Por Armando Rosero
Secretario de Planeación de Nariño
En los próximos meses Nariño entrará en un proceso electoral con bastantes tensiones. Escucharemos muchos señalamientos: sabremos quién se equivocó, quién apareció en la fotografía de una obra y quién dijo qué en una entrevista. Es menos probable que sepamos qué piensa hacer cada aspirante con el Pacífico, con la frontera o con las oportunidades de nuestros jóvenes. Tenemos más información y más medios para comunicarnos que nunca, y aun así cada vez cuesta más construir una comprensión compartida de lo que nos pasa. Compartimos sin verificar, celebramos las acusaciones contra quienes no nos gustan y somos indulgentes con los errores de quienes nos representan.
La controversia es necesaria en una democracia, y cuestionar a quienes gobiernan es una obligación ciudadana. El problema empieza cuando la crítica deja de buscar explicaciones y se usa para desacreditar. La crítica somete el poder a escrutinio: exige pruebas, contrasta información, identifica responsabilidades y permite corregir decisiones. La descalificación prescinde de todo eso. Le basta con instalar una sospecha, repetir un rumor o convertir un desacierto en prueba definitiva contra quien gobierna o contra quien aspira a gobernar. Una democracia necesita la crítica, también cuando incomoda al poder, y se desgasta con la descalificación.
Hannah Arendt, en su ensayo Verdad y política (1967), ofrece la clave para entender por qué esta distinción importa. La política supone un mundo común, una realidad sobre la cual podemos opinar distinto y decidir colectivamente. Para eso hace falta reconocer ciertos hechos como punto de partida de nuestras diferencias. Arendt advertía que la verdad factual, la de los acontecimientos, es la más frágil frente al poder: los hechos pueden ser negados u olvidados, y una vez perdidos ningún razonamiento permite reconstruirlos. Cuando se sustituyen de manera sistemática por versiones interesadas, la gente pierde algo más grave que la verdad sobre un asunto concreto: pierde el sentido que le permite orientarse en el mundo real. Expuesta a relatos que se contradicen sin cesar, termina por no creer en nada, y una ciudadanía que desconfía de todo queda tan indefensa como una que lo cree todo.
Un presupuesto aprobado, un contrato firmado o una vía sin terminar tendrían que valer lo mismo para todos, sin importar la simpatía que despierte un gobernante. Sus causas y sus resultados admiten interpretaciones distintas, y ahí está el debate legítimo. Cuando los hechos mismos dependen del bando desde el que se miran, la conversación pública se convierte en una disputa por imponer un relato.
El rumor es tan antiguo como la política. Lo nuevo son la velocidad y la escala con que circula. Hoy una afirmación sin verificar llega a miles de personas antes de que alguien pueda contrastarla, y la rectificación rara vez alcanza la misma audiencia. Byung-Chul Han, en Infocracia (2021), advierte que la circulación incesante de información desplaza el discurso, que necesita tiempo para escuchar, ponderar y responder. Guy Debord, en La sociedad del espectáculo (1967), permite observar otra dimensión del problema: cuando la política se convierte en espectáculo, la apariencia termina ocupando el lugar de la discusión sobre los asuntos públicos. Importa más producir una imagen, instalar un antagonista o protagonizar un señalamiento que comprender una decisión y examinar sus consecuencias. Dos décadas después, en sus Comentarios sobre la sociedad del espectáculo (1988), describió un presente perpetuo en el que cada novedad desplaza la anterior. La controversia pierde continuidad y los asuntos públicos quedan sin seguimiento. Sin memoria tampoco hay rendición de cuentas.
Detrás de estas conductas hay una contradicción. Nos gusta la democracia, la exaltamos y la defendemos como principio, pero desconfiamos de casi todo lo que significa gobernar: los procedimientos, los presupuestos limitados, los acuerdos con quien piensa distinto y la obligación de escoger entre necesidades igualmente urgentes. Queremos resultados, pero pocas veces discutimos las prioridades que los hacen posibles o los costos que implican. Es fácil indignarse contra quien gobierna, como también es fácil prometer sin explicar cómo se cumplirá. Lo difícil es reconocer que gobernar supone escoger, establecer prioridades, negociar, esperar y, en ocasiones, renunciar a unas cosas para hacer posibles otras. Reconocerlo hace todavía más necesario que los gobiernos expliquen sus decisiones y respondan por sus resultados. Corremos el riesgo de votar más desde el enojo que desde una idea clara del lugar al que queremos llegar.
Hay además una dimensión moral. Toda causa colectiva reúne a quienes se movilizan por un ideal y a quienes encuentran en ella la oportunidad de cobrar agravios. Al comienzo suelen predominar los primeros; con el tiempo, el impulso puede pasar a los segundos, para quienes el poder es ocasión de revancha. La causa conserva sus banderas mientras cambian las pasiones que la mueven.
Basta mirar las actuaciones, más allá de las consignas, para reconocer los mismos métodos en todas las orillas. Se exige rectificación al adversario y se guarda silencio ante los errores propios. Se divulga la acusación con entusiasmo y la aclaración con desgano. Se sospecha de cualquier dato que contradiga la posición propia y se convierte en prueba cualquier cifra que la confirme. Se decide quién merece ser escuchado y quién debe quedar por fuera. Cada sector cree estar defendiendo algo superior, y precisamente por eso se concede licencias que no toleraría en el otro.
