Pablo Emilio Obando A.
A estás alturas de los acontecimientos nos preguntamos si son un producto de la inconformidad social o de la rebelión: ¿revolución o vandalismo? Una línea estrecha y casi que invisible. Con resultados que pueden abarcar reivindicaciones sociales, replanteamiento de políticas estatales o, simplemente, destrucción y saqueos.
París era una fiesta. Así tituló Ernest Hemingway uno de sus libros más entrañables, evocando una ciudad que parecía hecha para celebrar la inteligencia, el arte, la libertad y la esperanza. Pero las ciudades también tienen sus noches de desvelo, sus días de ira y sus momentos en los que las promesas de la civilización parecen desmoronarse entre el humo, las piedras y el estruendo de las sirenas.
El París de octubre de 2026 vuelve a interrogar al mundo. Las imágenes de las manifestaciones, los enfrentamientos con la policía, los incendios y los saqueos recorren las pantallas y las redes sociales. Detrás de ellas aparece una pregunta que trasciende las fronteras francesas: ¿qué sucede cuando una sociedad comienza a perder la confianza en sus instituciones y siente que el futuro que le prometieron se aleja de sus posibilidades?
Las movilizaciones del 17 de octubre reunieron, según las cifras divulgadas por las autoridades y los organizadores, entre 550.000 y 800.000 personas en distintas ciudades de Francia. Las razones de la protesta son diversas, pero convergen en un malestar que viene creciendo: el costo de la vida, las dificultades económicas, el deterioro de los servicios públicos, las condiciones de la educación y la sensación de que las decisiones políticas no siempre responden a las necesidades cotidianas de los ciudadanos. La jornada combinó marchas pacíficas multitudinarias con episodios de violencia, destrucción y saqueo. No se trató, por tanto, de una multitud con una sola voz ni de un movimiento con una única motivación.
La crisis tiene un significado particular cuando sus protagonistas son los jóvenes. ¿Qué puede esperar una generación que encuentra aulas deterioradas, profesores insuficientes, oportunidades inciertas y un horizonte económico que parece exigirle cada vez más mientras le ofrece cada vez menos? Cuando la escuela deja de representar una promesa creíble de movilidad social, el problema no se limita a la educación: compromete la legitimidad misma de la sociedad que la sostiene.
Sin embargo, sería un error interpretar cada piedra lanzada contra la policía como la expresión legítima de una reivindicación colectiva. También sería un error reducir cientos de miles de manifestantes a la conducta de quienes incendian vehículos, destruyen establecimientos comerciales o saquean bienes ajenos. La prensa francesa ha descrito precisamente esa coexistencia: grandes contingentes pacíficos y grupos dispuestos a convertir la protesta en confrontación. Esa diferencia es fundamental para comprender lo ocurrido sin caer en las simplificaciones interesadas.
Por lo anterior, es válido y ético preguntarnos si estamos presenciando escenas de Revolución o vandalismo. O una extraña mezcla de las dos.
La historia demuestra que las revoluciones no siempre comienzan con un programa político claramente definido. A veces nacen de una acumulación de agravios, de una indignación compartida y de la certeza de que los mecanismos tradicionales de representación han dejado de ser suficientes. Pero no toda protesta multitudinaria es una revolución, ni todo disturbio constituye el anuncio de un cambio de régimen.
La revolución supone una transformación profunda de las estructuras del poder, de las relaciones sociales o de las instituciones. El vandalismo, en cambio, describe la destrucción injustificada de bienes. Pueden aparecer simultáneamente en una misma jornada, pero no son sinónimos. Una protesta puede tener razones legítimas y producir actos ilegítimos. Del mismo modo, la existencia de saqueadores no invalida las demandas de quienes marchan pacíficamente.
¿Quién tiene la razón? La respuesta exige abandonar la comodidad de escoger entre dos bandos como si toda la verdad perteneciera a uno y toda la culpa al otro.
Tienen razón quienes exigen educación digna, oportunidades, salarios suficientes y servicios públicos capaces de responder a las necesidades de la población. Tienen razón quienes reclaman que sus gobernantes escuchen antes de que la desesperación se convierta en ira. Y tienen razón quienes defienden el derecho de los ciudadanos a vivir sin miedo, a conservar sus bienes y a no sufrir agresiones por el simple hecho de encontrarse en el lugar equivocado.
