Por Tirso Benavides Benavides
El Estado no tiene por qué meterse en la cama de nadie. El problema comienza cuando alguien pone la chequera del Estado sobre la mesa de noche.
Esa es la diferencia que algunos defensores de Gustavo Petro pretenden borrar entre risas, memes y alardes de una supuesta super potencia sexual del expresidente. El asunto no consiste en saber con quién se acostó, cuántas veces lo hizo o cuáles eran sus preferencias. Petro puede relacionarse con cualquier persona adulta que libremente consienta: mujer, hombre, persona trans o marciano con cédula colombiana. Eso pertenece a su intimidad y debería permanecer allí. Pero si una relación sexual estuvo acompañada por contratos estatales, recomendaciones presidenciales, presiones sobre funcionarios o favores pagados con recursos públicos, dejamos de hablar de sábanas y comenzamos a hablar de poder.
Deicy Jiménez sostiene que mantuvo una relación con Petro y que obtuvo contratos estatales como contraprestación. Los registros públicos muestran que sí celebró varios contratos con entidades como el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia. También apareció un video que corroboraría la existencia de la relación y se conoció un chat en el que, presuntamente, Petro habría enviado su hoja de vida y pedido que la mantuvieran contratada. La Procuraduría abrió una indagación y la Fiscalía adelanta actuaciones para establecer qué ocurrió.
Hay, entonces, elementos que merecen una investigación seria. Pero cada uno prueba algo diferente. El video, si es auténtico, puede acreditar una relación íntima. Los contratos demuestran una vinculación con el Estado. El chat, una vez verificadas su autenticidad y su contexto, podría evidenciar una intervención del expresidente. Lo que todavía debe establecerse es si entre la cama y el contrato existió el intercambio denunciado.
Un indicio no es una sentencia, aunque tampoco es un invento por el simple hecho de incomodar al petrismo. El exmandatario ha negado haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales y su defensa insiste, con razón jurídica, en que un video íntimo no demuestra corrupción. Ese contraargumento debe reconocerse: quien acusa tiene la obligación de probar el abuso de poder, no solamente la existencia de un romance.
Otra cosa son las acusaciones sobre el consumo de sustancias alucinógenas. Jiménez asegura que el expresidente consumía drogas, que le encargaba conseguirlas y que en ocasiones intervino públicamente bajo sus efectos. Son afirmaciones graves, pero siguen siendo afirmaciones pendientes de corroboración.
La incoherencia, el tono de voz, las actitudes y los disparates de Petro en sus intervenciones fueron evidentes, sin embargo un discurso confuso no es un examen toxicológico. Atribuirle a la cocaína cada divagación de Petro podría resultar hasta generoso: lo eximiría de asumir la responsabilidad por sus propias ideas. Si consumió sustancias en su vida privada, estaremos ante un asunto personal. Si lo hizo mientras ejercía la Presidencia, afectando su capacidad para gobernar, o si utilizó a otras personas y recursos públicos para obtenerlas, el asunto adquiere evidente relevancia institucional. La frontera vuelve a ser la misma, no interesa el vicio privado, sino el posible abuso del poder.
La Corte Constitucional ha sostenido que los personajes públicos deben soportar un mayor escrutinio, pero eso no significa que pierdan completamente su derecho a la intimidad. La vida sexual continúa protegida, salvo cuando algún aspecto de ella guarde relación directa con las funciones públicas, el cumplimiento de deberes legales o el manejo de recursos estatales.
Por eso también resulta preocupante la publicación de material íntimo. Investigar un posible hecho de corrupción no exige convertir la sexualidad de nadie en espectáculo. Se puede seguir la ruta de los contratos, revisar las órdenes impartidas, escuchar a los funcionarios y practicar peritajes sin organizar una función de cine para satisfacer el morbo nacional.
Parte del petrismo, sin embargo, respondió como suelen responder los fanáticos cuando tocan a su caudillo: cambió de tema. El debate sobre una posible utilización del poder para conseguir favores sexuales terminó convertido en bromas sobre la virilidad del expresidente y en etiquetas como #LaDerechaNoCulea. Es una defensa bastante pobre, el pretender que todo se reduce a la envidia sexual de los opositores.
También quedó al descubierto un feminismo intermitente, de esos que funcionan perfectamente mientras el señalado pertenece al partido contrario. Cuando la denuncia apunta hacia el líder propio, algunas voces descubren de repente la presunción de inocencia, la intimidad y hasta el sentido del humor. Sería injusto, no obstante, meter a todas en el mismo costal. Mujeres del Pacto Histórico, dirigentes progresistas e incluso las hijas de Petro han pedido que las denuncias sean investigadas con seriedad, sin misoginia y sin convertirlas en instrumento electoral. La crítica debe dirigirse contra el sectarismo, no contra quienes han sido coherentes. Un feminismo que cambia de principios según el carné político del acusado deja de ser feminismo y se convierte en accesorio de campaña.
