Por: Tirso Benavides Benavides
Cuando el hoy presidente Gustavo Petro recorría las plazas del país buscando ser elegido, su discurso contra la oligarquía y el clientelismo encendía una esperanza legítima en millones de ciudadanos hartos de ver el Estado convertido en una piñata familiar. La promesa era la meritocracia, la realidad, a pocos meses de terminar su mandato, es una bofetada de cinismo que se traduce en negocios de cifras de varios ceros y apellidos que se repiten en las nóminas oficiales y en los contratos dados a dedo. El caso más reciente, el de la actual ministra de las Culturas Yannai Kadamani, no es un episodio aislado, es simplemente el último eslabón de una cadena de corrupción y malos manejos que se ha vuelto el paisaje habitual.
La defensa de la alta funcionaria, apelando al “derecho al trabajo” de sus parientes, no es más que un ejercicio de prestidigitación jurídica que ofende la inteligencia. No es lo mismo ser un ciudadano de a pie buscando una vacante, que ser un familiar en línea directa de un miembro del gabinete. Así sus actos no sean ilegales, otro de sus argumentos, pues la norma establece que solo hay conflicto de intereses cuando se da una injerencia directa o cuando la contratación se hace en el mismo sector, la ilegitimidad latente por las ventajas que representa el parentesco se hace innegable.
Así, Alexandra Fonrodona, madre de la ministra, ha suscrito seis contratos con el Estado por una cuantía de casi $600 millones. La afortunada progenitora ha logrado una ubicuidad envidiable, solo en enero de este año aseguró tres contratos simultáneos con la Superintendencia de Salud, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, que suman $313 millones por labores de asistencia técnica en comunicaciones, a pesar de que estas entidades cuentan con su propio equipo para ejecutar este tipo de funciones.
A esto se suma el hermano, Salim Kadamani, quien con su perfil de diseñador y gestor de modas firmó un contrato por $120 millones con la Cancillería horas antes de la entrada en vigencia de Ley de Garantías, con el fin de pasarse por la faja esta norma. Hasta la fecha, desde febrero de 2025, ha facturado $383 millones, suma nada despreciable para menos de un año de trabajo.
¿Qué justifica que el bolsillo de una sola familia se ensanche, mientras el resto se ajusta el cinturón?
La voracidad de esta nueva élite petrista, una suerte de boliburguesía criolla, no se detiene en los ministerios. El cáncer ha hecho metástasis a otras entidades como la RTVC o la misma Casa de Nariño. Resulta indignante el uso de recursos públicos para sostener el séquito personal de Verónica Alcocer, desde el pago del famoso Nerú como masajista, hasta la inclusión en proyectos de fotógrafos y estilistas que en realidad estaban al servicio de la imagen de la ex primera dama. El erario financia el “glamour” de unos pocos mientras predican austeridad.
Este guion ya lo vimos en el pasado y ha sido denunciado por quienes hoy desde el Gobierno hacen lo mismo, lo que hace que el engaño sea más amargo.
Imposible olvidar y comparar lo que sucede con la era de Álvaro Uribe, donde los negocios de sus hijos en zonas francas y en centros comerciales prosperaron a pasos agigantados bajo la sombra del poder paterno, así como el reparto de notarías a familiares de ministros que fueron la norma del clientelismo puro. O el gobierno de Iván Duque, quien además de elevar a su compañero de pupitre, Franciso Barbosa, a la Fiscalía, usó las aeronaves del Estado como transporte privado para llevar a sus hijos y amigos a celebraciones privadas, confundiendo el avión presidencial con un taxi familiar, tal como sucedió con Juliana Guerrero la joven funcionaria a quien Petro quería nombrar viceministra a toda costa, a pesar del escándalo de sus títulos falsos, el mérito es estar en la rosca.
La conclusión es desalentadora. En términos de ética pública no hay diferencia sustancial entre este gobierno y sus predecesores. El “cambio” resultó ser un relevo de apellidos para la misma rapiña de siempre. Los cinco familiares de Sebastián Guanumen ubicados estratégicamente en Vivienda y Restitución de Tierras, los hijos de la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, con contratos en distintas dependencias estatales son muestras claras que comprueban esta afirmación, y ni hablar de los casos en el SENA y otras entidades donde fichas políticas del representante David Racero y otros barones del Pacto Histórico han encontrado un refugio burocrático para sus allegados.
Al permitir que sus colaboradores repliquen las conductas que antes criticaba en otros gobiernos, el presidente Petro admite de forma tácita con su complacencia que su “cambio” fue meramente superficial. Cambiaron los nombres, pero el método de reparto sigue intacto. Estamos ante unos nuevos privilegiados que han confundido el erario con un fondo de solidaridad familiar.
El dinero público debería cerrar brechas de desigualdad y no financiar la opulencia de la rosca de turno. En Colombia, el poder sigue siendo ese círculo cerrado donde solo entran los que tienen el apellido o “la palanca” correcta, esa es la “meritocracia” que vale. Al parecer lo único que se redistribuye con éxito en el país es la desfachatez de nuestros dirigentes, sin que importe la ideología ni las banderas que enarbole el ocupante transitorio de la Casa de Nariño.
