Por: Luis Efrén Delgado Eraso
Presidente de ASOINAGRO
La ministra de Agricultura presentó anoche ante el país, en el Consejo de Ministros, un balance sobre los avances de la reforma agraria, uno de los pilares más ambiciosos del actual gobierno y, sin duda, una de las deudas históricas más profundas con el campo colombiano.
El informe, cargado de cifras y anuncios, plantea un escenario optimista: adquisición de tierras, formalización de predios, fortalecimiento de la economía campesina y recuperación de la función social de la propiedad rural. Sin embargo, como suele ocurrir en Colombia, la realidad en los territorios invita a un análisis más reposado y crítico.
Desde una perspectiva técnica y territorial, es necesario reconocer que la reactivación del debate agrario ya es, en sí misma, un avance. Durante décadas, la discusión sobre el acceso a la tierra estuvo relegada o limitada a enfoques asistencialistas. Hoy, al menos en el discurso, se habla de democratizar la propiedad rural, de mejorar la productividad y de garantizar condiciones dignas para los productores. Eso es positivo.
El informe ministerial destaca la compra de miles de hectáreas y su adjudicación a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. No obstante, el primer punto crítico es la calidad de esas tierras. No basta con entregar hectáreas; es indispensable que estas sean productivas, cuenten con acceso a agua, vías terciarias, asistencia técnica y condiciones de mercado. De lo contrario, se corre el riesgo de repetir modelos fallidos, en los que la tierra termina subutilizada o abandonada.
En regiones como Nariño, donde la geografía es compleja y la fragmentación predial es alta, la reforma agraria debe ir más allá de la simple redistribución. Aquí el reto no es solo el acceso, sino la sostenibilidad productiva. Entregar tierras en zonas de ladera, sin acompañamiento técnico, sin crédito y sin infraestructura, es condenar al pequeño productor a una economía de subsistencia.
Otro aspecto relevante del informe es la formalización de la propiedad. Este punto es fundamental, ya que la seguridad jurídica sobre la tierra permite al productor acceder a crédito, invertir y planificar a largo plazo. Sin embargo, los procesos de formalización siguen siendo lentos, burocráticos y, en muchos casos, alejados de la realidad campesina.
Se requiere una institucionalidad más ágil, con presencia efectiva en los territorios. También se ha insistido en el fortalecimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria. Este enfoque es acertado, pero debe traducirse en acciones concretas: extensión agropecuaria de calidad, acceso real a insumos a precios competitivos, comercialización justa y articulación con mercados regionales y nacionales. Sin estos elementos, la reforma agraria se queda en una redisibución sin desarrollo.
Un punto que preocupa es la falta de articulación entre la entrega de tierras y la política productiva. La reforma agraria no puede caminar sola; debe estar integrada con políticas de riego, crédito, innovación y comercialización. De lo contrario, se corre el riesgo de generar expectativas que no se materializan en mejoras reales de ingresos para los campesinos.
En Nariño, donde el agro es motor económico y sustento de miles de familias, la reforma agraria debe leerse con lupa. Aquí no solo se necesita tierra, sino también condiciones para producir mejor, reducir costos y acceder a mercados.
La crisis de los fertilizantes, la volatilidad de los precios y la falta de infraestructura siguen siendo barreras estructurales que ningún informe puede ignorar.
La ministra muestra avances importantes en términos de gestión y voluntad política. Sin embargo, el verdadero éxito de la reforma agraria no se medirá en hectáreas entregadas, sino en productividad, ingresos y calidad de vida para los agricultores.
El desafío no es repartir, sino transformar el campo. La reforma agraria no puede ser solo un ejercicio de cifras, sino una realidad palpable en cada parcela de Nariño y de Colombia.
