Nuevos detalles conocidos en audiencia judicial vuelven a poner bajo la lupa al exgobernador de Nariño Camilo Romero Galeano, dentro del proceso relacionado con el polémico contrato de comercialización del Aguardiente Nariño.
La información fue difundida por el periodista Jorge Benavides, en el espacio informativo de CNC Pasto, donde se reseñaron apartes de la declaración de un testigo considerado clave dentro de la investigación: Felipe Arango Romero, primo del exgobernador Camilo Romero.
Según lo expuesto en la audiencia, Arango Romero habría entregado nuevos detalles sobre un presunto favorecimiento a empresarios licoreros que, de acuerdo con su versión, habrían financiado la campaña política del entonces candidato a la Gobernación de Nariño.
El punto más delicado está en la cifra revelada: $1.400 millones. De acuerdo con el testimonio difundido, el empresario Richard Portilla habría aportado $600 millones, mientras que Pedro Bastidas habría entregado $800 millones para la campaña de Romero. Esos recursos, según la versión del testigo, habrían sido recibidos inicialmente por una persona de confianza del entonces candidato.
La declaración conocida en audiencia señala que, tras la campaña, se habría realizado una especie de balance interno sobre los recursos entregados. En ese momento, según el relato, surgieron inconformidades por parte de los presuntos aportantes, quienes habrían manifestado que no se estaban llevando correctamente las cuentas de los dineros entregados.
En ese contexto, Felipe Arango Romero, primo de Camilo Romero, habría asumido un papel directo en las conversaciones con los empresarios Richard Portilla y Pedro Bastidas, con el propósito de precisar los montos entregados y mantener la relación con ellos.
La gravedad del testimonio radica en que no se trataría únicamente de aportes de campaña, sino de presuntos recursos no reportados y, según la versión conocida, relacionados con un compromiso futuro alrededor del negocio del Aguardiente Nariño.
De acuerdo con lo relatado por el testigo, los empresarios habrían aportado dinero a la campaña con la expectativa de obtener posteriormente beneficios en la contratación pública, especialmente en el contrato de comercialización del licor departamental.
El caso vuelve a encender las alarmas porque toca varios puntos sensibles: financiación electoral, contratación pública, presunto favorecimiento a particulares y manejo de recursos estratégicos del departamento. El monopolio de licores representa una fuente importante de ingresos para Nariño, por lo que cualquier duda sobre su administración afecta directamente la confianza ciudadana.
Sin embargo, será la justicia la encargada de establecer si las declaraciones del testigo tienen respaldo probatorio suficiente y si existieron responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales. Camilo Romero conserva la presunción de inocencia y tendrá la oportunidad de ejercer su defensa dentro del proceso.
Para Nariño, este caso no es menor. La audiencia deja nuevamente sobre la mesa tres preguntas centrales: ¿quién financió realmente la campaña?, ¿esos recursos fueron reportados ante las autoridades electorales? y ¿existió o no una relación indebida entre esos aportes y el contrato del Aguardiente Nariño?
Lo cierto es que la declaración de Felipe Arango Romero, primo del exgobernador, reabre un capítulo sensible para la política regional y obliga a que el proceso avance con transparencia. Nariño necesita conocer toda la verdad sobre uno de los casos más controversiales de los últimos años.