No tienen razón quienes, amparados en una causa colectiva, destruyen el patrimonio común, agreden a personas o convierten la propiedad ajena en botín. Tampoco puede considerarse legítimo cualquier procedimiento policial por el solo hecho de que su finalidad sea restablecer el orden. El Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía, pero también de respetar la protesta, actuar proporcionalmente e investigar los posibles abusos. La autoridad no se fortalece cuando confunde al manifestante con el delincuente; pierde legitimidad cuando abandona los límites que le impone la ley.
La democracia se prueba precisamente en esa frontera: cuando debe escuchar a quienes protestan sin renunciar a proteger a quienes no participan en la protesta.
Consideramos que lo que ocurre en Francia no permanecerá necesariamente en Francia. En una sociedad conectada, las imágenes viajan más rápido que las explicaciones y las consignas pueden atravesar continentes antes de que se conozcan sus causas. TikTok, Instagram, Facebook y otras plataformas permiten organizar convocatorias, documentar abusos y compartir experiencias; también pueden difundir rumores, descontextualizar imágenes y presentar la violencia como una hazaña.
América Latina conoce bien las condiciones que alimentan el descontento: desigualdad, informalidad laboral, precariedad de los servicios públicos, frustración juvenil y desconfianza hacia las instituciones. Las circunstancias no son idénticas a las francesas, pero las preguntas se parecen. ¿Quién paga el costo de las crisis? ¿Qué oportunidades tienen los jóvenes? ¿Hasta dónde puede exigirse paciencia a quienes sienten que llevan años esperando?
Colombia no es ajena a estas tensiones. Las movilizaciones de 2019 y 2021 demostraron que el malestar puede reunir en las calles a estudiantes, trabajadores, comunidades populares y ciudadanos con demandas diferentes. También mostraron el costo humano de los enfrentamientos, la gravedad de los abusos y las consecuencias de permitir que la protesta pierda sus canales de diálogo.
¿Habrá ecos de París en nuestro país? Es posible que sus imágenes, argumentos y formas de convocatoria influyan en las conversaciones públicas y en futuras movilizaciones. Pero sería irresponsable anunciar una repetición automática de los acontecimientos franceses. Las protestas dependen de las condiciones nacionales, de las decisiones gubernamentales, de la capacidad de organización social y de la confianza que todavía exista en las instituciones.
Colombia debe observar a Francia sin imitar sus incendios ni desestimar sus advertencias. Si los ciudadanos encuentran canales efectivos para expresar sus inconformidades, negociar soluciones y exigir rendición de cuentas, disminuye el riesgo de que la desesperación se transforme en confrontación. Si, por el contrario, las demandas son ignoradas, las respuestas se limitan a la fuerza y la política se convierte en una disputa entre enemigos irreconciliables, el malestar puede profundizarse.
París nos recuerda que la estabilidad no consiste simplemente en mantener las avenidas despejadas. Una ciudad puede estar en silencio y esconder profundas fracturas sociales. También puede estar llena de manifestantes y conservar intacta su vocación democrática. El problema comienza cuando la palabra pierde su eficacia, la autoridad pierde credibilidad y la violencia pretende sustituir a la deliberación.
No debemos, por ningún motivo, romantizar la revuelta ni criminalizar la inconformidad. La primera puede destruir aquello que afirma defender; la segunda puede cerrar las puertas por las que una sociedad intenta corregirse. Entre ambas existe un espacio indispensable: el de la democracia, el diálogo, la justicia y la responsabilidad.
Quizá el verdadero peligro no sea que París vuelva a arder, sino que otras sociedades contemplen sus llamas como algo inevitable. Recordemos que cuando la desigualdad se normaliza, cuando la educación deja de ser una esperanza y cuando los ciudadanos sienten que nadie los escucha, el fuego puede encontrar combustible en cualquier lugar. Y rogamos, con todas nuestras fuerzas, que esto no ocurra en Colombia.
París era una fiesta. Sigue siendo una ciudad de ideas, memoria y contradicciones. Sus calles, hoy atravesadas por la indignación, nos recuerdan que ninguna democracia está definitivamente a salvo del desencanto. Pero también nos enseñan que el descontento solo se convierte en una fuerza transformadora cuando consigue construir aquello que reclama.
¿Quién tiene la razón en París? Y ¿Qué estamos haciendo, en Colombia y en América Latina, para que nuestras propias sociedades no tengan que gritar entre los escombros aquello que debieron poder decir, a tiempo, en las urnas, en las aulas, en las instituciones y en la mesa del diálogo?
