Pablo Emilio Obando Acosta
La política suele sorprender cuando quienes durante años han ocupado orillas ideológicas opuestas terminan coincidiendo en una misma decisión. Eso ocurrió con la elección de la Presidencia del Senado de la República para el período constitucional 2026-2027, cuando sectores del Pacto Histórico y del Centro Democrático respaldaron una misma candidatura. El hecho, por sí solo, constituye un acontecimiento político que merece una reflexión serena, desapasionada y, sobre todo, responsable.
En una democracia sólida, los acuerdos entre fuerzas políticas no deberían ser motivo de escándalo. Por el contrario, la capacidad de construir consensos constituye uno de los pilares de la deliberación parlamentaria. El problema no radica en que existan acuerdos, sino en conocer el propósito que los inspira.
La política deja de ser un instrumento al servicio del interés general cuando los consensos obedecen únicamente a cálculos coyunturales. Pero también se fortalece cuando las diferencias ideológicas ceden espacio a la construcción institucional y al bienestar colectivo. Allí reside el verdadero dilema.
Resulta inevitable preguntarse qué mensaje recibe el país cuando dos fuerzas que durante años protagonizaron profundas confrontaciones políticas deciden actuar de manera convergente en una de las decisiones más importantes del Congreso. ¿Estamos frente a una demostración de madurez democrática? ¿O simplemente asistimos a una reconfiguración estratégica de las mayorías parlamentarias?
Ninguna de estas preguntas admite respuestas apresuradas. La prudencia obliga a reconocer que las motivaciones de una decisión política no pueden presumirse ni convertirse en afirmaciones categóricas sin evidencia suficiente. Sin embargo, la ciudadanía sí tiene derecho a exigir transparencia, coherencia y explicaciones sobre las decisiones que moldean el rumbo institucional del país.
El Congreso de la República no fue concebido para ser una prolongación del Gobierno de turno ni una barricada permanente contra el Ejecutivo. Su misión constitucional consiste en representar a los ciudadanos, ejercer control político y producir leyes que respondan al interés nacional. Esa responsabilidad exige independencia, deliberación y autonomía frente a cualquier presión política.
La Presidencia del Senado posee un peso institucional considerable. Coordina la agenda legislativa, dirige los debates y representa políticamente a la corporación. No obstante, su legitimidad no se mide únicamente por el número de votos obtenidos, sino por la capacidad de garantizar equilibrio, pluralismo, respeto por las minorías y absoluta imparcialidad en la conducción de los debates. Por ello, el verdadero examen no terminó con la elección. Apenas comienza.
Durante décadas, la política colombiana ha convivido con un concepto que ha terminado incorporándose al lenguaje cotidiano: la llamada “mermelada”. Más allá de su significado coloquial, el término simboliza una preocupación legítima de la ciudadanía frente a la posibilidad de que los apoyos parlamentarios respondan a intereses burocráticos antes que al mérito de las iniciativas legislativas. Precisamente por esa historia, toda nueva mayoría tiene el deber ético y político de demostrar que sus decisiones obedecen a razones programáticas y no a beneficios particulares. La confianza pública no se recupera mediante discursos. Se construye con hechos.
Si esta nueva coincidencia parlamentaria se traduce en debates de mayor calidad, reformas técnicamente sólidas, fortalecimiento del control político y defensa del interés nacional, Colombia habrá dado un paso importante hacia una democracia más madura. Si, por el contrario, reproduce prácticas clientelistas o acuerdos alejados del mandato ciudadano, la historia terminará ubicándola como una oportunidad desperdiciada.
Las democracias contemporáneas no fracasan porque existan acuerdos entre adversarios. Fracasan cuando esos acuerdos carecen de transparencia, cuando sustituyen los principios por las conveniencias o cuando el interés colectivo termina subordinado a la lógica del poder.
Quizá la mayor enseñanza de este episodio no sea que el Pacto Histórico y el Centro Democrático votaron en el mismo sentido. Lo verdaderamente trascendental será comprobar si esa coincidencia se convierte en una alianza para fortalecer las instituciones o simplemente en una expresión más de la aritmética parlamentaria.
Al final, el país no juzgará esta decisión por la fotografía de una votación ni por los titulares del momento. La juzgará por sus resultados.
Porque en democracia las alianzas son legítimas. Lo que nunca deja de ser exigible es que estén al servicio de Colombia y no de los intereses transitorios de quienes ejercen el poder.
