Pablo Emilio Obando A.
Veintiún años son demasiados para vivir bajo una prohibición.
Veintiún años son demasiados para que una comunidad escuche que su territorio es peligroso, que sus tierras no pueden desarrollarse, que la inversión debe detenerse y que el futuro debe esperar.
En 2005, mediante el Decreto 4106, el Estado colombiano declaró la situación de desastre en Pasto, Nariño y La Florida por la amenaza del volcán Galeras. Aquella decisión, sustentada en el conocimiento científico disponible entonces, terminó convirtiéndose en una camisa de fuerza para miles de nariñenses.
No se trataba solamente de una delimitación en un mapa.
Era la vida de la gente. Era la propiedad. Era la vivienda. Era el desarrollo. Era la posibilidad de invertir. Era, en muchos casos, la condena silenciosa a permanecer en un territorio donde el Estado decía: aquí no se puede.
La ciencia, sin embargo, no es una fotografía inmóvil. Avanza. Investiga. Corrige. Precisa. Y eso ocurrió con el Galeras.
Nuevos estudios, nuevas metodologías y nuevos mapas permitieron comprender que amenaza y riesgo no son exactamente lo mismo y que la gestión territorial no puede reducirse a una prohibición generalizada.
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-269 de 2015, había dejado trazada una ruta: elaborar un nuevo Plan Integral de Gestión del Riesgo y, posteriormente, valorar jurídicamente la posibilidad de retornar a la normalidad.
Nariño cumplió su parte.
La Gobernación adoptó el nuevo Plan Integral de Gestión del Riesgo del Volcán Galeras mediante el Decreto 032 del 20 de febrero de 2026.
La ciencia había hablado. El territorio había hablado. Las comunidades habían hablado. Y entonces llegó el momento político.
El 14 de abril de 2026, desde Ipiales, el presidente Gustavo Petro anunció lo que Nariño había esperado durante más de dos décadas: el retorno a la normalidad en la zona de influencia del Galeras. La decisión había sido respaldada por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo.
Parecía que la historia finalmente había terminado.
Pero no. Porque una cosa es anunciar un decreto y otra muy distinta es expedirlo.El decreto necesitaba la firma presidencial. Y esa firma nunca llegó. Aquí comienza la verdadera historia.
No estamos hablando de una ley que debía ser sancionada por el Congreso. Estamos hablando de un decreto presidencial que debía formalizar jurídicamente el retorno a la normalidad de Pasto, Nariño y La Florida y cerrar el ciclo iniciado con el Decreto 4106 de 2005.
El proyecto avanzó. Tuvo versiones sucesivas.
Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Y finalmente sexta versión.
En noviembre de 2025 ya se discutía el segundo borrador. Las comunidades, los municipios, el departamento y las instituciones hicieron observaciones. Se discutieron responsabilidades, ordenamiento territorial, financiación y aplicación del nuevo conocimiento científico.
Para mayo de 2026 ya existía una sexta versión. Y aquella sexta versión no era una improvisación.
Era un documento jurídicamente estructurado.
Tenía fundamento constitucional. Tenía fundamento legal. Tenía referencias a la Corte Constitucional. Tenía el nuevo Plan Integral. Tenía el concepto favorable del Consejo Nacional. Tenía disposiciones sobre ordenamiento territorial.Tenía mecanismos de seguimiento. Tenía financiación. Y tenía, incluso, los espacios destinados a las firmas de los altos funcionarios. Pero faltó la más importante. La del Presidente.
El proyecto contemplaba recursos cercanos a los 588.096 millones de pesos para un período de 36 meses, entre 2027 y 2029. Casi seiscientos mil millones de pesos. Y aquí apareció la discusión que posiblemente explica buena parte de la demora: ¿quién debía pagar? La Nación. El departamento. Los municipios. Todos.
La propuesta territorial defendía una tesis difícil de controvertir: si fue el Estado nacional quien declaró la situación de desastre y mantuvo durante más de veinte años un régimen excepcional que condicionó el desarrollo territorial, corresponde a la Nación asumir una responsabilidad financiera principal.
No se trataba de regalar dinero. Se trataba de reconocer una deuda institucional.
Hacienda intervino. Ambiente intervino. La UNGRD intervino. La Oficina Jurídica del DAPRE intervino. Hubo observaciones. Hubo ajustes. Hubo concertaciones. Hubo una sexta versión. Y, sin embargo, el decreto no salió.
No sería responsable afirmar que el Ministerio de Hacienda lo bloqueó. No existe, hasta hoy, prueba documental suficiente para sostener semejante acusación.
