Por: Pablo Emilio Obando A.
La madrugada del 3 de enero de 2026 pasará a la historia geopolítica de América Latina como un momento de extrema tensión. La operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos penales, ha provocado un debate profundo sobre la naturaleza real de esta intervención y sus consecuencias para la soberanía de los pueblos y el orden internacional.
Desde el otro lado del continente, el presidente Donald Trump no dudó en definir el operativo como un acto de cumplimiento de la ley —en particular, cargos vinculados con narcotráfico y terrorismo— y anunció que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela temporalmente, incluso con la mira puesta en el manejo de sus reservas petroleras.
Pero esta narrativa judicial, por más sólida que se pretenda, no explica por qué tras el operativo no se produjo un reemplazo efectivo del régimen político en Venezuela, sino una continuidad que inquieta y confunde: Delcy Rodríguez —la ex vicepresidenta— fue juramentada como presidenta interina en Caracas, sin que se observe una ruptura real del grupo político que gobernó antes del ataque estadounidense.
En derecho internacional, el uso de fuerza militar en territorio ajeno está, en principio, prohibido salvo en casos muy específicos: legítima defensa, autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o invitación expresa del Estado afectado. Ninguna de estas condiciones se cumplió en Venezuela. El propio Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió que la acción podría sentar “un precedente peligroso” y violar normas básicas del derecho internacional.
Incluso dentro de Estados Unidos hubo voces críticas: sectores demócratas calificaron el ataque como un regreso a una política intervencionista que recuerda épocas oscuras de dominación hemisférica.
Aquí se encuentra el núcleo de la paradoja. Si la intención era desmantelar un gobierno “criminal”, entonces eliminar a Maduro y llevarlo a juicio no debería bastar para justificar la operación. El mantenimiento de figuras como Delcy Rodríguez —y la presencia continua de estructuras del antiguo régimen— sugiere que *la operación fue más un golpe a la simbología del poder que a su base real.
Expertos en inteligencia señalan que la captura se planificó durante meses y fue ejecutada con precisión militar, pero no incluyó una ocupación prolongada ni una reforma profunda de las instituciones venezolanas. En la práctica, el país sigue dominado por el mismo aparato político, sólo que ahora bajo presión y vigilancia externa.
El anuncio de usar los ingresos petroleros venezolanos para financiar la intervención —un mensaje explícito de Trump— aporta claridad a una lectura pragmática: no se trató exclusivamente de justicia penal, sino de consolidar influencia sobre un país rico en recursos energéticos.
Históricamente, los grandes poderes justifican sus intervenciones con narrativas de seguridad o moral, pero rara vez actúan sin considerar intereses estratégicos profundos. En este sentido, la operación estadounidense recuerda a otros momentos del pasado donde la retórica de democratización y lucha contra el crimen sirvió de fachada para consolidar presencia geopolítica en regiones de interés.
El resultado no ha sido la implantación de una nueva autoridad soberana en Venezuela, sino una especie de gobierno doble, con autoridades interinas internas (como Delcy Rodríguez) que rechazan la intervención y reclaman la legitimidad del liderazgo anterior, y una administración externa que busca ejercer control indirecto sin asumir formalmente la gobernanza cotidiana del país.
Esta dualidad crea un vacío político peligroso: por un lado, no existe legitimidad interna para la administración interina; por otro, no hay legitimidad internacional plena para una ocupación directa prolongada, sobre todo sin respaldo del derecho internacional.
La acción fue duramente criticada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por países como China, Rusia, Cuba y Brasil, que la calificaron de “agresión” y violación de la soberanía venezolana. La condena de la comunidad internacional —aunque probablemente bloqueada en decisiones vinculantes por el veto estadounidense— pone en evidencia el rechazo de amplios sectores a esta forma de intervención unilateral.
Pero al mismo tiempo, hay países y sectores que respaldan el arresto de Maduro, argumentando la necesidad de aplicar justicia ante la acusación de crímenes graves. Esto refleja la fragmentación del consenso internacional sobre cómo abordar regímenes polémicos, y el peligro de que potencias con poder militar actúen por fuera de las normas que ellos mismos defienden.
Mientras algunos gobiernos occidentales se muestran cautos, España emitió una dura crítica al intervencionismo de Estados Unidos, señalando que el control de recursos estratégicos como el petróleo establece un precedente preocupante y peligroso para la soberanía de los Estados.
En Latinoamérica, la situación genera inquietud porque pone en duda la efectividad de sistemas multilaterales existentes (como la OEA) y podría desencadenar una nueva etapa de polarización regional.
La captura de Maduro no ha resuelto la crisis venezolana, ni ha generado un gobierno estable o legitimado por la mayoría del pueblo. Por el contrario, plantea varias cuestiones inquietantes: ¿Puede una potencia ejecutar una operación militar en otro país sin respaldo legal internacional? ¿Qué significa mantener al mismo grupo político en el poder bajo supervisión externa? ¿Qué mensaje deja esto sobre la soberanía de los Estados y las normas del derecho internacional?
La ambigüedad de esta intervención —simbólica por su acción militar, paradójica por su resultado político— podría marcar un precedente nuevo y peligroso en las relaciones internacionales del continente. Y plantea una pregunta fundamental: ¿es este el nuevo rostro del orden internacional o simplemente una ilustración del poder unilateral sin límites?