En medio del escándalo apareció la posibilidad de adelantar contra Petro un proceso por indignidad por mala conducta. La figura existe. La Cámara de Representantes puede acusar a un presidente o expresidente ante el Senado por hechos cometidos durante el ejercicio del cargo. Si prospera la acusación, el Senado puede imponer la destitución —si todavía ocupa el puesto— o la privación temporal o absoluta de los derechos políticos. Si los hechos constituyen delitos, el juzgamiento penal corresponde a la Corte Suprema de Justicia.
En otras palabras, la llamada muerte política es una consecuencia posible, no automática. No basta una rueda de prensa, un video, un contrato ni la indignación de las redes. Se necesita una investigación, una acusación de la Cámara, un juicio ante el Senado, derecho de defensa y una decisión motivada.
En Colombia ya existe un antecedente. En 1959 el Senado declaró al general Gustavo Rojas Pinilla indigno por mala conducta y le impuso la pérdida permanente de sus derechos políticos. Pero la historia no terminó allí. Años después, decisiones judiciales le restituyeron esos derechos y la Corte Suprema confirmó su rehabilitación. Rojas pudo regresar a la política, encabezar la Anapo y disputar las controvertidas elecciones presidenciales de 1970.
El caso demuestra que los juicios políticos pueden servir para exigir responsabilidad, pero también pueden contaminarse con las necesidades del poder. La sanción contra Rojas fue promovida en los primeros años del Frente Nacional, precisamente cuando liberales y conservadores se habían repartido el Estado y necesitaban neutralizar a quien podía alterar el matrimonio burocrático.
Abdalá Bucaram constituye otro ejemplo frecuentemente citado, aunque no fue declarado indigno. En 1997 el Congreso ecuatoriano lo separó de la Presidencia por una supuesta incapacidad mental para gobernar, sin que mediara un dictamen médico concluyente. Fue una salida política vestida con bata de psiquiatra. En Perú, Martín Vizcarra fue destituido en 2020 por incapacidad moral permanente, una fórmula tan amplia que puede abarcar desde graves actos de corrupción hasta el pecado de no contar con suficientes amigos en el Congreso. En Brasil, Dilma Rousseff fue sometida a un juicio político y removida de la Presidencia en 2016, aunque el Senado decidió en una votación separada conservarle sus derechos políticos. Fernando Lugo, en Paraguay, también fue apartado mediante un proceso de una rapidez que apenas le permitió entender de qué lo estaban acusando.
No son precedentes jurídicos aplicables automáticamente a Colombia, pero sí advertencias históricas. Estos mecanismos pueden funcionar como válvulas constitucionales frente a un gobernante que traiciona sus deberes o como garrotes parlamentarios utilizados para resolver por atajo lo que no se pudo ganar en las urnas.
Por eso el proceso contra Petro, si avanza, debe ser tan serio como las acusaciones. Ni absolución anticipada por gratitud ideológica ni condena sumaria por antipatía política.
La izquierda colombiana debería entender, y eso es algo urgente y necesario, que no está obligada a hundirse abrazada a Petro. Ningún proyecto político puede depender de la inocencia perpetua de un solo hombre. Defender programas sociales, derechos humanos o reformas progresistas no exige justificar contratos dudosos, silencios convenientes ni eventuales abusos de poder. Un movimiento político que no sabe separarse de su caudillo deja de ser un movimiento y termina convertido en club de admiradores.
Abelardo de la Espriella, mientras tanto, debería enviarle una ancheta a Petro cada diciembre. Su victoria presidencial, por apenas 251.854 votos, fue impulsada en buena medida por el rechazo acumulado contra el gobierno anterior. Sin el desgaste, los errores y los escándalos del petrismo, el personaje del chaleco, el tigre y la escenografía de cartón quizá habría seguido siendo un fenómeno de redes y no el presidente de Colombia.
Sé que por escribir esto llegarán los insultos. Nunca faltan cuando se toca a un ídolo de papel. Unos dirán que se trata de una conspiración de la derecha; otros pedirán cárcel antes de que termine la investigación. Ambos extremos comparten la misma pereza y debilidad mental: reemplazan las pruebas por la fe.
Petro tiene derecho a la intimidad, a la defensa y a la presunción de inocencia. Pero los colombianos tenemos derecho a saber si el poder presidencial fue utilizado para favorecer a una pareja, conseguir silencios o repartir contratos. Esos derechos no se excluyen.
El Estado no debe mirar debajo de las sábanas, pero sí revisar cada firma puesta al pie de un contrato. Porque la indignidad no está en la cama. Estaría, si se prueba, en haber metido al Estado en ella.
