Hacia una estética de embusteromanía

(La miel no se hizo para la boca del burro)
(Exclusivo de Daniel Olarte Mutiz para Página 10)
Confieso que no soy un ciudadano distraído, por el contrario, he estado atento a la historia de nuestro acontecer nacional y, a través de mis años de existencia, me he dado cuenta de que hay gobiernos que construyen bibliotecas, otros que levantan teatros, algunos que financian museos, reviven artistas, los homenajean, hacen culto de la historia y se adentran en la historiografía para no permitir que la objetividad de los hechos sea desteñida por caprichos políticos. Pero también, la historia universal de la infamia tiene también en sus galerías, personajes nefastos, como aquellos que, en un arrebato de inspiración histórica, deciden que el problema fundamental de la nación no es la pobreza, ni la violencia, ni la desigualdad, ni la corrupción, sino que hay demasiadas obras de arte contando cosas que al presidente no le gustan. Colombia, siempre tan pródiga en originalidades, parece haber entrado en esta última categoría.
El presidente Abelardo de la Espriella ha emprendido su anunciada cruzada cultural y, con ella, nos ha permitido contemplar una de las paradojas más exquisitas de la política contemporánea: en nombre de la libertad, se retiran imágenes; en nombre de la neutralidad, se seleccionan memorias; en nombre de la historia nacional, se procura que una parte de esa historia deje de incomodar al gobernante de turno. El Museo Nacional, que debería ser una casa de la memoria, corre así el riesgo de convertirse en una suerte de sala de estar presidencial: se exhibe aquello que combina con el gusto del propietario y se guarda en la bodega aquello que desentona con la decoración ideológica.
Porque, al parecer, el problema de Colombia no era que su historia estuviera incompleta, sino que algunas de sus páginas se habían atrevido a aparecer en público sin solicitar previamente la aprobación del señor presidente.
Resulta aberrante, la noticia del retiro de piezas relacionadas con movimientos sociales, luchas feministas, diversidad sexual, violencia política y procesos de paz ha puesto sobre la mesa una pregunta que debería resultar elemental: ¿un museo está para contar la historia o para tranquilizar la conciencia de quién gobierna? La discusión no consiste en afirmar que toda obra deba permanecer eternamente en una sala, que toda exposición sea intocable o que los museos no puedan revisar sus colecciones. Por supuesto que pueden hacerlo. La museografía cambia, las investigaciones avanzan y las interpretaciones históricas se enriquecen. Precisamente por eso existen curadores, historiadores, investigadores, restauradores y especialistas que dedican años a estudiar las piezas antes de decidir cómo presentarlas. Lo verdaderamente grotesco comienza cuando la revisión de un relato histórico parece obedecer más a una consigna política que a un criterio científico, museográfico o patrimonial. Un museo puede discutir la historia. Lo que no debería hacer es recibir instrucciones para fingir que ciertos acontecimientos no existieron.
Pero quizá estemos ante una nueva escuela historiográfica, todavía inédita en las universidades: el revisionismo por incompatibilidad presidencial. Su método es sencillo. Primero se identifica el episodio incómodo; después se localiza la obra que lo representa; finalmente, se retira la obra y se declara que el museo ha recuperado su neutralidad. La historia queda corregida. El muro queda limpio. Y el gobernante puede dormir tranquilo, convencido de que el pasado ha comenzado, por fin, a obedecer. Naturalmente, los acontecimientos siguen existiendo fuera del museo. Los asesinatos políticos no desaparecen porque se retire un afiche. Los acuerdos de paz no se evaporan porque se esconda una pluma. Las luchas sociales no dejan de haber ocurrido porque alguien decida que sus símbolos son ideológicamente inconvenientes.
Pero el poder tiene una debilidad muy humana: suele confundir el control de la representación con el control de la realidad. De ahí que los muros vacíos tengan una elocuencia que ninguna rueda de prensa puede neutralizar. A veces, la ausencia de una obra termina hablando más alto que la obra misma.
