Un escándalo político estremece al Partido Verde en el departamento de Nariño. El alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, denunció públicamente que la candidata a la Cámara de Representantes, Alejandra Abásolo, habría condicionado el respaldo presupuestal de la Gobernación de Nariño a un presunto apoyo político a su campaña.
En entrevista concedida al periodista Paulo Paz, el mandatario aseguró que la exasesora del gobernador Luis Alfonso Escobar —hoy candidata del Partido Verde— habría ejercido presiones indebidas vinculadas a proyectos clave para Ipiales, utilizando su influencia en el actual gobierno departamental para buscar favores electorales.
“Se condiciona el apoyo a proyectos estratégicos del municipio a cambio de respaldo electoral. Eso no es gestión pública, eso es coacción política”, afirmó el alcalde Pantoja.
Posibles delitos: constreñimiento al sufragante y tráfico de influencias
La denuncia no es solo política. Según conoció Página 10, el alcalde interpondrá una denuncia penal formal por dos posibles delitos:
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Constreñimiento al sufragante (Art. 389 del Código Penal): por presionar políticamente el voto o el respaldo electoral a cambio de recursos públicos.
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Tráfico de influencias (Art. 411): por presuntamente valerse de su cargo como asesora del gobernador para incidir indebidamente en decisiones administrativas en favor de su candidatura.
Ambas conductas, de comprobarse, podrían derivar en penas de prisión, pérdida de investidura y nulidad electoral.
¿Revocatoria de candidatura?
Más allá de la denuncia penal, expertos en derecho electoral consultados por Página 10 señalan que, ante una posible coacción al elector, cualquier ciudadano podría solicitar la revocatoria de la candidatura de Abásolo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto se fundamenta en lo que se conoce como “causal subjetiva de nulidad electoral”, aplicable cuando se prueba que hubo manipulación del voto mediante presiones, promesas o amenazas.
El caso podría sentar un precedente nacional, dado que involucra a una figura política que hasta hace poco hacía parte del círculo más cercano del gobernador de Nariño.
Silencio que compromete
Hasta el momento, el gobernador Luis Alfonso Escobar no se ha pronunciado sobre las graves denuncias que involucran a su exasesora y actual candidata. El silencio institucional ha sido interpretado por sectores políticos como una confirmación tácita del poder e influencia que tendría Abasolo al interior de la administración departamental.
Además, este prolongado silencio ha sido leído como una posible señal de apoyo o convalidación de las prácticas denunciadas, en tanto se esperaba que el mandatario actuara como garante del proceso electoral, saliendo de inmediato a desmentir, aclarar o rechazar cualquier comportamiento que vulnerara la legalidad.
“El gobernador debió pronunciarse de inmediato para evitar cualquier duda sobre su neutralidad o para salvaguardar la institucionalidad. Al no hacerlo, abre espacio para suposiciones legítimas sobre una presunta complicidad política”, indicó un analista consultado.
El Partido Verde, en silencio ante la denuncia
Tampoco, la dirección nacional ni departamental del Partido Verde se ha pronunciado sobre las graves acusaciones que involucran a su candidata a la Cámara. Desde diversos sectores sociales y políticos se exige que la colectividad asuma una postura clara frente a los hechos denunciados, ya que el silencio partidista no solo debilita su imagen ética ante la opinión pública, sino que podría interpretarse como una aceptación tácita o indiferencia frente a posibles prácticas que atentan contra la transparencia electoral. En un momento clave para la democracia regional, se espera que el partido defina si respalda o no este tipo de actuaciones atribuidas a una de sus aspirantes.
Maquinaria política en la mira
Este nuevo episodio revive el debate sobre el uso indebido de la maquinaria institucional en tiempos electorales, especialmente en departamentos con altos niveles de dependencia de los recursos públicos para el desarrollo de proyectos locales.
Desde distintos sectores se pide ya la intervención de la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral, no solo para investigar los hechos, sino para garantizar condiciones de equidad y transparencia en el proceso electoral que se avecina.
Desde Página 10 seguiremos de cerca la evolución de este caso y los movimientos legales y políticos que se deriven de esta denuncia.
La ciudadanía de Nariño merece elecciones limpias, libres de presiones y con garantías reales para todos los actores.
