Por: Luis Efrén Delgado Eraso
Presidente de ASOINAGRO
Las palabras no son inocentes. En política pública, la forma de nombrar una realidad puede transformar la manera de comprenderla y de intervenirla. Por eso, la propuesta del ministro de Agricultura de dejar de llamar “campesinos” a quienes producen alimentos para denominarlos “empresarios del campo” merece una reflexión más profunda que un simple debate semántico.
Durante décadas, el término campesino ha representado una identidad vinculada con la tierra, la cultura, el trabajo familiar y la economía rural. Incluso, en 2023, el campesinado fue reconocido constitucionalmente en Colombia como sujeto de especial protección y titular de derechos. Este avance histórico buscó saldar parte de la deuda que el país mantiene con millones de productores rurales.
Sin embargo, el ministro plantea que quienes trabajan la tierra no deben ser considerados únicamente beneficiarios de programas sociales, sino actores económicos capaces de producir riqueza, generar empleo e impulsar la innovación.
La intención resulta atractiva. Un agricultor que produce, invierte, asume riesgos y participa en los mercados desarrolla, efectivamente, una actividad empresarial. Pero la verdadera pregunta es si el Estado está dispuesto a tratarlo como empresario más allá del discurso.
En Colombia, la gran mayoría de las unidades productivas agropecuarias pertenece a pequeños productores. Muchos cultivan menos de cuatro hectáreas y enfrentan altos costos de insumos y fertilizantes, dificultades para acceder al crédito, escasa tecnificación, baja productividad y enormes pérdidas durante la poscosecha. En Nariño, esta realidad es todavía más evidente.
Llamarlos empresarios mientras continúen vendiendo sus cosechas en condiciones desfavorables y dependiendo de intermediarios difícilmente transformará su situación. Ser empresario implica contar con herramientas reales para competir: crédito oportuno y con tasas favorables, asistencia técnica permanente y pertinente, sistemas de riego y drenaje, vías terciarias adecuadas, conectividad, seguros agropecuarios, asociatividad para negociar mejores precios y procesos de transformación agroindustrial que permitan dejar de vender únicamente materias primas.
Sin estas condiciones, el cambio de denominación corre el riesgo de convertirse en un gesto simbólico sin efectos reales sobre la vida de las familias rurales.
Paradójicamente, Nariño lleva años demostrando que el campesino puede ser empresario sin dejar de ser campesino. El ejemplo más admirable es el de nuestros cafeteros: productores que, prácticamente por cuenta propia, lograron mejorar la calidad de sus cultivos, organizarse y abrir mercados internacionales.
También podemos mencionar con orgullo a las asociaciones de productores de cacao, las cooperativas lecheras, las organizaciones de mujeres rurales que comercializan alimentos transformados y los jóvenes que emprenden mediante el turismo rural. Ninguno de ellos tuvo que renunciar a su identidad para convertirse en empresario. Por el contrario, construyeron empresa desde su condición y su cultura campesinas.
La propuesta del ministro podría abrir una discusión necesaria: dejar atrás el asistencialismo y fortalecer el emprendimiento rural. Pero sería un error presentar ambas identidades como si fueran excluyentes.
El desafío consiste en reconocer que se puede ser campesino y empresario al mismo tiempo. La identidad campesina protege derechos, saberes y formas de vida; el enfoque empresarial genera capacidades, ingresos y oportunidades.
El campo colombiano no necesita únicamente un nuevo nombre. Necesita nuevas condiciones para producir mejor, transformar sus productos, vender a precios justos y vivir con dignidad.
Cuando cada productor tenga acceso al crédito, la tecnología, la infraestructura y los mercados, nadie tendrá que convencerlo de que es empresario: lo demostrará con cada cosecha.
