incremento del contrabando y la ilegalidad en el mercado de licores y cigarrillos. Según advierten, esta situación podría no solo afectar la financiación de sectores clave como salud, educación y deporte, sino también impactar negativamente la seguridad del país, al convertirse en fuente de financiación para estructuras criminales.
“Este aumento del impuesto puede generar un auge del contrabando, que no solo afecta las rentas departamentales, sino que pone en riesgo la seguridad pública”, señalaron.
Contexto regional: ¿qué pasa en Nariño?
Departamentos como Nariño, históricamente afectados por dinámicas de frontera y presencia de economías ilegales, podrían enfrentar un escenario aún más complejo si se debilita la capacidad financiera local.
En regiones donde el ingreso por consumo de licores y cigarrillos representa una proporción significativa de los presupuestos departamentales, la medida podría traducirse en recortes a programas sociales, educativos y deportivos, así como en mayor presión fiscal sobre comunidades vulnerables.
Además, el incremento del impuesto podría incentivar el ingreso de productos de contrabando desde Ecuador, un fenómeno que ya afecta al comercio legal y a la salud pública.
Lo que viene
Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda no ha emitido una respuesta oficial a la carta enviada por la FND y los gobernadores, quienes solicitaron abrir una mesa de diálogo urgente para revisar los alcances del decreto y evaluar alternativas que no comprometan la sostenibilidad financiera de los departamentos.
Desde Página 10 seguiremos atentos a las reacciones locales y a las posibles consecuencias que esta medida pueda tener sobre los territorios, especialmente aquellos con mayor fragilidad económica e institucional.
