Por Tirso Benavides Benavides
Hay animales que cambian de piel para sobrevivir y animales que cambian de piel porque ya no les queda otra. La iguana, ese saurio que durante décadas fue el emblema corporativo de Ecopetrol, verde, robusto, tomando sol en la cima de la cadena empresarial del país, ha pasado los últimos cuatro años en un proceso de muda que no tiene nada de metamorfosis virtuosa. Se ha ido encogiendo. Y por lo que hoy vemos en los balances trimestrales y en los estrados judiciales esta entidad no es la misma que en 2022 entregó las utilidades más altas de su historia. Hoy es una lagartija, la misma silueta, pero en miniatura, como sus ingresos comparados con el pasado.
Empecemos por lo que no admite interpretación, porque los números, a diferencia de los discursos, no se pueden matizar en una rueda de prensa. En 2022, año de bonanza petrolera y de estreno del gobierno Petro, Ecopetrol reportó una utilidad neta de 33,4 billones de pesos, la cifra más alta desde su fundación en 1951. Al cierre de 2025, esa cifra fue de 9 billones de pesos. Una caída del 73 % en tres años. No hablamos de un mal trimestre. Hablamos de trece trimestres consecutivos de resultados a la baja, una racha que ya no se explica por un mal viento pasajero, sino por un clima instalado.
El Gobierno atribuye el desplome a factores exógenos: la caída del precio del Brent, la revaluación del peso, la volatilidad de un mercado internacional que —hay que decirlo— efectivamente no ha sido generoso. Es cierto, en parte. Pero los mismos analistas que reconocen ese viento en contra, como Corficolombiana, Bancolombia y las principales calificadoras internacionales, coinciden en algo que el discurso oficial prefiere no subrayar; la petrolera además cargó con una tributación efectiva que subió del 31,4 % al 37,1 % en un año, con la incertidumbre de no firmar un solo contrato nuevo de exploración desde 2022, y con un deterioro de gobierno corporativo que ningún precio del crudo puede maquillar. Las reservas de gas cayeron 54,6 % entre 2018 y 2025. La “autosuficiencia” petrolera de 7,4 años que el Gobierno presenta como estable no mejoró porque se encontrara más petróleo, sino porque se produjo menos, es la autosuficiencia del que raciona, no la del que prospera.
Al interior de la compañía conviven dos discursos que jamás terminan de conversar. Uno, el oficial, sostiene que Ecopetrol debe dejar de ser una petrolera y convertirse en una empresa de “energías para la transición”, Centros de datos, fibra óptica, parques eólicos. El otro, el de quienes conocen el negocio desde el subsuelo, advierte que se está desperdiciando a la gallina de los huevos de oro —la que durante años financió buena parte del presupuesto nacional, las regalías regionales y la inversión social— sin haber construido todavía un reemplazo real. No es una discusión abstracta. Tiene nombre y apellido, y ejemplos que conviene resumir porque ilustran mejor que cualquier editorial el tamaño de la brecha entre la promesa y la ejecución.
Windpeshi, el parque eólico en La Guajira que Ecopetrol compró en 2025 como bandera de su giro verde, sigue sin generar un solo kilovatio. La Contraloría de Bogotá abrió un proceso fiscal por un presunto detrimento patrimonial de 313.000 millones de pesos en un proyecto que ya estaba suspendido cuando la petrolera lo adquirió, y que hoy sigue frenado por bloqueos de comunidades Wayúu. El Permian, en cambio, el activo estadounidense que sí produce y sí es rentable —con un costo de extracción de apenas 4 a 6 dólares por barril, la mitad que en Colombia—, ha sido empujado hacia la salida por el propio presidente Petro, que lo llama “mal negocio”, mientras la propia Ecopetrol le respondía por escrito a la Contraloría que no existía ningún estudio de venta en curso.
La responsabilidad tiene nombre propio. Y en este punto es necesario decir lo que muchos análisis técnicos prefieren dejar entre líneas: buena parte de este declive no se explica por el precio del Brent, sino por una decisión política tomada el día en que Gustavo Petro nombró presidente de la empresa más grande del país a quien fue su gerente de campaña. Ricardo Roa llegó a Ecopetrol no por su hoja de vida en el sector energético —que no la tenía—, sino por su cercanía con el proyecto político del presidente. Cuatro años después, la compañía completó 39 meses continuos de caída, perdió más de la mitad del valor de su acción en bolsa desde 2022, y se desplomó en el ranking de reputación empresarial Merco, del primer lugar en 2019, al segundo en 2022, al cuarto en 2023, al sexto en 2024, hasta el puesto 17 en 2025. En el escalafón Forbes Global 2000, que mide a las mayores empresas del planeta, Ecopetrol pasó del puesto 313 al 412. La empresa que alguna vez presumía estar entre las petroleras más grandes de América Latina hoy pelea por no seguir cayendo en las tablas.