Esa licencia adopta dos formas que suelen presentarse como opuestas y comparten la misma raíz. Una es la exigencia de pureza que convierte cada matiz en traición y termina devorando a los propios. Otra es la disposición a romper las reglas, desconocer las instituciones y destruir al contradictor cuando estorban a la causa. Una consume hacia dentro y la otra arrasa hacia fuera. Ambas parten de la convicción de que el fin propio autoriza cualquier medio, y cualquier sector, con cualquier ideología, puede caer en una o en otra.
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt explican por qué esto debería preocuparnos. En Cómo mueren las democracias (2018) muestran que las constituciones, por sí solas, no protegen a un régimen democrático. Lo sostienen la tolerancia mutua, que lleva a aceptar a los rivales como contendores legítimos, y la contención institucional, que lleva a quienes tienen poder a no usar sus prerrogativas hasta el límite para aplastar al contrario. Ninguna de las dos está escrita en una ley. Uno de los casos que estudian es Chile, durante décadas una de las democracias más estables de la región, donde la polarización fue desgastando la disposición de los partidos a reconocerse como adversarios legítimos hasta el quiebre de 1973. El mismo país mostró después el camino inverso: desde 1990, fuerzas que habían sido rivales irreconciliables construyeron acuerdos que permitieron gobernar con estabilidad durante años. Las democracias no se pierden de un día para otro, y tampoco se recuperan solas. La calidad de la conversación pública, incluida la de una campaña regional, hace parte de su infraestructura.
Las plataformas digitales amplifican estas conductas. Sus algoritmos ordenan los contenidos según la probabilidad de que generen reacción, y pocas cosas generan tanta reacción como el enojo contra el adversario. Cada sector tiende a habitar un mundo informativo propio, con sus pruebas, sus culpables y sus certezas, y el hecho verificable queda subordinado al señalamiento sin rigor. Así, la deliberación pierde sentido porque nadie está dispuesto a cambiar de opinión, el consenso se vuelve sospechoso porque acordar con el contrario se interpreta como traición, y la política termina reducida a la administración del agravio.
Esta reflexión también me incluye. Hoy ejerzo responsabilidades de gobierno y sé que quienes estamos en la administración pública podemos privilegiar la defensa de nuestras decisiones sobre la escucha, o confundir la explicación de una gestión con la justificación de sus resultados. Atribuir el deterioro del debate únicamente a los adversarios o a las redes sería repetir el problema que intento examinar. La exigencia de transparencia, argumentación y autocrítica debe empezar también por quienes tenemos responsabilidades institucionales.
Esto tiene un peso particular en Nariño. Un departamento con diferencias territoriales profundas, dificultades históricas de conectividad, economías rurales diversas, una frontera internacional compleja y una afectación persistente por las violencias necesita algo más que administraciones que ejecuten sus respectivos planes de desarrollo: necesita capacidad para construir acuerdos sobre su futuro. ¿Cómo integrar el Pacífico con el resto del territorio? ¿Qué hacer con la relación económica y funcional con Putumayo? ¿Cómo aprovechar la frontera con Ecuador? ¿Qué oportunidades tendrán nuestros jóvenes? ¿Cómo articular las subregiones para que se complementen, cuando hoy compiten por recursos escasos?
Estas preguntas no se resuelven con una campaña de señalamientos ni con la defensa automática de lo que cada administración ha hecho. Requieren reconocer problemas, contrastar información, discutir prioridades y construir decisiones que puedan sostenerse más allá de un periodo de gobierno. Cuando cada controversia termina convertida en una disputa por culpables y cada decisión se juzga exclusivamente por quién la propone, perdemos la posibilidad de construir continuidades y acuerdos regionales.
Una elección regional, además de decidir quién gobierna, debería permitirnos discutir qué problemas son prioritarios y qué compromisos merecen mantenerse gane quien gane. Las universidades, los medios y las organizaciones sociales tienen capacidad para convocar debates programáticos por subregión, con preguntas precisas sobre el Pacífico, la frontera, la conectividad, la ruralidad y los jóvenes, que todos los aspirantes respondan con cifras y compromisos verificables. Desde la administración pública también nos corresponde poner a disposición de la ciudadanía y de todos los aspirantes, en igualdad de condiciones, información verificable sobre el avance del plan de desarrollo y la inversión en cada subregión. Discutir el futuro exige partir de los mismos datos sobre el presente.
Cada actor tiene una responsabilidad distinta. Quienes gobiernan deben explicar sus decisiones, entregar información verificable y reconocer errores. Quienes ejercen oposición deben fiscalizar y proponer sin convertir la sospecha en condena anticipada. Los medios pueden preguntarse si están aclarando los asuntos públicos o amplificando la confrontación. Y la ciudadanía necesita conservar la capacidad de cuestionar también a quienes cuentan con su simpatía.
Nariño necesita una política regional más exigente: oposición argumentada, autocrítica gubernamental y controversias de mayor calidad, donde las cifras tengan contexto y los señalamientos tengan sustento. Una región tan diversa como la nuestra puede vivir sin unanimidad. Necesita, en cambio, la capacidad de discutir sobre una realidad compartida y de reconocer que su futuro importa más que la victoria momentánea de cualquiera de sus sectores.
¿Estamos usando este periodo preelectoral para discutir qué Nariño queremos construir, o para convencernos de que quienes piensan distinto no tienen nada que aportar?
Armando Rosero García
Politólogo, Especialista en Gerencia de Empresas de la Economía Social y Solidaria y Magíster en Planificación Urbana y Regional (UBA).
Secretario de Planeación de Nariño.
