Lo que debía ser una intervención para mejorar la movilidad en Tumaco terminó convertido, según residentes y comerciantes del barrio La Florida y sectores cercanos al viaducto al Morro, en una crisis económica, sanitaria y social. La comunidad denuncia retrasos, tramos sin intervenir, afectaciones a la movilidad, presencia permanente de polvo, condiciones de insalubridad y una caída considerable en las ventas de los negocios ubicados en la zona.
El malestar ciudadano crece porque no se trata de una vía cualquiera. Es una vía nacional, por lo que el Invías debe responder de manera clara por el estado de la intervención, el cumplimiento del contrato y las razones por las cuales gran parte de la obra habría quedado sin realizarse. La comunidad también exige explicaciones al Consorcio Vial Pedregal, encargado de la ejecución de los trabajos en el sector.
Para los habitantes, lo ocurrido no puede seguir tratándose como una simple incomodidad temporal. Lo califican como una burla para los tumaqueños, especialmente porque las afectaciones se han prolongado en el tiempo y han golpeado directamente la vida diaria de familias, comerciantes, peatones, conductores, estudiantes y trabajadores.
Una obra inconclusa que golpea el bolsillo
Los comerciantes del sector aseguran que las ventas han disminuido de manera considerable. La dificultad de acceso, el polvo, el desorden vial y la interrupción de la movilidad han reducido el paso de clientes. En una ciudad donde muchas familias dependen del comercio diario, cada día de retraso representa pérdidas que nadie compensa.
Una obra pública no puede avanzar a costa de destruir economías familiares. Si la intervención se retrasa, se suspende o queda inconclusa, las entidades responsables deben adoptar medidas de mitigación para proteger a quienes viven del trabajo diario. No basta con abrir una vía, remover material y dejar a la comunidad expuesta a pérdidas económicas, polvo y desorden.
Aquí hay una pregunta de fondo: ¿quién responde por los comerciantes que han visto caer sus ingresos mientras la obra no avanza como debería?
Movilidad afectada y riesgo para la comunidad
La comunidad también advierte graves problemas de movilidad. El tránsito peatonal y vehicular se ha vuelto difícil, inseguro y desordenado. En una zona intervenida deberían existir rutas alternas, señalización clara, control del tránsito, pasos seguros y condiciones mínimas para evitar accidentes.
Sin embargo, los habitantes denuncian que la realidad ha sido distinta: cierres, obstáculos, desorganización y falta de medidas suficientes para garantizar la circulación. Esto afecta especialmente a adultos mayores, niños, estudiantes, motociclistas, trabajadores y personas que deben movilizarse diariamente por el sector.
Cuando una obra limita el paso y no ofrece alternativas seguras, también afecta derechos básicos de la comunidad. La movilidad no es un favor de las autoridades; es una condición necesaria para vivir, trabajar y acceder a servicios.
El polvo también enferma
Uno de los reclamos más sensibles es la presencia constante de polvo. La exposición prolongada a partículas en el aire puede generar o agravar enfermedades respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y personas con antecedentes médicos.
Los residentes denuncian, además, residuos sólidos y condiciones de insalubridad sin medidas visibles de mitigación suficientes. En una obra de esta magnitud deberían existir acciones permanentes de humectación, limpieza, cerramientos, manejo ambiental y protección de la comunidad.
Tumaco no puede acostumbrarse a que las obras públicas se ejecuten dejando a la gente respirando polvo durante semanas o meses. El desarrollo no puede significar enfermedad, ruina económica y abandono institucional.
Invías y el consorcio deben dar la cara
Por tratarse de una vía nacional, el Invías debe entregar una explicación pública sobre el estado real del proyecto. La comunidad necesita saber qué porcentaje de la intervención se ejecutó, qué parte quedó pendiente, cuál es el cronograma actualizado, qué ha pasado con los recursos y qué acciones se tomarán para concluir la obra.
El Consorcio Vial Pedregal también debe responder. Debe explicar las razones de los retrasos, posibles suspensiones, incumplimientos o dificultades técnicas, y precisar qué medidas adoptará para mitigar el impacto social, económico y ambiental mientras se completa la intervención.
Las respuestas no pueden quedarse en documentos internos ni en trámites administrativos. La ciudadanía necesita información clara, verificable y oportuna. Tumaco merece respeto.
Una burla para los tumaqueños
La indignación de la comunidad tiene fundamento: una obra pública inconclusa no solo retrasa el desarrollo, también deteriora la confianza ciudadana. Cada hueco, cada tramo abandonado, cada nube de polvo y cada negocio sin clientes alimenta la sensación de que a Tumaco se le sigue incumpliendo.
Los tumaqueños no se oponen a las obras. Al contrario, las necesitan. Pero las necesitan bien hechas, terminadas, con control, con respeto por la comunidad y con responsables que respondan cuando algo sale mal.
Por eso, las autoridades locales, el Invías y el consorcio deben instalar una mesa urgente con comerciantes y residentes del sector. De allí debe salir una hoja de ruta con fechas, responsables, medidas de mitigación, soluciones de movilidad, control del polvo y compromiso real de terminación.
Tumaco no puede seguir recibiendo obras a medias. Una vía nacional debe estar a la altura de la gente que la transita y del territorio que conecta.
Porque una obra pública debe mejorar la vida de la comunidad, no dejarla entre el polvo, la incertidumbre y la quiebra.
