La decisión del presidente Abelardo De la Espriella pone fin a un proceso que había avanzado en destrucción de material de guerra, desminado, reintegración y transformación territorial. Días antes, el Gobierno también había cerrado la negociación con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, otro de los procesos con fuerte incidencia en Nariño.
En Nariño, dos de las apuestas más ambiciosas para sacar a estructuras armadas de la guerra quedaron cerradas en menos de una semana.
Primero fue la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Ahora, el turno fue para Comuneros del Sur, la estructura que se separó del ELN y que durante cerca de dos años había convertido municipios como Samaniego y otras zonas del occidente de Nariño en escenario de un experimento de negociación territorial.
El presidente Abelardo De la Espriella firmó el 3 de septiembre la Resolución Ejecutiva 365 de 2026, mediante la cual dio por terminada oficialmente la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y el autodenominado Frente Guerrillero Comuneros del Sur. La determinación rige desde el momento de su expedición y deroga la Resolución 369 del 13 de septiembre de 2024, con la cual había sido instalada formalmente la mesa.
El documento es corto y contundente: ordena terminar la negociación y dispone que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz comunique la decisión a las autoridades correspondientes. A diferencia de la resolución mediante la cual se cerró días atrás la negociación con la CNEB, el acto administrativo conocido sobre Comuneros del Sur no desarrolla en su parte resolutiva una acusación específica de falta de voluntad de paz.
La decisión tiene un peso especial en Nariño porque este no era solamente un proceso de conversaciones políticas. Durante el Gobierno de Gustavo Petro, la mesa había sido presentada como una experiencia de “paz territorial”, en la que los acuerdos con el grupo armado estaban ligados a inversiones sociales, desminado, sustitución de economías ilícitas y tránsito de sus integrantes hacia la vida civil.
De las armas destruidas al cierre de la mesa
El camino había comenzado formalmente en septiembre de 2024, después de que Comuneros del Sur se apartara de la estructura nacional del ELN. Uno de los primeros acuerdos contempló un cese bilateral, zonas de concentración, destrucción de material de guerra y acciones de desminado humanitario.
Meses después, esas decisiones comenzaron a traducirse en hechos.
En abril de 2025, en Samaniego, el Ejército destruyó 585 artefactos explosivos entregados por Comuneros del Sur, entre minas, morteros, granadas y cilindros bomba. El procedimiento estuvo acompañado por la institucionalidad y organismos internacionales y fue considerado entonces como el inicio progresivo de la dejación de armas de la organización.
El proceso también dio origen a acuerdos relacionados con las víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario y proyectos sociales. La Consejería de Paz reportó en 2025 inversiones superiores a $290.000 millones asociadas a transformación territorial, incluidas acciones en salud, educación, infraestructura y desarrollo vial.
En agosto de ese año, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización presentó incluso un Programa de Reintegración Integral para la Paz y la Transformación Territorial, diseñado específicamente para Comuneros del Sur y pensado como una ruta para facilitar el paso de sus integrantes a la vida civil.
La preparación de una Zona de Ubicación Temporal siguió avanzando posteriormente. En noviembre de 2025, más de mil integrantes de comunidades indígenas del Resguardo del Gran Mallama participaron en procesos de consulta relacionados con esa zona.
Todo ese recorrido queda ahora frente a un escenario distinto: la mesa que daba soporte político y jurídico a los acuerdos fue terminada por decisión presidencial.
La Coordinadora había corrido la misma suerte
El cierre de Comuneros del Sur ocurre apenas días después de una decisión que afectó otro proceso directamente relacionado con Nariño.
Mediante la Resolución Ejecutiva 346 del 28 de agosto de 2026, el Gobierno terminó la Mesa de Diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, argumentando “ausencia de voluntad de paz”.
La CNEB había surgido después de que la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera Ejército Bolivariano se apartaran de la denominación Segunda Marquetalia. El proceso tenía una marcada presencia en Nariño y Putumayo, donde se desarrollaban iniciativas de sustitución de cultivos, ubicación temporal de combatientes y transformación territorial.
La reacción desde Nariño fue inmediata.
La Gobernación pidió al Gobierno nacional evaluar los resultados conseguidos antes de cerrar definitivamente ese proceso. Según cifras entregadas por la administración departamental, durante el diálogo con la CNEB se habían destruido más de 14 toneladas de material de guerra en Nariño y Putumayo; 99 integrantes habían dejado las armas e ingresado en junio de 2026 a una Zona de Ubicación Temporal y existía una meta de sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de coca, de las cuales 15.000 correspondían a Nariño.
Esos datos muestran por qué la terminación de ambas mesas tiene en Nariño una dimensión distinta a la discusión política nacional sobre el futuro de la llamada Paz Total.
Un giro completo en la política de seguridad
Los cierres hacen parte del cambio de orientación impulsado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella.
El 30 de agosto, la Presidencia informó que la administración había decidido acabar tres procesos que consideraba carentes de resultados suficientes: los diálogos con estructuras relacionadas con alias Calarcá, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
La terminación posterior del proceso con Comuneros del Sur profundiza ese viraje. El Ejecutivo también cerró el espacio sociojurídico con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, mediante la Resolución 369 del 3 de septiembre.
En términos políticos, el mensaje es claro: el nuevo Gobierno está desmontando los principales mecanismos de negociación que recibió de la administración Petro y reemplazándolos por una estrategia con mayor énfasis en seguridad, persecución penal y operaciones de la Fuerza Pública.
La pregunta que queda abierta en Nariño
Sin embargo, en el departamento la discusión apenas comienza.
Cerrar una mesa por resolución administrativa es inmediato. Resolver qué ocurrirá con las personas que ya habían avanzado hacia la dejación de armas, con las comunidades vinculadas a los acuerdos, con los proyectos de sustitución, con las zonas de ubicación temporal y con los compromisos de inversión territorial es mucho más complejo.
Ese será ahora el principal interrogante para Nariño.
Porque en cuestión de días el departamento pasó de tener dos procesos de paz territorial avanzando simultáneamente —Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano— a tener ambos formalmente terminados por el Gobierno nacional.
Y mientras Bogotá redefine su estrategia frente a los grupos armados, en los municipios donde se desarrollaron esos procesos comienza una etapa de incertidumbre: saber cuáles compromisos sobrevivirán a las mesas que los originaron y, sobre todo, qué ocurrirá con los hombres y mujeres que ya habían empezado a caminar del fusil hacia la vida civil.
