Los resultados preliminares de la elección presidencial del 21 de junio de 2026 muestran a Abelardo de la Espriella perfilándose como el próximo presidente de Colombia. Aunque los escrutinios continúan y el resultado definitivo aún no ha sido proclamado, la tendencia es clara. Al mismo tiempo, el Pacto Histórico ha venido recuperando votos en el proceso de escrutinio, recordándonos que la democracia no termina cuando se cierran las urnas, sino cuando se cuenta hasta el último sufragio.
La elección también deja ver una característica recurrente de la política de la región, su comportamiento pendular. En Suramérica países que ha tenido un gobierno identificado con las reformas sociales, amplios sectores parecen inclinarse hacia una opción de signo contrario.
No es un fenómeno nuevo, y Colombia ha entrado en esa oscilación entre proyectos políticos opuestos. En ese orden de ideas, detrás de las estadísticas nacionales existen territorios cuya realidad no encaja fácilmente en esas dinámicas generales. Nariño es uno de ellos.
Mientras buena parte del país se inclinó por la candidatura de Abelardo de la Espriella, Nariño la rechazó de manera contundente. La diferencia no fue marginal ni producto del azar. Fue una decisión política profundamente ligada a la historia reciente del departamento. Los nariñenses conocen el peso de la guerra, el abandono estatal, el desplazamiento forzado y la violencia contra las comunidades rurales. Saben que las discusiones sobre paz y derechos humanos no son debates abstractos entre dirigentes en Bogotá, sino asuntos que determinan la vida cotidiana de miles de familias.
Por eso la pregunta que hoy debe hacerse Nariño no es únicamente quién ganó la presidencia. La pregunta es qué significará para el departamento un gobierno que ha expresado abiertamente su oposición a los procesos de diálogo y que propone enfrentar el conflicto armado fundamentalmente mediante la fuerza militar. La preocupación no es menor.
Actualmente Nariño concentra algunos de los procesos más importantes de paz territorial del país. Los diálogos con Comuneros del Sur y otros espacios de negociación han permitido construir escenarios de desescalamiento de la violencia en varias regiones. Son procesos imperfectos, con dificultades y contradicciones, pero que han abierto caminos para reducir confrontaciones armadas, fortalecer la participación comunitaria y crear condiciones para la transformación territorial.
Una política de ruptura con estos procesos podría generar efectos profundos. Cuando los canales de diálogo desaparecen, la disputa suele trasladarse nuevamente al terreno militar. Y cuando la guerra se intensifica, quienes primero pagan las consecuencias son las comunidades rurales.
La historia reciente de Nariño lo demuestra. Desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de menores, amenazas contra líderes sociales y restricciones a la movilidad han sido algunas de las expresiones más dolorosas del conflicto. Si la apuesta nacional se desplaza de la construcción de paz hacia una estrategia de confrontación total, existe el riesgo de que muchas de estas dinámicas vuelvan a profundizarse.
Las implicaciones en materia de derechos humanos también son evidentes. Los líderes sociales, las organizaciones comunitarias, los procesos indígenas, afrodescendientes y campesinos suelen quedar atrapados entre los actores armados cuando los conflictos escalan. En escenarios de militarización y polarización extrema, la defensa de derechos humanos termina siendo percibida por algunos sectores como un obstáculo y no como una garantía democrática.
Pero existe un segundo riesgo que suele pasar desapercibido.
La apuesta por la paz territorial en Nariño no se limita a las mesas de diálogo. Está acompañada por el Pacto Territorial para la Vida y la Paz, una hoja de ruta que proyecta inversiones por más de 12 billones de pesos en infraestructura, salud, educación, agua potable, energía y desarrollo productivo.
Aunque buena parte de esos recursos corresponden a vigencias futuras y compromisos de largo plazo, el pacto representa una visión de desarrollo para un departamento históricamente marginado. Su continuidad depende de decisiones políticas, presupuestales e institucionales que deberán adoptarse durante los próximos años.
Por ello, un eventual gobierno que no comparta esa visión podría ralentizar, modificar o redefinir prioridades. El riesgo no es solamente financiero. Es también político. Significaría sustituir una estrategia que busca intervenir las causas estructurales de la violencia por otra centrada principalmente en sus consecuencias militares.
Nariño votó de manera aplastante en una dirección distinta a la que parece haber escogido la mayoría nacional. Esa diferencia debe ser leída con atención. No expresa simplemente una preferencia electoral. Refleja una experiencia histórica. Los territorios que han sufrido la guerra suelen valorar la paz de una manera que resulta incomprensible para quienes la observan desde la distancia.
Por eso, más allá de los resultados definitivos, el desafío para Nariño será defender aquello que ha logrado construir en los últimos años: los espacios de diálogo, la inversión social, la organización comunitaria y la esperanza de que la paz pueda convertirse en una realidad material y no solamente en una promesa.
Porque cuando la guerra vuelve a ocupar el centro de la política, los primeros sacrificados suelen ser siempre los mismos: los territorios periféricos, las comunidades rurales y los sectores populares. Y Nariño conoce demasiado bien el precio de esa historia.
