Por: Luis Efrén Delgado Eraso
Presidente de ASOINAGRO
Cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro entra en su recta final, es oportuno hacer un balance sereno y objetivo sobre sus impactos en el agro nariñense. Más allá de las simpatías o diferencias políticas, la pregunta que debemos hacernos es sencilla: ¿mejoró la situación del campo en Nariño durante estos cuatro años?
La respuesta no es absoluta. Hay avances importantes que sería injusto desconocer, pero también persisten problemas estructurales que limitan la competitividad y la rentabilidad de nuestros productores.
Uno de los mayores logros del Gobierno nacional en Nariño estuvo relacionado con la reforma agraria. El departamento se convirtió en uno de los territorios más beneficiados por los procesos de formalización y entrega de tierras. Según cifras oficiales, durante este período se formalizaron cerca de 109.000 hectáreas y se entregaron más de 48.000 hectáreas mediante procesos de restitución, beneficiando a miles de familias rurales.
Además, en 2026 se formalizaron más de 58.000 hectáreas para comunidades indígenas y afrodescendientes de los pueblos Awá, Pastos, Quillasingas y organizaciones comunitarias del Pacífico nariñense.
Igualmente, Nariño fue escenario de iniciativas emblemáticas de la reforma rural, como la consolidación de territorios campesinos agroalimentarios y procesos de titulación colectiva en San Pablo y Tumaco.
En materia de inversión, la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, destinó algunos recursos para proyectos productivos. Sin embargo, desconocemos si fueron ejecutados en su totalidad o no. El lado oscuro de la misma ADR está en el desacertado e irresponsable manejo que le dio a los Planes de Extensión Agropecuaria, PDEA, es decir, a la asistencia técnica.
Para 2025, este proceso fue entregado sin ningún criterio técnico a una EPSEA del Huila, razón por la cual terminó siendo un fracaso total. Esta situación perjudicó a 2.600 pequeños y medianos productores de 48 municipios del departamento, con un costo de $2.983 millones de pesos, recursos que prácticamente se perdieron por la pésima ejecución.
Para 2026, la misma ADR adjudicó otro contrato con el mismo objeto a una EPSEA de Risaralda. Este proceso aún no inicia, pero igualmente está muy cuestionado. Estas desacertadas decisiones de la ADR, sin lugar a dudas, constituyen un irrespeto a las EPSEA legalmente constituidas por profesionales del departamento y a la Universidad de Nariño, que cuenta con una EPSEA con su documentación al día.
Adicionalmente, la Agencia de Desarrollo Rural incumplió compromisos adquiridos con 1.100 productores de cebolla de bulbo de seis municipios y terminó generando falsas expectativas este fin de semana al oficializar una pulverizadora de leche. La noticia resulta engañosa, pues el proyecto ni siquiera está en fase III.
Sin embargo, el balance cambia cuando observamos la competitividad del sector. El productor nariñense continuó enfrentando altos costos de fertilizantes, insumos, transporte y logística, lo que afectó la rentabilidad de cultivos estratégicos como papa, café, cacao, limón Tahití, hortalizas y lácteos.
Aunque el Gobierno impulsó programas de crédito y financiamiento rural, muchos pequeños productores siguieron encontrando dificultades para acceder a ellos por falta de garantías o por excesiva tramitología.
La infraestructura rural tampoco mostró transformaciones proporcionales a las necesidades del departamento. Miles de productores continúan enfrentando dificultades para sacar sus cosechas debido al mal estado de las vías terciarias, una limitante que reduce la competitividad y encarece los alimentos para los consumidores.
Otro aspecto que genera debate es la seguridad rural. Aunque hubo esfuerzos de sustitución de cultivos ilícitos y procesos de formalización en Tumaco y el Pacífico nariñense, la presencia de grupos armados ilegales siguió afectando amplias zonas productivas, limitando la inversión privada y generando incertidumbre para muchas familias campesinas.
Desde una perspectiva técnica, el principal legado de este Gobierno en Nariño no se encuentra en el incremento de la productividad agropecuaria, sino en el acceso y la formalización de la tierra. Ese es, sin duda, un cambio histórico. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que entregar tierra es apenas el primer paso, porque sin asistencia técnica permanente, agroindustria, riego, asociatividad, comercialización, infraestructura y acceso efectivo a mercados, la tierra por sí sola no garantiza desarrollo rural.
Por ello, el próximo Gobierno encontrará una tarea pendiente: transformar la reforma agraria en una reforma productiva. El desafío no será únicamente distribuir tierra, sino convertirla en riqueza, empleo y bienestar para quienes la trabajan.
Al final, el agro nariñense recibió más atención del Estado que en décadas anteriores y obtuvo avances significativos en materia de acceso a la tierra. Pero la gran deuda sigue siendo la misma de siempre: lograr que producir en Nariño sea un negocio rentable, competitivo y sostenible para nuestros agricultores.
Esa será la verdadera medida del éxito del campo colombiano en los próximos años. Porque la tierra es importante, pero lo que realmente dignifica al campesino es la posibilidad de vivir bien en ella.
EPSEA: Entidad Prestadora de Servicios de Extensión Agropecuaria, asistencia técnica.
