Una nueva controversia política rodea al exgobernador de Nariño y excandidato presidencial Camilo Romero Galeano. Esta vez, el conflicto no está en la plaza pública ni en la disputa electoral, sino en los estrados judiciales: un juzgado de Bogotá admitió una demanda contra el partido Alianza Democrática Amplia (ADA) por una deuda que supera los 450 millones de pesos, dinero que Romero reclama como pendiente de pago por concepto de reposición de votos.
La información fue revelada por La Silla Vacía, que detalló que el caso tiene su origen en la consulta presidencial del Pacto Histórico de 2022, en la que Romero participó con el aval del ADA. En ese proceso electoral, el dirigente nariñense obtuvo 227 mil votos y reportó gastos por 1.299 millones de pesos, cifra que le permitió acceder al mecanismo de reposición de votos, es decir, al reembolso estatal de parte de los recursos invertidos en campaña.
Según la reclamación judicial, esos recursos ingresaron al partido ADA, que posteriormente debía girar el dinero correspondiente a Camilo Romero. Sin embargo, de acuerdo con la demanda, el pago no se habría realizado de manera completa.
Romero está reclamando exactamente 451.598.469 pesos como capital pendiente de pago. A esa suma se agregan los intereses legales, liquidados desde el 19 de abril de 2023 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago total, con una tasa del 6 % anual.
El proceso ya comenzó a avanzar. El Juzgado 32 de Bogotá admitió la demanda, libró el mandamiento de pago y solicitó al partido ADA responder formalmente por los señalamientos hechos por el excandidato presidencial.
El caso abre una nueva fisura entre un actor político de relevancia nacional como Camilo Romero y la colectividad que respaldó su aspiración en la consulta interna del Pacto Histórico. Más allá del monto, el expediente pone sobre la mesa una discusión sensible: el manejo de los recursos derivados de la financiación estatal de campañas y la relación entre candidatos y partidos en Colombia.
Para Nariño, donde Romero mantiene un importante capital político por su paso por la Gobernación, el proceso también tiene una lectura regional. No se trata solo de una disputa económica, sino de un episodio que puede tener eco en su imagen pública y en sus futuras movidas dentro del escenario político nacional.
Por ahora, la controversia entra en fase judicial y será la justicia la que determine si ADA incumplió con el pago reclamado por Romero o si el partido tiene argumentos para desvirtuar la deuda que hoy lo enfrenta con uno de los dirigentes más visibles del suroccidente colombiano.
