Por: Tirso Benavides Benavides
La política colombiana suele sonar a ruido destemplado, a una sinfonía de desencuentros donde los vientos de la confrontación ahogan cualquier intento de armonía. Sin embargo, hay días en que el Capitolio Nacional afina sus instrumentos y logra emitir una melodía limpia, un acorde mayor que ojalá reverbere en toda nuestra geografía cultural. Ayer, se aprobó finalmente la Ley de la Música, un proyecto largamente silenciado, cuyo fin es dignificar a los trabajadores del sonido.
Uno de los acordes principales de esta reforma es la exención del IVA para la adquisición de instrumentos musicales, así como para el hardware y software especializados en la creación sonora. En un país donde importar un saxofón o adquirir un teclado profesional costaba casi lo mismo que pagar un artículo de lujo, retirar ese gravamen es una declaración de principios. Significa entender que una guitarra en manos de un joven de provincia no es un artículo suntuario, sino una herramienta de trabajo, un escudo contra la violencia y una extensión de la dignidad humana.
Para que este concierto legislativo no se quedara en un simple solo de buenas intenciones, el proyecto necesitó de un verdadero director de orquesta en la arena política. El representante Daniel Carvalho, quien en su condición de ponente en la Cámara, asumió la tarea de ensamblar las distintas corrientes del sector, articulando el murmullo de las bases independientes con los requerimientos técnicos del Gobierno.
Gracias a esta gestión y el respaldo de otros congresistas de diferentes líneas políticas, la ley no se queda en pura lírica.
La nueva norma estructura el Fondo Especial Para la Música, un patrimonio autónomo concebido como el bajo continuo que garantizará recursos permanentes para la creación, producción, circulación y el desarrollo de infraestructura, con prioridad para los artistas independientes de las regiones.
A la par de este fondo, la norma establece otros dos pilares fundamentales para descentralizar el sector. La conformación democrática del Consejo Nacional de Música y la implementación obligatoria del Sistema de Información de la Música (SIMUS). El SIMUS operará con el objetivo de censar y caracterizar formalmente a los creadores del país, obligando al Estado a basar sus inversiones en datos reales y no desde un escritorio de algún burócrata en Bogotá, evitando así la exclusión histórica del territorio profundo.
Para Nariño, donde la música nos habita desde la cuna, este nuevo escenario jurídico resulta idóneo. Procesos consolidados en nuestro territorio, como el festival Galeras Rock, el Festival de Tríos o de Música Campesina, encontrarán aquí el soporte necesario para dar un salto cualitativo.
Al dejar de depender exclusivamente de los limitados recursos de las arcas locales, la nueva ley y el SIMUS abren una autopista técnica y transparente para que nuestro patrimonio musical y sus protagonistas accedan directamente a las bolsas de cofinanciación y las plataformas de circulación del orden nacional.
Este modelo no es un salto al vacío, sigue de cerca la exitosa línea de la Ley de Cine. Esa política pública demostró, en las últimas dos décadas, que cuando el Estado reduce la carga fiscal y crea fondos específicos, la industria florece, las historias locales se universalizan y las pantallas se llenan de identidad. Cabe esperar que el sector sonoro experimente ahora un desarrollo similar.
La aprobación de esta ley es un triunfo sectorial indiscutible que sintoniza al país con sus creadores. Sin embargo, mientras los músicos celebran este avance, es inevitable notar el silencio en otras manifestaciones artísticas. Quienes tejemos la memoria desde la palabra escrita seguimos habitando los márgenes de un ecosistema precarizado. La música ya encontró su ritmo y su ley, los escritores, por nuestra parte, estamos a la espera de una Ley de la Literatura o del Libro, al menos. Esperemos que este logro legislativo sea el preludio de una propia partitura, para cada forma de expresión.
