Pablo Emilio Obando A.
(Los próximos cien días definirán si la esperanza se convierte en realidad o si el conflicto vuelve a imponerse)
La paz no puede medirse únicamente por la ausencia de disparos. Su verdadero significado se refleja cuando una familia puede regresar a su territorio, cuando un campesino trabaja sin miedo, cuando un joven encuentra en la educación y el empleo una alternativa distinta a la guerra y cuando el Estado recupera plenamente su presencia en aquellas regiones donde durante décadas impusieron sus reglas los actores armados.
Con esa convicción asistimos, junto con un amplio grupo de periodistas del departamento de Nariño, a un encuentro convocado por el gobernador Luis Alfonso Escobar, acompañado por el equipo responsable de la política de paz territorial. Fue un espacio de diálogo abierto, en el que las preguntas fueron directas, críticas y necesarias, porque la paz no puede construirse sobre discursos complacientes, sino sobre resultados verificables y compromisos concretos.
Durante la reunión fueron presentados indicadores que, según la administración departamental, muestran avances en distintos frentes asociados a la violencia. Se expusieron cifras relacionadas con la disminución de algunos hechos victimizantes, entre ellos homicidios, desplazamientos forzados y confinamientos en determinados territorios del departamento. Aunque estos resultados aún deben consolidarse y mantenerse en el tiempo, constituyen señales que merecen ser analizadas con seriedad y prudencia. Ningún proceso de paz puede evaluarse únicamente por estadísticas, pero tampoco puede desconocerse cuando determinados indicadores muestran una tendencia favorable.
Sin embargo, la mayor preocupación surgió al mirar hacia el futuro inmediato. Colombia se encuentra a las puertas de un nuevo gobierno nacional encabezado por el presidente electo, doctor Abelardo de la Espriella, quien ha manifestado su intención de replantear profundamente la política de paz desarrollada durante los últimos años. Esa nueva orientación genera incertidumbre en departamentos como Nariño, donde se han venido adelantando procesos territoriales con características particulares.
La inquietud no es menor. De acuerdo con la información presentada durante el encuentro, cerca de un centenar de integrantes de organizaciones armadas permanecen actualmente concentrados, esperando definiciones institucionales que les permitan culminar un proceso de reincorporación a la vida civil. Igualmente, se señaló que alrededor de dos mil personas vinculadas a estructuras ilegales han participado, de una u otra manera, en acercamientos dentro del proceso de paz territorial que impulsa el departamento.
La pregunta es inevitable: ¿qué ocurrirá con ellos si las nuevas políticas nacionales modifican o suspenden los mecanismos actualmente existentes?
La respuesta no puede ser la improvisación. Mucho menos el abandono de quienes han manifestado, al menos inicialmente, su disposición para dejar las armas. Un proceso inconcluso representa un enorme riesgo para las comunidades y para el propio Estado. La experiencia colombiana demuestra que los vacíos institucionales suelen ser aprovechados por organizaciones criminales para reclutar nuevamente a quienes habían iniciado un camino diferente.
Pero esa preocupación tampoco puede traducirse en ingenuidad. La paz no significa impunidad ni indefinición permanente. Tampoco puede convertirse en un escenario donde los grupos armados prolonguen indefinidamente negociaciones mientras mantienen economías ilegales, control territorial o acciones violentas.
Precisamente por ello cobra importancia la propuesta expuesta durante la reunión: aprovechar los cien días inicialmente planteados por el nuevo Gobierno para que quienes realmente tengan voluntad de reincorporarse al Estado colombiano expresen, de manera inequívoca, su decisión de acogerse plenamente a la Constitución Política, abandonar definitivamente las armas, reparar a las víctimas y someterse al orden jurídico nacional.
Ese plazo debe tener objetivos claros, cronogramas verificables y mecanismos efectivos de seguimiento. Colombia no necesita procesos interminables. Necesita decisiones responsables. La paz verdadera exige compromisos mutuos: del Estado, brindando garantías; y de los actores armados, demostrando con hechos —y no solamente con declaraciones— que renuncian para siempre a la violencia.
Nariño conoce mejor que nadie el costo de la guerra. Durante décadas, el departamento ha sufrido asesinatos, desplazamientos masivos, confinamientos de comunidades, reclutamiento de menores, extorsión y economías ilegales que han limitado su desarrollo. Precisamente por esa historia de dolor, la sociedad nariñense posee autoridad moral para exigir que cualquier esfuerzo de paz sea serio, transparente y definitivo.
