Por Tirso Benavides Benavides
En la Casa de Nariño no han encendido hogueras —todavía las formas republicanas desaconsejan semejante escenografía—, pero ya funciona un Santo Oficio. Sus inquisidores no buscan delitos ni incompetencias: revisan trinos antiguos, amistades, cónyuges, afectos e intimidades. Para caer en desgracia no hace falta traicionar al Estado. Basta con apartarse un grado del catecismo abelardista.
El propio presidente dio la señal. El 15 de agosto ordenó a la ministra de las TIC revisar los antecedentes y actuaciones de sus futuros funcionarios y proceder cuando encontrara situaciones “incompatibles con nuestros principios y lineamientos”. No habría nada escandaloso si la coherencia significara respeto por el programa que ganó las elecciones. Todo gobernante necesita un equipo que ejecute sus políticas. El problema comienza cuando la coherencia se convierte en pureza, la diferencia en herejía y la vida privada en requisito para entrar al servicio público. Semanas antes, Abelardo de la Espriella había prometido que “el mérito será la única recomendación” en la Patria Milagro. La frase envejeció con una rapidez casi milagrosa.
Confieso que me alegró el nombramiento de Hanna Escobar en la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud. La conozco y sabía de lo que iba a dirigir, esta paisa es química farmacéutica, magíster en Políticas Públicas y tiene más de quince años de experiencia en el sector. Además, había sido una de las voces más incómodas contra la reforma a la salud y el manejo que Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo dieron a la crisis de medicamentos. No era una conversa de última hora ni una oportunista en busca de puesto. Venía de enfrentarse al poder anterior.
Ese enfrentamiento le costó caro. Petro la llamó “nazi” en X y el Consejo de Estado tuvo que ordenarle borrar la publicación, retractarse y ofrecer disculpas públicas por vulnerar su honra y su buen nombre. La escena debería avergonzar a cualquier demócrata: un presidente señalando desde su inmensa tribuna a una ciudadana que discutía una política pública. Pensé, ingenuamente, que haber sobrevivido a esa trituradora la hacía especialmente valiosa para un Gobierno que decía venir a corregir los excesos del petrismo.
Duró apenas unos días. Según contó Escobar a El Colombiano, la ministra de Salud le comunicó que, por orden presidencial, debía renunciar. Las bodegas más devotas le habían colgado el sambenito de “abortista”, difundieron una fotografía alterada con un pañuelo verde y recortaron un pódcast para volverlo prueba de cargo. ¿Su pecado real? Defender el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como un asunto de salud y recordar la existencia de un protocolo clínico. Es decir, reconocer un marco constitucional que la Sentencia C-055 de 2022 y decisiones posteriores de la Corte mantienen vigente. El Ministerio, hasta ahora, no ha ofrecido una explicación pública distinta. Ella lo resumió sin rodeos: “A mí me sacaron por defender los derechos de salud de las mujeres”.
La ironía es feroz. Para Petro, Hanna era nazi por oponerse a su reforma; para los guardianes de la nueva fe, terminó convertida en “abortista” por no negar un derecho reconocido por la Corte. Cambió el inquisidor, no el método. Los extremos que se insultan en la plaza suelen reconocerse en la sala de torturas.
El siguiente auto de fe ni siquiera ocurrió dentro del Estado. Carolina Soto fue elegida por ocho votos contra cuatro para presidir la Cámara Colombiana de la Infraestructura, un gremio privado. Su hoja de vida incluye el Viceministerio de Hacienda, la Alta Consejería para la Competitividad y una silla en la Junta Directiva del Banco de la República. Pocas horas después, Carolina Gómez, vocera designada del Gobierno, calificó la elección como una torpeza o una confrontación y anunció que ningún funcionario del Ejecutivo se reuniría con la nueva presidenta. Luego borró los mensajes, ese moderno recurso con el que algunos creen borrar también los hechos.