Y aquí es donde el relato, ya de por sí sombrío, adquiere ese tono de sainete que tanto le gusta a la política criolla. Porque mientras la utilidad se desangraba mes a mes, el presidente de la petrolera más importante del país acumulaba, con método y disciplina, un prontuario que parece competir en extensión con los informes financieros de la compañía.
Está, primero, el capítulo inmobiliario. Un apartamento de lujo en el norte de Bogotá cuya compra terminó en una imputación de la Fiscalía por tráfico de influencias, al descubrirse que el vendedor era, casualmente, contratista de la propia Ecopetrol. Qué maravillosa coincidencia inmobiliaria.
Está, después, el capítulo electoral. Como gerente de la campaña que llevó a Petro al poder, Roa fue imputado por sobrepasar en más de 1.600 millones de pesos los topes de gasto fijados por el Consejo Nacional Electoral, con rubros que van desde desayunos hasta ruedas de prensa no reportadas, el tipo de contabilidad creativa que uno esperaría de una pyme en apuros, no de quien meses después administraría los activos de la principal empresa del país.
Y está, por último, el capítulo sentimental, que aquí no se menciona por morbo sino porque también es asunto público. Su pareja, Julián Caicedo Cano, acumuló contratos simultáneos con el Estado —algo que la ley prohíbe expresamente— y fue señalado por un exdirectivo de la compañía de recomendar personalmente hojas de vida para cargos dentro del grupo empresarial. En total, cinco procesos disciplinarios activos suma esta pareja ante la Procuraduría.
Lo verdaderamente irónico —y aquí la ironía no es un recurso literario sino una descripción fiel de los hechos— es que quien más ha hablado de moralizar la política, de romper con las viejas prácticas clientelistas, terminó sosteniendo durante años, con uñas y dientes, al hombre bajo cuya gestión la empresa insignia del país tocó su peor momento reputacional y financiero en dos décadas. La coherencia, como las reservas de gas, también se agotó por el camino.
Cierro con lo que a mi juicio es el fondo del asunto, más allá de Roa, más allá de Windpeshi, más allá del apartamento del norte de Bogotá. El error no fue solamente de gestión: fue de diagnóstico ideológico. Petro construyó su política energética sobre la premisa de que renunciar a los hidrocarburos era un acto de coherencia progresista, casi una prueba de pureza moral de la izquierda latinoamericana. La realidad —esa que no negocia con consignas— demuestra lo contrario. Lula da Silva, en Brasil, sostiene y expande la producción de Petrobras. Claudia Sheinbaum, heredera de la tradición más nacionalista del petróleo mexicano, no ha desmantelado Pemex ni renunciado a sus reservas. Ningún gobierno de izquierda serio ha decidido apagar el motor fiscal que representan sus recursos naturales mientras construye, con calma y con cifras, una transición energética real.
Lo de Petro con Ecopetrol no fue transición, fue populismo con vocación de relato. Se sacrificó a la empresa más rentable del país en el altar de una épica verde que nunca llegó a materializarse. La iguana no mutó en lagartija por el clima internacional, se encogió porque alguien decidió que era más importante cuidar a los suyos que cuidar a la empresa de todos.
Ahora bien, que el diagnóstico de fondo apunte al populismo y no a la prudencia ambiental no debe leerse como un cheque en blanco a la explotación irrestricta de los recursos del subsuelo. El fracking, en particular, sigue siendo una discusión pendiente que este país no ha tenido con la seriedad técnica que merece, y que no se resuelve con la misma lógica binaria que ha caracterizado al gobierno saliente. Una cosa es exigirle al Estado que no renuncie por consigna a su principal fuente de ingresos, y otra muy distinta es avalar que esa exploración avance sobre páramos, fuentes hídricas o territorios de comunidades sin las garantías ambientales y de consulta previa que la Constitución exige.
Por ahora, lo único que no admite debate son las cifras, y las cifras pintan un panorama oscuro. Si la Iguana logra recuperar algo de su tamaño original dependerá de quien la reciba en agosto, pero el costo de estos cuatro años, en utilidades, en reservas y sobre todo en confianza, ya está contabilizado, y será difícil borrarlo con un cambio de gobierno corporativo.
