Una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable al Departamento de Nariño y al Departamento Nacional de Planeación por el daño ocasionado a la Sociedad Mixta Lácteos Alsacia S.A.S. tras la desaprobación del proyecto de inversión para construir una planta láctea en Túquerres. La condena supera los $4.999 millones por lucro cesante.
El caso Lácteos Alsacia acaba de pasarle una factura millonaria a Nariño. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, declaró la responsabilidad administrativa, extracontractual y solidaria de la Nación–Departamento Nacional de Planeación y del Departamento de Nariño por el daño antijurídico causado a la Sociedad Mixta Lácteos Alsacia S.A.S., con ocasión de la desaprobación del proyecto de inversión denominado “Construcción de la Planta de Lácteos Alsacia S.A.S. en el municipio de Túquerres, Nariño, Fase I”.
La decisión judicial, fechada el 26 de junio de 2026, condenó solidariamente al DNP y al Departamento de Nariño a pagar $4.999.286.623 por concepto de lucro cesante, es decir, las ganancias que la sociedad dejó de recibir por la frustración del proyecto.
El fallo revive una pregunta política incómoda: ¿cuánto le costó a Nariño el error administrativo cometido durante el gobierno de Camilo Romero?
Un proyecto que prometía transformar la Sabana de Túquerres
La historia comenzó en 2012, cuando el OCAD Región Pacífico viabilizó, priorizó y aprobó recursos del Sistema General de Regalías para el proyecto de construcción y montaje de una planta de acopio y procesamiento de leche cruda en la subregión de la Sabana de Túquerres. El ejecutor designado fue el Departamento de Nariño.
La iniciativa no era menor. Buscaba fortalecer la cadena láctea, generar valor agregado, mejorar ingresos de productores y consolidar una apuesta agroindustrial en una zona históricamente dependiente de la producción primaria. En los documentos del proceso se hablaba de una inversión global proyectada por $167.221 millones, con recursos públicos, aportes de la Alcaldía de Túquerres y recursos propios de Lácteos Alsacia S.A.S.
Sin embargo, el proyecto terminó convertido en pleito judicial. La planta no se construyó, los recursos de regalías fueron redirigidos y la empresa demandó al Estado por los perjuicios ocasionados.
El error de la administración Romero
La demanda señaló directamente una decisión tomada durante el gobierno de Camilo Romero Galeano. Según el expediente, entre el 1 y el 6 de febrero de 2018, el entonces gobernador concluyó que debía terminarse la relación contractual con el contratista de obra, proceder a la desaprobación del proyecto ante el OCAD y devolver los recursos al Sistema General de Regalías, atendiendo un concepto remitido por el DNP.
Ese fue el punto de quiebre.
El error no estuvo solo en reconocer que el proyecto tenía problemas de viabilidad. El error fue haber permitido que una iniciativa aprobada, ajustada, socialmente esperada y con expectativas económicas para la región llegara hasta ese punto de no retorno. El Tribunal señaló que el proyecto nunca inició debido a su inviabilidad, lo que frustró la posibilidad económica y social ofrecida a la sociedad demandante.
En otras palabras: Nariño terminó pagando por una mala gestión acumulada, pero la decisión final de desaprobar, redefinir los recursos y cerrar el camino del proyecto ocurrió durante la administración Romero.
La advertencia que no se resolvió
El DNP había formulado un plan de mejora porque existían retrasos en la ejecución del proyecto. Una de las alertas centrales era que el Departamento de Nariño debía establecer herramientas jurídicas suficientes para asegurar la titularidad de los bienes y servicios generados con recursos de regalías, teniendo en cuenta que se estaban invirtiendo recursos públicos en una entidad privada, Lácteos Alsacia S.A.S.
Ese punto terminó siendo determinante. La sentencia recoge que esa exigencia dio lugar posteriormente a la inviabilidad del proyecto, a su desaprobación, a la devolución de los dineros de regalías y a la no construcción de la planta.
Ahí está la falla política y administrativa: un gobierno departamental debe resolver los riesgos jurídicos antes de anunciar, comprometer o dejar avanzar proyectos de esta magnitud. No basta con promover una iniciativa productiva; hay que blindarla técnicamente, asegurar su estructura jurídica, garantizar su financiación y evitar que termine en una condena contra el propio departamento.
Nariño perdió por partida doble
La condena es grave porque Nariño pierde por partida doble. Primero, porque la planta láctea no se construyó y la Sabana de Túquerres se quedó sin una infraestructura que pudo aportar a la transformación productiva del territorio. Segundo, porque ahora el Departamento queda condenado solidariamente con el DNP a pagar una suma millonaria por el daño causado.
El Tribunal no reconoció todas las pretensiones de la demanda, que eran mucho más altas, pero sí declaró la responsabilidad de las entidades demandadas y ordenó el pago de casi $5.000 millones por lucro cesante. Además, dispuso condena en costas, con agencias en derecho equivalentes al 3 % de las sumas reconocidas.
Eso significa que el costo no es solo simbólico. Es fiscal. Y cuando el que paga es el Departamento, finalmente paga la ciudadanía.
La factura política
Camilo Romero ha construido parte de su trayectoria nacional sobre un discurso de cambio, transparencia y defensa de lo público. Pero esta sentencia deja una sombra incómoda sobre su paso por la Gobernación de Nariño: una decisión administrativa de su gobierno terminó asociada a una condena millonaria contra el departamento.
El caso demuestra que gobernar no es solo pronunciar discursos de transformación. Gobernar también es ejecutar bien, cuidar los recursos públicos, anticipar riesgos jurídicos y evitar que los proyectos estratégicos terminen convertidos en demandas.
La Sabana de Túquerres necesitaba una planta láctea. Los productores necesitaban una apuesta agroindustrial. Nariño necesitaba valor agregado, empleo y fortalecimiento del campo. Lo que recibió fue una obra frustrada, una controversia judicial y una condena.
Una lección para Nariño
La sentencia debe abrir una discusión seria sobre la calidad de la gestión pública regional. Los proyectos productivos no pueden seguir muriendo entre conceptos jurídicos, retrasos, improvisaciones y decisiones tardías. Cada proyecto mal estructurado o mal ejecutado termina golpeando la confianza ciudadana y la economía del departamento.
El error de Camilo Romero le salió caro a Nariño porque convirtió una oportunidad productiva en una obligación judicial. Y esa es una lección que no debería olvidarse: cuando la administración pública falla, no pagan solo los funcionarios. Pagan los territorios, los productores y los ciudadanos.
