Un nuevo capítulo de tensión política y narrativa se abrió en el país tras la difusión de un comunicado atribuido a las disidencias de las FARC-EP, en el que reconocen responsabilidad por el ataque ocurrido en Cajibío, Cauca, que dejó víctimas civiles, entre ellas campesinos ajenos al conflicto.
El documento, fechado el 28 de abril de 2026 y firmado por el denominado “Estado Mayor Central”, admite lo que califica como un “error táctico” en medio de una acción armada sobre la vía Panamericana. En el texto, el grupo ofrece condolencias a las víctimas y asegura que el hecho “no fue premeditado”, aunque asume una “responsabilidad política” por las consecuencias.
Sin embargo, más allá del reconocimiento, el comunicado insiste en justificar el contexto del ataque dentro de una narrativa histórica del conflicto armado, señalando factores como la exclusión política, la concentración de la tierra y la ausencia de soluciones estructurales por parte del Estado. Incluso, retoma un discurso ideológico que reivindica su accionar como parte de una lucha política, lo que ha generado rechazo en distintos sectores.
Pero el impacto del comunicado no se quedó en el plano armado. Rápidamente se trasladó al terreno político. Desde sectores del Pacto Histórico, cercanos al gobierno, se ha insistido en que la actual escalada de violencia también está siendo utilizada como herramienta dentro de una supuesta estrategia de la derecha para incidir en el clima electoral y debilitar la política de “paz total”.
Esa lectura ha generado una fuerte controversia. Para críticos de esa postura, lo que se evidencia es un intento de trasladar la responsabilidad hacia el debate político, en lugar de centrar la discusión en la gravedad de los hechos: un ataque que dejó víctimas civiles y que golpea directamente la seguridad en el suroccidente del país.
La tensión es evidente. Mientras el comunicado de las disidencias intenta combinar reconocimiento con justificación, desde la política se cruzan acusaciones que terminan amplificando la polarización. En ese escenario, un hecho grave que debería generar unidad en torno a la protección de la vida termina siendo absorbido por la disputa electoral.
El riesgo es claro: que la violencia, lejos de ser enfrentada como un problema estructural y urgente, termine convertida en argumento de campaña. En un país marcado por décadas de conflicto, ese tipo de lecturas no solo profundizan la división, sino que también pueden desviar la atención de lo esencial: la protección de la población civil y la recuperación del control territorial.
Lo ocurrido en Cajibío no es un episodio menor. Es un recordatorio de que el conflicto sigue vivo y de que sus consecuencias no distinguen ideologías. Por eso, más allá de las narrativas, el desafío sigue siendo el mismo: evitar que hechos de esta magnitud se repitan y garantizar que la vida de los colombianos no quede atrapada entre las armas y la política.
