Colombia necesita una discusión seria, abierta y soberana sobre la política de drogas. Esa es, sin duda, la tarea pendiente que explica por qué, más allá de los discursos, la estructura prohibicionista sigue intacta. En esencia, no ha cambiado nada. Si bien el gobierno de Gustavo Petro prometió una transformación profunda del enfoque, en la práctica ha replicado decisiones similares a las de sus antecesores. La política prohibicionista —basada en la represión, la erradicación forzada y el uso de glifosato— no es ya patrimonio exclusivo de la derecha. Como revelamos en Página 10, bajo este gobierno se adjudicó un contrato por $2.673 millones para la compra y distribución de glifosato en 15 departamentos, incluido Nariño, con entregas previstas en Tumaco y Chachagüí. La política de drogas, más allá de la retórica, permanece en el mismo lugar.
Esta nota es parte del archivo histórico de Página 10.
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