Un informe de la Defensoría del Pueblo advierte un deterioro acelerado del riesgo para las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, con Nariño entre los departamentos más afectados.
La feminización del homicidio se consolida como una de las expresiones más graves de la violencia en el suroccidente del país. De acuerdo con el informe “Lideresas en riesgo”, presentado por la Defensoría del Pueblo, 231 mujeres fueron asesinadas durante 2024 en Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia. La situación se agravó en 2025: entre enero y agosto ya se registran 638 homicidios de mujeres, un aumento del 176 % frente al mismo periodo del año anterior.
En Nariño, el salto es particularmente alarmante: de 38 mujeres asesinadas en 2024 se pasó a 119 en 2025 (enero–agosto). El departamento comparte un patrón de violencias estructurales que incluye presencia permanente de grupos armados ilegales, economías ilícitas y una respuesta institucional fragmentada, factores que elevan el riesgo para las mujeres, especialmente aquellas con liderazgos visibles.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, subrayó que el Estado debe garantizar condiciones reales para el ejercicio del liderazgo femenino:
“Cada mujer que alza la voz por la justicia y por la defensa de los derechos humanos requiere y tiene derecho a garantías plenas para ejercer su liderazgo sin miedo, sin estigmatización y con la libertad que demanda una sociedad donde la democracia pueda ser una realidad”.
Un mapa crítico del riesgo
El informe, presentado en Bogotá el 28 de noviembre de 2025, se centra en Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia y hace seguimiento a 92 recomendaciones emitidas en 2022 en el marco de ProDefensoras (ONU Mujeres, Embajada de Noruega y Defensoría). Los resultados evidencian bajo cumplimiento: solo 6 % de las recomendaciones se han implementado totalmente; 42 % siguen pendientes; 38 % muestran avances parciales y 14 % no registran progreso verificable.
Entre los factores de riesgo identificados se destacan:
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Reconfiguración armada y control territorial.
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Violencias basadas en género como mecanismos de control y represión.
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Riesgos diferenciados e interseccionales para mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, jóvenes y mujeres LGBTIQ+.
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Pobreza, desigualdad y baja presencia institucional, con debilitamiento sistemático de los liderazgos femeninos.
Respuesta estatal insuficiente
La Defensoría advierte falta de articulación entre nación, departamentos y municipios; medidas de protección urbanocéntricas que no responden a realidades rurales y étnicas; alta rotación de funcionarios y déficit presupuestal; además de una respuesta reactiva más que preventiva. Todo ello limita la protección efectiva y oportuna de las mujeres en riesgo.
Proteger a las lideresas es proteger la democracia
El informe concluye que la defensa de los derechos humanos no puede costar la vida. Las mujeres que lideran procesos de paz, tierra, ambiente, verdad y justicia están siendo atacadas por el poder transformador que representan. Garantizar su vida, voz y liderazgo es una condición indispensable para la democracia.
En un llamado final, la Defensora del Pueblo insistió en fortalecer el deber reforzado de protección del Estado con enfoque de género e interseccionalidad, participación de las propias lideresas en el diseño de medidas y articulación real entre entidades. Para Nariño, el mensaje es claro: sin acciones sostenidas y territoriales, la violencia seguirá escalando.