La convocatoria realizada por el gobernador Luis Alfonso Escobar dejó un mensaje que merece ser escuchado por el país: Nariño debe hablar con una sola voz cuando se trata de defender la paz territorial. Esa unidad no implica uniformidad política ni renuncia al debate democrático. Significa comprender que la seguridad, la convivencia y el bienestar de miles de familias están por encima de cualquier diferencia ideológica.
Como periodista, considero que el mayor patrimonio de una democracia es la verdad. Y la verdad obliga a reconocer tanto los avances como las incertidumbres. Si existen resultados positivos, deben ser reconocidos. Si existen riesgos, deben advertirse oportunamente. Ese es precisamente el papel del periodismo responsable: preguntar, contrastar, analizar y contribuir al debate público sin renunciar a la independencia.
Colombia necesita una paz auténtica, pero también necesita que esa paz no sea utilizada para engañar a la opinión pública. Los grupos armados deben comprender que la sociedad colombiana ya no acepta negociaciones indefinidas ni compromisos ambiguos. Si existe una verdadera voluntad de abandonar la violencia, este es el momento de demostrarlo con decisiones irreversibles y verificables.
Sería profundamente preocupante que el departamento de Nariño volviera a convertirse en escenario de una guerra total, sin cuartel y sin límites, donde la principal víctima sea, una vez más, la población civil. La historia reciente nos recuerda el inmenso dolor que dejan los desplazamientos forzados, los confinamientos de comunidades enteras, los asesinatos selectivos, las amenazas, el reclutamiento de menores y el terror que paraliza la vida de los pueblos. Ningún proyecto político, ninguna diferencia ideológica y ningún interés armado puede justificar que miles de familias nariñenses vuelvan a vivir bajo el miedo y la incertidumbre.
Por ello, este es el momento de convocar a todos los sectores del departamento: autoridades, empresarios, organizaciones sociales, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, academia, iglesias, medios de comunicación y ciudadanía en general, para que hagamos una sola causa en defensa de la paz territorial. Cada peso que se destina a financiar la guerra es un peso que se le arrebata a la salud, a la educación, a la infraestructura vial, al desarrollo rural, a la generación de empleo y a las oportunidades para nuestros jóvenes. La guerra no produce vencedores; deja únicamente campos de dolor, de pobreza y de desesperanza.
Nariño no puede permitirse retroceder hacia una nueva espiral de violencia. Respetuosamente, hacemos un llamado al Gobierno Nacional que iniciará funciones el próximo 7 de agosto para que estudie con objetividad los avances alcanzados en este proceso de paz territorial antes de adoptar una decisión definitiva sobre su continuidad. Es razonable establecer límites, fijar plazos, exigir resultados verificables y demandar de los grupos armados un compromiso serio, inequívoco y definitivo con la Constitución Política de Colombia y el Estado de Derecho. Pero también resulta indispensable valorar, con criterios técnicos y no exclusivamente políticos, los logros obtenidos hasta ahora.
La paz no puede convertirse en un proceso indefinido, pero tampoco debe interrumpirse sin una evaluación responsable de sus resultados. Si el nuevo Gobierno considera necesario introducir ajustes, fortalecer los mecanismos de verificación o redefinir la estrategia, que así lo haga; pero que esa decisión esté sustentada en evidencias, en el interés superior de la Nación y, sobre todo, en la protección de la población civil. Nariño no reclama privilegios; reclama la oportunidad de consolidar una paz que permita cerrar definitivamente uno de los capítulos más dolorosos de su historia.
Los próximos cien días pueden representar una oportunidad decisiva para demostrar que la paz territorial puede construirse con responsabilidad, autoridad y respeto por el Estado de Derecho.
Ojalá prevalezca la sensatez sobre la confrontación, el compromiso sobre la incertidumbre y la voluntad política sobre los intereses particulares. Porque la paz no pertenece a un gobierno, ni a un partido, ni a un grupo armado; la paz pertenece a todos los colombianos.
Y Nariño, por la dignidad de su gente y por el futuro de las nuevas generaciones, merece dejar de ser noticia por la guerra para convertirse, de una vez por todas, en un verdadero referente nacional de reconciliación, desarrollo y esperanza.
