El reclamo fue presentado mediante un comunicado fechado el 22 de mayo de 2026, suscrito por comunidades y organizaciones como Recompas, el Consejo Comunitario Ancestros del Río Mejicano, la Asociación Porvenir Campesino, Asoporca, Aczocar y el Consejo Comunitario El Rescate Las Varas. Según los firmantes, las reuniones se realizaron en el marco del cumplimiento de fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, así como de compromisos adquiridos luego de jornadas de movilización desarrolladas el año anterior.

El punto central de la denuncia es que, pese a la existencia de órdenes judiciales, el Estado no habría presentado respuestas efectivas para aliviar la situación de miles de familias que firmaron acuerdos colectivos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito entre 2017 y 2018.

“El mandato judicial existe. El cumplimiento, no”, señalaron las comunidades, en una frase que resume el malestar acumulado en los territorios.

De acuerdo con el documento, las comunidades reclaman el cumplimiento de decisiones como la Sentencia 2022-3053 del Consejo de Estado, la Sentencia T-172 de 2024 y la Sentencia SU-545 de 2023 de la Corte Constitucional. Según los firmantes, estos fallos amparan derechos fundamentales como el debido proceso, el mínimo vital y el cumplimiento de buena fe de los acuerdos colectivos suscritos en el marco del PNIS.

Pagos pendientes y familias excluidas

Uno de los reclamos más sensibles tiene que ver con los pagos del Plan de Atención Inmediata, PAI, concebido como apoyo económico para las familias que erradicaron voluntariamente los cultivos de coca y apostaron por economías lícitas.

En el caso del Consejo Comunitario Río Mejicano, las organizaciones aseguran que 1.651 familias firmaron el acuerdo colectivo del PNIS. Sin embargo, solo 674 habrían recibido la totalidad de los pagos del PAI, mientras que 348 familias no habrían recibido ningún desembolso. Además, al menos 400 hogares habrían quedado por fuera del programa debido a barreras logísticas atribuidas a la institucionalidad.

Para las comunidades, esta situación no solo representa un incumplimiento administrativo. También golpea la confianza en la sustitución voluntaria, pues muchas familias dejaron los cultivos ilícitos bajo la promesa de recibir acompañamiento económico, proyectos productivos, asistencia técnica y garantías de seguridad.

El temor de fondo es claro: cuando el Estado incumple, las economías ilegales recuperan terreno.

Seguridad de líderes, una alerta urgente

El comunicado también advierte sobre la situación de riesgo que enfrentan líderes y lideresas vinculados al PNIS en Tumaco. Las organizaciones señalaron que la Unidad Nacional de Protección, UNP, no ha respondido formalmente a solicitudes individuales y colectivas presentadas por promotores del programa.

Tumaco, según las comunidades, concentra el 14,2 % de las familias inscritas en el PNIS y sigue siendo una de las zonas más golpeadas por la violencia en el país. En ese contexto, la falta de medidas de protección efectivas no es vista como un asunto menor, sino como una amenaza directa contra la vida de quienes han impulsado la sustitución voluntaria en los territorios.

“La ausencia de medidas de protección efectivas no es un asunto administrativo menor: es una cuestión de vida o muerte”, afirmaron los firmantes.

Las organizaciones también mencionaron el asesinato, ocurrido esa misma semana, de un integrante del esquema de protección de uno de los líderes comunitarios, hecho que profundiza la preocupación por la seguridad de quienes participan en estos procesos.

Exigen cronograma y responsables

Entre las principales exigencias, las comunidades pidieron que la Agencia de Renovación del Territorio, ART, y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, DSCI, presenten en un plazo no mayor a diez días hábiles un cronograma con fechas ciertas y responsables definidos para cumplir cada orden de la Sentencia T-172 de 2024.

También reclamaron el pago inmediato de los saldos pendientes del PAI, rutas de reingreso para familias excluidas y el funcionamiento efectivo de la Mesa de Diálogo Social y Concertación, creada mediante la Resolución 1399 de 2025.

Las comunidades solicitaron que el Ministerio del Interior garantice la presencia de funcionarios con capacidad real de decisión, mecanismos públicos de rendición de cuentas y cumplimiento verificable de los compromisos adquiridos.

Tumaco, entre la sustitución y el abandono

El caso de Tumaco vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo para Colombia: ¿cómo sostener la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos si las familias que confiaron en el Estado no reciben respuestas oportunas?

En el Pacífico nariñense, la sustitución no es solo una política antidrogas. Es una apuesta por la vida, por la permanencia en el territorio, por la economía campesina y por la protección de comunidades negras, indígenas y campesinas que han sufrido durante décadas el peso de la violencia, el narcotráfico y el abandono institucional.

El comunicado conecta sus reclamos con el Conpes 4184 de Reforma Agraria, aprobado en febrero de 2026, al señalar que sin bienes públicos rurales, comercialización de productos lícitos, vías, asistencia técnica y mejores condiciones territoriales, las economías ilegales seguirán siendo más atractivas para muchas familias rurales.

“Hemos asistido a cada mesa, firmado cada acta, esperado cada desembolso”, señalaron las organizaciones.

La frase deja ver el cansancio de comunidades que no piden nuevos discursos, sino cumplimiento. En Tumaco, donde la sustitución voluntaria se juega entre la esperanza y el riesgo, cada incumplimiento no solo retrasa un programa: debilita la confianza en el Estado y deja a las familias en medio de una presión cada vez más peligrosa.