Pablo Emilio Obando
Los resultados electorales de este 31 de mayo dejaron una de las mayores sorpresas políticas de los últimos años en Colombia. Contra buena parte de los pronósticos, encuestas, análisis de opinión y narrativas mediáticas, Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74 % de la votación, equivalente a 10.361.473 sufragios, mientras Iván Cepeda alcanzó el 40,9 %, representados en 9.638.348 votos.
Más allá de las cifras, el resultado plantea una pregunta fundamental: ¿cómo puede perder terreno electoral un proyecto político que cuenta con la Presidencia de la República, ministerios, institutos, burocracia y buena parte de la estructura estatal a su disposición?
La respuesta no es sencilla, pero sí obliga a una profunda reflexión dentro del progresismo colombiano.
El primer gran error fue político. Iván Cepeda construyó gran parte de su campaña sobre el prestigio y la popularidad histórica del presidente Gustavo Petro. Pareció asumir que la fuerza electoral del mandatario sería suficiente para conducirlo a la victoria. Sin embargo, las elecciones demostraron que ningún liderazgo es transferible de manera automática y que los ciudadanos exigen respuestas propias de quien aspira a gobernarlos.
Durante la campaña, Cepeda evitó con frecuencia la confrontación abierta de ideas. Los colombianos esperaban escuchar respuestas concretas sobre seguridad, paz, economía, empleo, educación y salud. Esperaban un candidato dispuesto a debatir, a responder cuestionamientos y a presentar propuestas claras. En cambio, muchos percibieron una actitud distante, confiada en exceso en el respaldo presidencial.
Podríamos definir esa actitud como una “humilde soberbia”: la convicción de sentirse respaldado por una fuerza política suficiente para no tener que descender al terreno del debate permanente con la ciudadanía. Pero el problema fue más profundo.
En numerosas regiones del país se consolidó la percepción de que el progresismo terminó rodeándose de personajes cuya credibilidad pública era limitada y cuya capacidad para conectar con la gente resultó insuficiente. A ello se sumó un fenómeno particularmente dañino: la incapacidad de aceptar la crítica.
Durante años, cualquier observación, sugerencia o cuestionamiento fue recibido por algunos sectores oficialistas como una agresión. Muchos ciudadanos que expresaban preocupaciones legítimas fueron estigmatizados, atacados o descalificados. Se confundió la lealtad política con la obediencia absoluta.
Las advertencias estaban allí. Los errores eran visibles. Sin embargo, una parte importante de la dirigencia decidió ignorarlos.
El progresismo acarició el poder y terminó embriagándose de él.
La burocracia se convirtió en una fortaleza administrativa, pero también en una debilidad política. Mientras aumentaban los espacios de representación institucional, disminuía la conexión con amplios sectores de la población. Lo dijimos muchas veces: el Pacto Histórico ganó burocracia, pero perdió pueblo.
La designación de funcionarios sin la experiencia suficiente en distintas entidades terminó afectando la percepción ciudadana sobre la capacidad de gestión del Gobierno. Muchos colombianos comenzaron a sentir que las promesas de transformación chocaban contra una realidad marcada por la improvisación, la lentitud administrativa y la falta de resultados tangibles.
A ello se sumó el manejo de asuntos particularmente sensibles para el país.
La crisis del sistema de salud generó incertidumbre entre millones de ciudadanos. La política de paz total, aunque noble en sus propósitos, produjo dudas frente a sus resultados concretos y a la situación de seguridad en distintas regiones. Son temas que terminaron pesando en el ánimo del electorado.
En el terreno electoral también hubo decisiones discutibles. La escogencia de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial no logró consolidar una imagen de fortaleza política ante amplios sectores de la opinión pública. Algunas intervenciones desafortunadas y ciertas declaraciones que fueron ampliamente debatidas terminaron convirtiéndose en factores de desgaste para la campaña.
Mientras tanto, Abelardo de la Espriella logró capitalizar el descontento. Su crecimiento electoral no puede explicarse únicamente por sus méritos personales. También es el resultado de los errores acumulados por sus adversarios. Cuando un sector político deja de escuchar, otro termina ocupando ese espacio. Indudablemente su gran acierto fue la eleccion de su fórmula vicepresidencial.
Sin embargo, sería un grave error interpretar estos resultados como una derrota definitiva o como el fin del proyecto progresista. La diferencia entre ambos candidatos demuestra que Colombia sigue profundamente dividida entre dos visiones de país y que ninguna puede reclamar una victoria absoluta.
Precisamente por eso la segunda vuelta del próximo 21 de junio será decisiva.
Los dos candidatos están obligados a elevar el nivel del debate público. Deben presentar propuestas, confrontar ideas y ofrecer respuestas serias a los desafíos nacionales. Colombia necesita argumentos, no consignas; soluciones, no fanatismos.
Pero quizás la principal lección de esta jornada sea para quienes ejercen hoy el poder.
La política no se hace desde los escritorios ni desde las redes sociales. Tampoco a la sombra de un líder, por importante que sea. La política se construye escuchando, dialogando, aceptando críticas y entendiendo que ningún gobernante ni ningún movimiento son infalibles.
Paradójicamente, Gustavo Petro llegó al poder porque supo interpretar el sentimiento popular de millones de colombianos que se sentían ignorados. El problema es que algunos de quienes llegaron con él terminaron reproduciendo las mismas prácticas de exclusión que antes criticaban.
La soberbia suele ser el primer síntoma de la desconexión con la realidad.
Finalmente, Colombia debe dar ejemplo de madurez democrática. Los resultados electorales deben ser respetados y las controversias deben tramitarse por los canales institucionales. Ninguna diferencia política justifica la descalificación permanente de las autoridades electorales ni la siembra de dudas sin pruebas concluyentes.
Las urnas han hablado, pero aún no han dicho la última palabra.
La segunda vuelta será una nueva oportunidad para que los candidatos hablen menos de sus adversarios y más del país que pretenden construir.
Y será también una oportunidad para que quienes hoy gobiernan comprendan que el poder no pertenece a nadie. El poder es prestado por los ciudadanos, y cuando estos sienten que dejaron de ser escuchados, encuentran siempre la manera de recordarlo.