El ciudadano italoamericano presidente ha presentado su ofensiva como una batalla contra el llamado wokismo y contra la supuesta utilización ideológica de las instituciones culturales. Se trata de un argumento que merece ser examinado con seriedad, aunque su puesta en práctica invite a la ironía. Porque resulta extraordinario que un gobierno denuncie la instrumentalización política de la cultura mientras convierte la propia cultura en uno de sus primeros campos de batalla. Pero como el cura predica, pero no aplica, basta colocar como ejemplo la instrumentalización de un símbolo de cultural popular como la camiseta de la selección Colombia para acceder bajo manipulación mediática a obtener adeptos distraídos, para luego dejar el deporte nacional con un presupuesto de migajas. Es como si un pirómano convocara una rueda de prensa para denunciar el peligro de los incendios y, acto seguido, exigiera que el cuerpo de bomberos retirara de las estaciones todos los extintores que pudieran recordar las llamas.
La operación tiene, además, una ventaja extraordinaria para el gobernante: permite convertir una discusión compleja sobre la memoria colectiva en un espectáculo de antagonismos. Ya no se habla de cómo investigar mejor, de cómo conservar las colecciones, de cómo hacer más accesibles los museos o de cómo representar la diversidad de experiencias de un país. Se habla de enemigos culturales, de infiltraciones ideológicas y de la necesidad de recuperar una supuesta pureza nacional. El arte, entretanto, pasa de ser una forma de conocimiento a convertirse en sospechoso habitual.
Y aquí aparece el componente más cómico de la tragedia: el presidente que acusa a los demás de imponer una visión del mundo parece dispuesto a imponer la suya, solo que con la convicción de quien considera que su propia ideología no es ideología, sino sentido común con escolta presidencial. La diferencia entre una exposición y una propaganda no desaparece porque el gobierno cambie el título de la operación. Tampoco desaparece porque el gobernante pronuncie palabras solemnes ante un auditorio. Si una obra es retirada por incomodar al poder, el problema no se resuelve llamando a esa decisión «libertad cultural». Se resuelve demostrando que hubo criterios técnicos, procedimientos transparentes, deliberación profesional y respeto por la pluralidad histórica. Lo demás es escenografía.
Imaginemos, por un momento, el museo perfecto para un presidente enamorado de sus propias certezas. En la primera sala habría una bandera impecablemente planchada. En la segunda, una vitrina con los grandes héroes nacionales, convenientemente seleccionados. En la tercera, una cronología de la historia republicana en la que todos los acontecimientos condujeran, de una manera misteriosa pero inevitable, a confirmar la sabiduría del gobierno actual.
No habría conflictos sociales, sino malentendidos. No habría movimientos de protesta, sino episodios de indisciplina. No habría minorías excluidas, sino ciudadanos que todavía no han comprendido el relato oficial. Y las víctimas de la violencia política ocuparían, si acaso, una pequeña sala lateral, siempre que sus nombres no provocaran demasiadas preguntas.
En la entrada podría instalarse un letrero monumental: MUSEO NACIONAL DE LA HISTORIA QUE NO CONTRADICE AL PRESIDENTE.
La institución ofrecería visitas guiadas para explicar que el pasado fue complejo, pero que sus complejidades han sido debidamente simplificadas por razones de convivencia nacional.
Los estudiantes aprenderían que la historia es una ciencia abierta a la investigación, salvo cuando los resultados de la investigación producen incomodidad en el despacho presidencial. Los historiadores podrían continuar trabajando, siempre que sus conclusiones no alteraran la armonía cromática de la exposición. Y los curadores serían promovidos a una nueva categoría profesional: especialistas en anticipar qué acontecimientos podrían irritar al gobernante. Sería, sin duda, una innovación administrativa. La censura dejaría de ser censura y se convertiría en una modalidad de diseño interior.
En medio de este episodio aparece otra ironía: la relación entre el poder, el arte y el prestigio cultural del maestro Fernando Botero. La obra de Botero, con su lenguaje plástico inconfundible, su tratamiento del volumen y su capacidad para convertir personajes y situaciones en imágenes de extraordinaria fuerza visual, pertenece al patrimonio artístico colombiano y universal. Precisamente por eso merece ser tratada con respeto, no utilizada como un certificado automático de buen gusto para cualquier despacho presidencial.