Soto declinó al día siguiente y dejó escrita una frase que debería inquietar incluso a quienes celebran la victoria del Tigre: pidió respeto por “la independencia de las decisiones del sector privado”. Todo apunta a que su falta consistía menos en su trayectoria que en su matrimonio con Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Petro durante unos meses y después se convirtió en uno de sus críticos más persistentes. La mujer quedó reducida al prontuario político del esposo. El Gobierno que hizo campaña en nombre de la libertad de empresa descubrió que la empresa es libre siempre que elija a quien le guste al Gobierno.
El caso de Carlos Eduardo Sepúlveda añade un capítulo más turbio. El 12 de agosto fue anunciado como director del Departamento Nacional de Planeación; dos días después fue reemplazado. Credenciales no le faltaban: doctor en Economía de la Universidad de Boston, exdecano de Economía de la Universidad del Rosario, exsubdirector del DANE y conocedor de la planeación pública. La versión oficial hizo pesar su participación en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro, aunque también había trabajado en los planes de Santos y Duque y su reemplazo tuvo contratos durante el Gobierno anterior.
La investigación de La Silla Vacía, apoyada en dos fuentes del gabinete y recogida por Cambio y el Reporte Coronell, señaló otra razón: sectores religiosos y conservadores se habrían opuesto porque Sepúlveda tiene esposo y un hijo adoptado. Debe decirse con rigor: el Gobierno no ha admitido esa motivación y las fuentes son reservadas. Pero la explicación coincide demasiado bien con la conocida hostilidad del presidente hacia la adopción homoparental y con sus antecedentes de burlas contra personas homosexuales. Si fue así, no estamos ante coherencia programática, sino ante homofobia con membrete oficial. La homofobia no siempre grita; a veces simplemente impide que se firme un decreto.
Los defensores del Gobierno dirán que los altos cargos son de libre nombramiento y que ningún presidente está obligado a gobernar con sus adversarios. Tienen razón, hasta cierto punto. Una cosa es exigir lealtad al programa; otra, castigar a alguien por acatar la jurisprudencia, por el trabajo de su cónyuge o por la persona con quien comparte la cama y la crianza de un hijo. Y una cosa todavía más grave es usar el poder contractual del Estado para disciplinar a un gremio privado. La confianza política no es una patente para la discriminación.
El Santo Oficio, además, aplica su doctrina con una elasticidad conmovedora cuando examina a los fieles. Sobre 275 nombramientos encontró al menos cinco personas procedentes del bufete o de otras empresas de De la Espriella, además de cinco vinculadas personalmente con él. El antiguo director general de la firma llegó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia; abogadas del bufete aterrizaron en la Superintendencia de Sociedades, la Unidad para las Víctimas y la SAE; la antigua encargada de redes de la empresa maneja la prensa de Palacio. Yoly Beatriz Illidge, exesposa y cofundadora de la firma, fue designada superintendente delegada de Notariado y Registro.
Sería deshonesto afirmar que todas esas personas carecen de formación o que su nombramiento es ilegal por el solo vínculo. Varias tienen experiencia. La cuestión es otra: ¿por qué la cercanía con el Tigre funciona como una indulgencia, mientras a los demás se les escudriñan los trinos, el matrimonio y hasta la configuración de la familia? Cuando el mérito favorece a un amigo se presume; cuando acompaña a un discrepante se somete a interrogatorio.
Lo peligroso no es que un Gobierno de derecha nombre personas de derecha. Lo peligroso es convertir el Estado en una secta, la adhesión personal en virtud pública y la diferencia en causal de excomunión. Petro intentó hacerlo con su catecismo revolucionario; De la Espriella empieza a repetirlo con crucifijo, bandera y rugido. Colombia no votó para cambiar de inquisición.
En la Patria Milagro, anunció el presidente, el mérito sería la única recomendación. Por ahora, el milagro parece otro: los capaces que piensan distinto terminan en la hoguera, mientras los amigos entran por la sacristía.
