Por: Pablo Emilio Obando A.
En Colombia, la educación por competencias se ha convertido en una palabra mágica. Aparece en los discursos del Ministerio de Educación Nacional, en los PEI de las instituciones, en los planes de mejoramiento y en las capacitaciones docentes. Se repite tanto que pareciera incuestionable. Sin embargo, detrás de esa retórica moderna se esconde una verdad incómoda: el sistema educativo colombiano habla de competencias, pero sigue funcionando con un currículo del siglo pasado.
La pregunta es directa y política: ¿puede el Estado exigir educación por competencias sin reformar estructuralmente el currículo nacional? La respuesta es no. Y sostener lo contrario es, cuando menos, una forma de simulación institucional.
Desde hace más de dos décadas, el MEN promueve el enfoque por competencias. Lineamientos, estándares, DBA, matrices de referencia y evaluaciones externas giran alrededor del “saber hacer”. Pero al mismo tiempo, se mantiene intacta la arquitectura curricular heredada: áreas fragmentadas, planes de estudio sobrecargados de contenidos, tiempos rígidos, evaluación cuantitativa y promoción atada a la nota, no al desempeño.
El mensaje es contradictorio: se exige formar competencias con un currículo que no está diseñado para ello. En la práctica, esto ha trasladado la responsabilidad —y la culpa— exclusivamente al docente. Es el maestro quien debe “innovar”, “articular”, “contextualizar” y “evaluar por competencias”, mientras responde a un plan de estudios enciclopédico, a calendarios inflexibles y a sistemas de evaluación que siguen premiando la repetición y castigando el error. El resultado es un desgaste silencioso y una pedagogía de resistencia.
Se nos dice que el currículo es flexible. Pero esa flexibilidad es más retórica que real. El Decreto 1860 sigue operando bajo una lógica de asignaturas, periodos y contenidos; los informes académicos siguen reduciendo el aprendizaje a números; y las pruebas estandarizadas, aunque hablen de competencias, terminan condicionando la enseñanza hacia el entrenamiento para el examen. Así, el sistema termina educando para la prueba, no para la vida.
En este escenario, la educación por competencias se convierte en una puesta en escena. Se cambia el lenguaje, no la estructura. Se maquillan los planes de aula, pero no se transforman los fundamentos. Se exige coherencia pedagógica a las instituciones, mientras el Estado evita una reforma curricular profunda por temor político, administrativo o presupuestal.
Y hay que decirlo con claridad: no es un problema técnico, es un problema político. Reformar el currículo implica tomar decisiones incómodas: reducir contenidos, integrar áreas, replantear la evaluación, revisar el sentido de las pruebas externas y, sobre todo, confiar en la autonomía profesional del docente. Implica abandonar el control burocrático del aprendizaje y asumir que educar por competencias es formar ciudadanos críticos, no solo indicadores estadísticos.
Mientras esa decisión no se tome, la educación por competencias seguirá siendo una promesa incumplida. Un discurso elegante que convive con prácticas obsoletas. Una exigencia institucional que se estrella contra un currículo que no cambia.
Colombia no necesita más documentos ni más capacitaciones. Necesita coherencia. O se reforma el currículo para hacerlo compatible con el enfoque por competencias, o se admite, con honestidad, que lo que hoy se ofrece es una versión diluida y contradictoria de ese modelo.
Porque educar por competencias sin reformar el currículo no es innovación. Es autoengaño. Y el costo de ese engaño lo siguen pagando las escuelas, los docentes y, sobre todo, los estudiantes.