En la discusión reciente sobre la decoración de espacios oficiales y el uso de obras de Botero como emblemas de prestigio, surge una tentación satírica irresistible: imaginar que el país ha decidido inaugurar una nueva disciplina, la arquitectura política boteriana. Su principio rector sería que, si el poder necesita parecer más grande, basta con rodearlo de volúmenes más grandes. Si necesita solemnidad, se le proporciona una escultura monumental. Si necesita legitimidad histórica, se cuelga un maestro en la pared. Y si necesita que el ciudadano olvide por un instante las contradicciones del presente, se le ofrece una composición de formas rotundas, colores reconocibles y una fotografía oficial cuidadosamente encuadrada. El resultado sería un palacio donde todo tendría proporciones extraordinarias, excepto la distancia entre el ego y el espejo.
Por supuesto, no hay que confundir la sátira con una noticia: no está acreditado que se haya contratado a Fernando Botero Zea para diseñar una nueva arquitectura política nacional. La idea pertenece, por ahora, al terreno de la imaginación mordaz. Además, Botero Zea es hijo del primer matrimonio del artista con Gloria Zea, no un hijo extramatrimonial, según las biografías publicadas.
Pero la ficción permite formular una pregunta legítima: ¿qué sucede cuando el prestigio de un artista se convierte en un accesorio del poder? ¿Cuándo una obra destinada a la contemplación pública comienza a funcionar como una medalla para el gobernante? ¿Cuándo el legado de un creador deja de ser una invitación a pensar y se transforma en un elemento de decoración política?
El problema no reside en que un presidente admire a Botero. Sería absurdo reprocharle el gusto por un artista colombiano de talla internacional. El problema comienza cuando el arte se instrumentaliza para fabricar una imagen de grandeza, mientras otras expresiones artísticas son apartadas porque no contribuyen a la imagen que el poder quiere proyectar. Botero no necesita que ningún presidente lo engrandezca. Su obra ya tiene una dimensión universal. Y la mejor manera de honrarla no consiste en convertirla en telón de fondo de la vanidad presidencial, sino en garantizar que pueda ser apreciada, estudiada y discutida con independencia. De lo contrario, el maestro terminaría prestándole su prestigio a una operación que quizá nunca habría imaginado: la de demostrar que, en política, también se puede utilizar el arte para inflar algo que ya está bastante inflado.
Parece que este ciudadano italoamericano gobernante (que para mí y otros más de diez millones de colombianos resulta ilegítimo), quiere reinventar las leyes del universo bajo una perspectiva totalmente corroncha, y, noo hace falta emitir diagnósticos psiquiátricos a distancia para identificar un fenómeno político bastante conocido: la dificultad de algunos gobernantes para aceptar que el mundo no es una extensión de su voluntad.
El poder ejecutivo puede administrar recursos, formular políticas, dirigir ministerios y proponer reformas. Lo que no puede hacer legítimamente es convertir sus preferencias personales en la medida definitiva de la verdad histórica o del valor estético.
Un presidente puede detestar una obra. Puede considerar que una exposición es deficiente. Puede discrepar de la interpretación de un curador. Lo que no se desprende de su cargo es un derecho especial a decidir qué partes del pasado merecen existir en el espacio público.
El gobernante democrático debería comprender que la cultura no es una prolongación de su dormitorio, donde puede cambiar los cuadros de lugar cada vez que alguno le produce desagrado.
Un museo nacional no es una propiedad privada con visitantes. Es una institución pública que representa experiencias, conflictos, aspiraciones y heridas de una sociedad entera, incluidas aquellas que el poder preferiría no recordar.
La verdadera prueba de tolerancia de un presidente no consiste en permitir que se exhiban las obras que admira. Consiste en aceptar que una institución pública conserve expresiones que cuestionen sus convicciones, contradigan su discurso o revelen aspectos incómodos de la historia nacional.
Ahí se mide la fortaleza democrática. No en el número de retratos oficiales, sino en la capacidad de soportar una imagen que no nos favorece.
Y quizá esa sea la mayor paradoja de esta polémica: un gobernante que proclama su voluntad de liberar la cultura de la ideología termina ofreciendo motivos para preguntarse si lo que realmente desea es liberar la cultura o liberarse de todo aquello que no le rinde pleitesía.