Tampoco sería responsable afirmar que Ambiente lo objetó. Ni que la Oficina Jurídica de la Presidencia lo archivó. Ni siquiera podemos afirmar que Gustavo Petro se negó deliberadamente a firmarlo.
Lo que sí podemos afirmar es mucho más contundente: El presidente anunció el retorno. El Consejo Nacional lo respaldó. El proyecto fue elaborado. El proyecto avanzó por las instancias correspondientes. La UNGRD lo publicó como proyecto en trámite.
La Defensoría del Pueblo advirtió que el decreto todavía no había sido expedido y que tampoco estaban asignados los recursos.
Y el 7 de agosto de 2026 terminó el gobierno de Gustavo Petro.
Sin firma.
Sin decreto.
Sin recursos.
Sin el cierre jurídico definitivo de una historia que comenzó en 2005.
Esta es la paradoja.
Se anunció la normalidad, pero la normalidad jurídica no llegó.
Se anunció la apertura de la puerta, pero la puerta quedó entreabierta.
Se anunció el fin de una restricción de más de dos décadas, pero el instrumento jurídico que debía hacerlo realidad permaneció en proyecto.
Nariño no puede quedarse ahora mirando hacia Bogotá. Tampoco puede quedarse atrapado en la discusión partidista. Esto no es un asunto de izquierda o derecha.
No es un triunfo de Petro. No puede convertirse tampoco en una derrota de Petro. Es un asunto de Nariño. Y, por eso, la responsabilidad ahora cambia de manos.
Les corresponde a nuestros congresistas. A todos. A los que estuvieron con Petro y a los que estuvieron contra Petro. A los representantes. A los senadores. A quienes hacen oposición y a quienes gobiernan. A quienes tienen influencia en el nuevo Gobierno.
Porque si existe un proyecto jurídicamente viable, técnicamente sustentado y socialmente necesario, hay que retomarlo. Hay que revisarlo. Hay que actualizarlo. Hay que verificar sus fuentes de financiación. Hay que corregir lo que deba corregirse. Y hay que llevarlo nuevamente hasta el escritorio presidencial.
Hoy el Gobierno es otro.
Abelardo de la Espriella ocupa la Presidencia de la República desde el 7 de agosto de 2026. Y precisamente por ello Nariño tiene una nueva oportunidad.
No se trata de pedirle al nuevo Gobierno que firme a ciegas un documento heredado.
Se trata de exigirle que estudie con seriedad el expediente.
Que escuche a la ciencia. Que escuche a las comunidades. Que escuche a los alcaldes. Que escuche a la Gobernación. Que escuche a la UNGRD. Que revise las recomendaciones de Hacienda y Ambiente. Que examine la financiación. Y que tome una decisión.
Si el decreto es conveniente, viable y jurídicamente procedente, que se firme.
Pero que se firme. Porque Nariño no necesita más anuncios. Nariño necesita decisiones. El Galeras continuará siendo un volcán. Nadie sensato pretende eliminar el riesgo. Nadie responsable debe permitir construcciones indiscriminadas. Nadie puede convertir la seguridad de las comunidades en una bandera política.
Lo que se reclama es algo mucho más elemental: que el riesgo sea administrado con la ciencia del siglo XXI y no con los temores administrativos de 2005.
Que la amenaza sea estudiada. Que el riesgo sea delimitado. Que las zonas no mitigables permanezcan protegidas.
Pero que allí donde la ciencia determine que es posible vivir, invertir, construir y desarrollar bajo condiciones adecuadas, el Estado no siga condenando el territorio a la parálisis.
Veintiún años son demasiados.
Demasiados para una familia.
Demasiados para un municipio.
Demasiados para un departamento.
Demasiados para un país.
El Galeras no necesita discursos. Necesita ciencia. Necesita recursos. Necesita responsabilidad. Y, sobre todo, necesita una firma. La firma que faltó. La firma que ahora puede convertirse en una nueva oportunidad para Nariño.
Que nuestros congresistas no permitan que el expediente duerma en algún escritorio de Bogotá.
Que lo busquen. Que lo estudien. Que lo exijan. Que lo defiendan. Que lo mejoren si es necesario.
Y que, si después de todo el análisis resulta conveniente para Nariño, logren que el Gobierno de Abelardo de la Espriella convierta en realidad aquello que durante tantos años hemos escuchado como promesa.
Porque un pueblo no puede vivir eternamente esperando que alguien firme su futuro.
El Galeras sigue allí.
Nariño también.
Y esta vez la historia no puede terminar en un borrador
