Una investigación del periodista Jorge Benavides revisa testimonios presentados en el juicio contra el exgobernador Camilo Romero. Según la versión de su primo Andrés Felipe Arango, empresarios habrían aportado dinero a la campaña de 2015 a cambio de obtener la comercialización del aguardiente departamental. Romero y su defensa han controvertido esos señalamientos.
El proceso judicial por la comercialización del Aguardiente Nariño en 2016 vuelve a poner bajo escrutinio la relación entre la campaña electoral de Camilo Romero y el contrato para vender el licor departamental. En su revisión de testimonios, el periodista Jorge Benavides destaca una pregunta que aún debe resolver la justicia: ¿hubo un acuerdo previo entre la campaña y los empresarios que luego participaron en el negocio?
Según el relato de Andrés Felipe Arango, primo de Romero, el entonces candidato le pidió en 2015 que atendiera asuntos relacionados con los empresarios Richard Portilla y Pedro Bastidas. Arango habría afirmado que ellos aportaron $1.400 millones a la campaña y que, a cambio, esperaban obtener la comercialización del aguardiente cuando Romero llegara a la Gobernación.
En la audiencia del 10 de junio de 2026, Romero confrontó a su primo sobre el supuesto acuerdo. Arango le respondió: “El acuerdo lo hiciste vos, Camilo”. Benavides señala que tres testimonios coincidirían en que Arango tuvo un papel de enlace para impulsar la venta. Esa coincidencia, sin embargo, hace parte de las versiones rendidas en juicio y no constituye por sí sola una conclusión judicial.
La defensa de Romero sostiene que el proceso de comercialización se realizó conforme a las normas vigentes en 2016 y que el exgobernador no ordenó favorecer a particulares. Durante el juicio también ha cuestionado inconsistencias en los relatos de algunos testigos. El caso se relaciona con la venta de cerca de 80.000 cajas de aguardiente, en un negocio estimado en más de $18.000 millones.
El proceso continúa en la Corte Suprema de Justicia, que registra el juicio oral contra Romero y el exgobernador encargado Mario Fernando Benavides. La responsabilidad de los acusados y la veracidad de las declaraciones deberán establecerse a partir de las pruebas debatidas y la decisión judicial.
La investigación de Jorge Benavides pone sobre la mesa interrogantes centrales: si el dinero ingresó a la campaña, si Arango actuó por iniciativa propia o por encargo y si existió un compromiso para entregar la distribución del aguardiente. También advierte sobre el riesgo de que el paso del tiempo cierre el proceso sin una decisión de fondo. La fecha de una próxima audiencia deberá confirmarse con la programación oficial de la Corte.
