Por: Pablo Emilio Obando A.
Consideramos que hay momentos en la historia de una institución en los que el silencio deja de ser prudencia y se convierte, sin ambages, en complicidad. Lo que hoy ocurre en la Institución Educativa Municipal Luis Delfín Insuasty Rodríguez de Pasto no puede leerse como una simple protesta estudiantil más; es, en esencia, un síntoma profundo de una enfermedad institucional que lleva algún tiempo incubándose entre decisiones opacas, prácticas cuestionables y, sobre todo, una preocupante ausencia de liderazgo pedagógico auténtico.
Resulta, por decir lo menos, revelador que sea el personero estudiantil, Sebastián Paz, quien levante la voz. No los maestros, no los llamados a orientar con criterio y carácter los destinos de la educación, sino los estudiantes. Jóvenes de grado décimo y undécimo que, desde el auditorio institucional, han decidido denunciar lo que califican como un caos: presuntos fraudes, alteraciones documentales, cambios inconsultos en los modelos de evaluación y un desconocimiento flagrante del gobierno escolar.
Y aquí surge la primera gran pregunta, incómoda pero necesaria: ¿dónde están los maestros?
No basta con reconocer, en voz baja o en privado, el liderazgo del estudiantado. No es suficiente asentir con la cabeza en los pasillos mientras en los espacios formales reina el mutismo. La educación no puede sostenerse sobre la cobardía ni sobre el cálculo mezquino de la estabilidad laboral. Cuando el docente calla ante lo que considera irregular, renuncia no solo a su voz, sino a su esencia misma como formador de ciudadanía.
Porque educar no es únicamente transmitir contenidos; es, ante todo, formar criterio, carácter y sentido crítico. ¿Con qué autoridad moral puede un maestro hablar de democracia, participación y justicia si, frente a su propia realidad institucional, opta por el silencio?
Las denuncias de los estudiantes no son menores. Señalan que se han hecho firmar asistencias que luego se presentan como capacitaciones inexistentes; que se han introducido cambios en los sistemas de evaluación sin consulta ni sustento pedagógico; que las decisiones se imponen más desde la verticalidad del poder que desde la construcción colectiva que exige cualquier proyecto educativo serio.
Si esto es cierto —y corresponde a las autoridades competentes esclarecerlo— estamos frente a una grave distorsión del sentido mismo de la escuela.
La autoridad, conviene recordarlo, no se impone: se construye. No nace del cargo, sino del conocimiento; no se sostiene en el miedo, sino en el respeto. Un rector o directivo que pretende gobernar a punta de imposiciones desconoce que la educación es, por naturaleza, un ejercicio profundamente democrático.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en las directivas. El silencio docente, ese que se justifica en el temor o en la conveniencia, también erosiona la institucionalidad. Porque cuando los adultos abdican de su papel, los jóvenes —con razón— ocupan ese vacío.
Y eso es precisamente lo que estamos viendo: una rebelión de los lápices.
Una generación que no está dispuesta a aceptar sin cuestionar. Que no se conforma con la simulación de participación. Que exige coherencia entre el discurso pedagógico y la práctica institucional. Y en esa rebeldía hay, paradójicamente, una lección profunda que los adultos deberíamos estar dispuestos a aprender.
Ahora bien, este no es un asunto que pueda resolverse puertas adentro ni con comunicados tibios. La situación exige la intervención clara, oportuna y transparente de la Secretaría de Educación Municipal, de la Alcaldía de Pasto y de todos los estamentos que tienen responsabilidad en la vigilancia y orientación del sistema educativo.
No se trata de tomar partido a ciegas, sino de investigar con rigor. De escuchar a todas las voces. De garantizar que cualquier decisión esté sustentada en principios pedagógicos, legales y éticos.
Pero, sobre todo, se trata de evitar que la desconfianza se convierta en norma.
Porque cuando una comunidad educativa pierde la fe en sus propias reglas, en sus propios líderes y en sus propios procesos, lo que está en juego no es solo el funcionamiento de una institución, sino la credibilidad misma de la educación como proyecto social.
Hoy los estudiantes advierten que, de no ser escuchados, irán hasta las últimas consecuencias: ceses académicos, paros, nuevas jornadas de protesta. Y más allá de juzgar la forma, convendría preguntarnos por el fondo: ¿qué tan grave debe ser una situación para que los jóvenes decidan interrumpir su propio proceso educativo como mecanismo de presión?
La respuesta, aunque incómoda, parece evidente.
Este es el momento de actuar. De hablar. De asumir responsabilidades. De romper silencios.
Porque si los maestros no enseñan con el ejemplo, si los directivos no lideran con legitimidad, si las autoridades no intervienen con decisión, entonces serán los estudiantes —como ya está ocurriendo— quienes escriban esta historia.
Y lo harán, como hoy, con la tinta firme de la inconformidad.
La rebelión de los lápices no es el problema.
Es la consecuencia.