El arte no tiene la obligación de ser agradable, patriótico, edificante ni tranquilizador. Puede ser incómodo, provocador, contradictorio, irreverente y hasta desagradable. Puede cuestionar a la derecha y a la izquierda, a los gobiernos civiles y a los militares, a las iglesias, a las élites económicas y a los movimientos que se consideran moralmente superiores. Su libertad reside, precisamente, en que no está obligado a obedecer a una sola autoridad. (el caricaturesco dictador norcoreano le quedó chiquito).
Las grandes tradiciones estéticas universales no se han construido mediante la eliminación de las obras que incomodan a los gobernantes. Desde las representaciones del poder en Velázquez hasta las deformaciones expresivas de Goya, desde las vanguardias que escandalizaron a las academias hasta las obras contemporáneas que interrogan la identidad y la memoria, el arte ha sido una forma de confrontar las certezas de cada época. Si hubiéramos permitido que cada gobernante retirara aquello que consideraba inconveniente, buena parte de la historia del arte sería hoy un catálogo de ausencias.
Por eso resulta tan elemental como peligroso confundir la revisión museográfica con la purga ideológica. La primera exige investigación, argumentos, transparencia y responsabilidad profesional. La segunda comienza cuando el criterio decisivo deja de ser la comprensión de una obra y pasa a ser la conveniencia política de su desaparición.
El arte puede cambiar de sala. Puede cambiar de interpretación. Puede entrar en diálogo con otras obras y con nuevas generaciones. Lo que no debería ocurrir es que se le exija cambiar de significado para acomodarse al estado de ánimo del gobernante.
Quizá dentro de algunos años los historiadores examinen este episodio y se pregunten qué pretendía demostrar el gobierno al retirar determinadas piezas del Museo Nacional. Tal vez encuentren documentos, declaraciones, informes administrativos y argumentos sobre la neutralidad cultural. Pero también encontrarán fotografías de los muros vacíos. Y esas fotografías podrían terminar siendo el documento más elocuente de todos. Porque un muro vacío no es necesariamente una expresión de neutralidad. A veces es el resultado de una decisión. A veces señala una ausencia deliberada. Y, en determinadas circunstancias, se convierte en el retrato involuntario de un poder que no soporta compartir el espacio público con relatos que no controla.
El presidente podrá cambiar la disposición de las salas, inaugurar nuevas exposiciones, pronunciar discursos sobre la identidad nacional y rodearse de obras que le parezcan adecuadas. Podrá incluso imaginar una arquitectura política en la que cada volumen, cada escultura y cada pared contribuyan a la construcción de su propia leyenda. Pero hay algo que el poder no puede ordenar mediante decreto: el significado que la historia terminará atribuyéndole a sus actos.
Los museos sobreviven a los gobiernos. Las obras de arte sobreviven a las campañas electorales. Las sociedades sobreviven, aunque no sin heridas, a las pretensiones de quienes confunden el mandato temporal con la propiedad perpetua de la nación. Y cuando el último funcionario haya abandonado el despacho, cuando los retratos oficiales hayan sido descolgados y cuando el presidente de turno sea apenas un capítulo más en los libros de historia, las obras seguirán planteando preguntas. Tal vez por eso algunos gobernantes sienten la necesidad de retirarlas.
No porque el arte carezca de importancia, sino porque la tiene. Porque una obra puede recordar lo que el poder quiere olvidar, mostrar lo que preferiría ocultar y revelar que la historia es demasiado compleja para caber en el marco de una sola vanidad. En últimas, la diferencia entre un museo y un palacio presidencial debería ser sencilla: el palacio alberga temporalmente al gobernante; el museo conserva la memoria de todos, incluso de aquellos a quienes el gobernante preferiría borrar. Y si la nueva estética oficial consiste en retirar todo aquello que contradiga al presidente, habrá que reconocerle al gobierno una contribución inesperada a la historia del arte colombiano: nunca una pared vacía había tenido tantas cosas que decir.
Octubre 21 de 2026

Comentarios de Facebook