Por: Manuel Alejandro Pantoja Rodríguez[1]
Hace unas horas varios medios de comunicación publicaron apartes del testimonio de Pedro Rodríguez ante la Corte Suprema de Justicia por las irregularidades en la contratación de Aguardiente Nariño durante la gobernación de Camilo Romero. La relación entre Pedro Rodríguez y el exgobernador de Nariño muestra cómo opera la casta política en nuestro departamento.
Pedro Rodríguez fue condenado por el saqueo de la Unidad para la Gestión del Riesgo durante el gobierno de Gustavo Petro. Olmedo López, nombrado gerente de la UNGRD por el presidente y cerebro de la operación criminal, ubicó a Pedro Rodríguez como su asesor jurídico en la entidad. Rodríguez fue el encargado de llevarle a Sneyder Pinilla tres cotizaciones del famoso contratista pastuso Luis Eduardo López Rosero. Esto con la finalidad de que a López se le adjudicara un contrato por 46.800 millones de pesos para mitigar los problemas de agua en la Guajira con la compra de carrotanques. El negocio criminal implicaba que el contratista pastuso se haría con mil millones de pesos y el resto de los recursos, provenientes de los sobrecostos, se direccionarían a comprar a los presidentes del Senado y la Cámara para garantizar el trámite de los proyectos legislativos del gobierno. Por estos hechos, Rodríguez, Olmedo López y Pinilla fueron condenados.
Lo relevante es que Pedro Rodríguez llegó a la UNGRD por recomendación de Camilo Romero. En las capturas de pantalla del chat entre Camilo Romero y Olmedo López se evidencian las hojas de vida que el exgobernador le envió al director de la UNGRD para que nombraran a sus antiguos colaboradores y amigos. Entre estas estaba la de Pedro Rodríguez, de quien Romero escribió en el chat: “Pedro Rodríguez, director jurídico de la Gobernación, los cuatro años que estuve”. En esos mismos chats con Olmedo López, Romero le recomendó nombrar a Enrique Rosero: “Contralor departamental, en el periodo que estuve como Gobernador; amplia experiencia en lo público”. Rosero terminó su cargo como Contralor de Nariño el 31 de diciembre de 2019, es decir, ocupó este cargo durante la administración de Romero (2016-2019). La función de la Contraloría de Nariño es vigilar los recursos públicos en el departamento, esto es, vigilar a la Gobernación. Ahora, imagínense el descaro de que Camilo Romero, que debió ser vigilado por Enrique Rosero, lo recomendó ante un corrupto como Olmedo López para que lo nombraran en la UNGRD. Este mismo Enrique Rosero ahora funge como Procurador Regional de Instrucción de Nariño.
Pedro Rodríguez, después de ser recomendado por Camilo Romero, operó como pieza fundamental en el saqueo de la UNGRD. Sin embargo, en medio de la investigación se comprometió a dar información sobre los presuntos actos ilegales que se realizaron en la gobernación de Camilo Romero para la adjudicación del Aguardiente Nariño y que se investigan en la Corte Suprema de Justicia.
En ese caso, el testimonió que dio Pedro Rodríguez a la Corte dejó en graves aprietos a Camilo Romero. Rodríguez, entonces director de la oficina jurídica, mencionó que Romero dio la orden de que el asunto del aguardiente se realizara bajo la dirección de su primo Felipe Arango: “el gobernador nos dio una línea, precisamente, de avanzar en el estudio para determinar las viabilidades y que estos temas puntuales se organicen directamente con Felipe Arango”.
Según el testimonio de Rodríguez, Felipe Arango le manifestó que la venta del aguardiente “tenía que hacerse con las personas que han colaborado en la campaña, fue muy enfático y muy puntual en eso”. A medida que se acercaban carnavales, Arango presionó a Rodríguez para que la contratación del aguardiente se diera para las personas que los apoyaron en la campaña; y testificó que Arango siempre dijo: “que ya era una directriz que había impartido en ese momento el gobernador”.
Para cumplir con estas órdenes, Rodríguez afirmó que desde la oficina jurídica se adecuaron los actos administrativos para favorecer la contratación de los terceros. Puntualmente, señaló que Angélica Cruz Dajer, asesora del despacho de la gobernación y compañera sentimental de Felipe Arango, eliminó el estatuto de contratación estatal en el decreto para la comercialización de licores en Nariño. Ese decreto fue firmado por el gobernador encargado Mario Benavides, entonces secretario de hacienda.
Rodríguez fue claro en dar detalles sobre los intereses de terceros en el negocio del aguardiente Nariño. Declaró que el empresario Richard Portilla le manifestó que a su sociedad se le debía adjudicar la venta de licores para seguir favoreciendo al grupo político de Camilo Romero. Portilla le dijo a Rodríguez que, lo convenido con Romero: “es que ellos se iban a encargar solamente de esa distribución”. Rodríguez dijo que Portilla le manifestó que su grupo empresarial “invirtieron una suma importante en la campaña, no me dijo cuanto, sino que ellos acompañan, y que, pues, la incondicionalidad de ellos estaba demostrada, el término, si bien recuerdo, era estuvimos jugados por este proceso”. Caracol Radio señaló que el aporte a la campaña habría sido de 600 millones de pesos.
A pesar de que el abogado petrista Miguel Ángel del Río, defensor de Camilo Romero, contrainterrogó a Rodríguez y trató de mostrar que Rodríguez nunca recibió órdenes del gobernador para el direccionamiento de los contratos; queda en evidencia que la persona encargada de los detalles del procedimiento fue el primo de Camilo, Felipe Arango.
Más allá de los detalles procedimentales de este caso, lo importante es evidenciar cómo opera la casta política en Nariño. Primero, los órganos de control son cooptados por las estructuras politiqueras para eliminar el contrapeso de poder, como lo demuestra el hecho de que Romero recomendara a Olmedo López al contralor que debía vigilarlo y que hoy es procurador regional. Segundo, los grupos politiqueros se infiltran en la rama ejecutiva para garantizar sus movimientos irregulares: Pedro Rodríguez, condenado por corrupto, fue esposo de una prima de Camilo Romero, y señaló a Felipe Arango, primo del exgobernador, como el cerebro detrás de la adjudicación de los contratos. Arango, a su vez tenía a su pareja, Angélica Curz, como asesora del despacho de Camilo, y presuntamente, según el testimonio de Rodríguez, fue quien adecuó el decreto para el entramado criminal.
Tercero, la financiación de las campañas políticas es el centro de la corrupción en Nariño. Todas las tarimas, auditorios repletos de gente, los refrigerios, las sedes, y demás despilfarro en campaña es financiado por unos megacontratistas que después son premiados con jugosos contratos en la administración. Así, los recursos que deberían ir para salud, educación y deporte terminan financiando las estructuras mafiosas que dominan la política nariñense y a las cuales miles de ciudadanos apoyan con su voto en cada elección a cambio de alguna prebenda: plata por el voto, un puesto en la administración, un favor político o una recomendación. Todos ellos cómplices del subdesarrollo de Nariño.
[1] Excandidato a la Cámara de Representantes por Nariño. Estudiante del doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Gerencia para el Desarrollo y profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Historiador de la Universidad Nacional sede Bogotá.
