Pablo Emilio Obando A.
-Colombia necesita reconstruir a sus damnificados, pero también necesita reconstruir su manera de habitar el territorio-
Colombia acaba de recibir una de esas advertencias de la naturaleza que ningún gobierno puede ignorar. El terremoto de magnitud 7,4 que estremeció al país el pasado 10 de agosto dejó muerte, destrucción, miles de viviendas afectadas y una factura económica que ya se estima preliminarmente en alrededor de 30 billones de pesos. Las cifras continúan cambiando mientras avanzan los censos y las evaluaciones.
Pero detrás de los escombros existe una pregunta mucho más profunda que la de cuánto costará reconstruir.
La pregunta es:
¿Debemos reconstruir exactamente en los mismos lugares donde se produjo la tragedia?
Mi respuesta es: NO necesariamente.
Y formular esta pregunta no significa desconocer el arraigo de las comunidades, sus tradiciones, sus vínculos familiares, sus actividades económicas o su memoria colectiva. Significa, precisamente, asumir con responsabilidad que una reconstrucción inteligente no puede limitarse a levantar nuevamente aquello que acaba de caer.
Colombia debe tener el valor de discutir una posibilidad que hasta ahora ha parecido políticamente incómoda: reconstruir determinadas poblaciones en lugares de menor amenaza y mayor capacidad de resiliencia territorial.
No se trata de abandonar pueblos. Se trata de evitar que volvamos a construir el mismo riesgo.
El concepto técnico es fundamental: amenaza no es lo mismo que riesgo.
La amenaza sísmica corresponde a la probabilidad de que determinadas intensidades de movimiento del terreno puedan presentarse en un territorio durante un período determinado. El riesgo, en cambio, incorpora la exposición y la vulnerabilidad de las personas, edificaciones, infraestructura y actividades económicas frente a esa amenaza.
Por eso, dos poblaciones situadas a una distancia semejante de una fuente sísmica pueden experimentar consecuencias radicalmente diferentes.
El tipo de suelo importa. La geología importa. La topografía importa. La calidad de las construcciones importa. La planificación urbana importa. La infraestructura crítica importa. Y también importa la capacidad de una sociedad para responder y recuperarse.
El Servicio Geológico Colombiano dispone de un Modelo Nacional de Amenaza Sísmica, elaborado con información geológica, tectónica y sismológica, que permite estimar probabilísticamente las intensidades esperadas y constituye un instrumento fundamental para la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial.
Pero hay algo que debemos entender con absoluta claridad: un mapa nacional no basta para decidir dónde reconstruir una ciudad.
El propio Servicio Geológico Colombiano advierte que sus resultados de amenaza se calculan, entre otros parámetros, sobre roca firme y que no incorporan necesariamente todos los efectos de sitio. Tampoco sustituyen los estudios específicos ni los coeficientes establecidos por el reglamento de diseño sismorresistente.
Ahí comienza precisamente la discusión que Colombia debería emprender.
Antes de colocar nuevamente la primera piedra, deberíamos realizar un Mapa de Reconstrucción Segura para cada población devastada.
No un simple mapa de amenaza sísmica. Un mapa integral.
Uno que combine amenaza sísmica, geología, geomorfología, condiciones del suelo, pendientes, susceptibilidad a movimientos en masa, posibilidad de licuación del suelo, efectos de sitio, amenaza por inundación, disponibilidad de agua, accesibilidad, infraestructura existente y capacidad de expansión urbana.
El concepto de Vs30, utilizado para caracterizar las condiciones del subsuelo a partir de la velocidad promedio de onda de corte en los primeros 30 metros, resulta particularmente relevante para comprender cómo puede comportarse el terreno frente a un movimiento sísmico. El SGC utiliza esta variable en sus estudios de intensidad sísmica esperada en superficie.
No estamos, por tanto, ante una fantasía urbanística. Estamos ante una posibilidad técnica.
Y esa posibilidad debería convertirse en una política pública.
Propongo que las poblaciones afectadas sean clasificadas en tres grandes categorías.
Primera: reconstrucción en el mismo lugar.
Aquellas zonas donde los estudios determinen que el riesgo puede ser manejado mediante normas adecuadas, reforzamiento estructural, mejoramiento del suelo, infraestructura segura y estricto cumplimiento de las normas sismoresistentes.
Segunda: reconstrucción condicionada.
Territorios donde sea posible permanecer, pero solamente después de ejecutar obras de mitigación, reforzamiento estructural, renovación urbana, estabilización de terrenos, mejoramiento de servicios públicos e infraestructura crítica.
Tercera: reasentamiento.
Aquellos lugares donde los estudios científicos determinen la existencia de riesgo no mitigable.
Aquí Colombia deberá tener el coraje de aceptar una verdad incómoda: si sabemos que un territorio no ofrece condiciones razonables para proteger la vida, reconstruir allí puede ser financieramente irresponsable y humanamente injustificable.
No podemos gastar miles de millones de pesos en reconstruir hoy las ruinas que tendremos que volver a reconstruir mañana.
Pero tampoco sería sensato elaborar un listado simplista de departamentos “seguros”.
No existe un departamento mágicamente protegido contra todos los fenómenos naturales.
Algunas áreas del altiplano cundiboyacense, sectores de los Llanos Orientales, determinadas zonas de la región Caribe y algunos territorios del Caribe interior podrían ser objeto de estudios comparativos para eventuales procesos de reasentamiento.
Pero esa afirmación debe ser entendida exactamente como lo que es: una hipótesis de planificación territorial que requiere estudios geológicos, geotécnicos, ambientales y urbanos de detalle.
No se puede decir que todo Boyacá, todo el Meta o todo el Caribe sean territorios seguros. Eso sería científicamente irresponsable. Colombia debe pasar de pensar en departamentos a pensar en sitios concretos. Y aquí aparece una posibilidad extraordinaria.
¿Por qué no aprovechar la reconstrucción para crear nuevos centros urbanos resilientes? No hablo simplemente de construir viviendas. Hablo de construir ciudades capaces de resistir. Ciudades con escuelas sismorresistentes. Hospitales seguros. Redes de agua redundantes. Sistemas eléctricos protegidos. Vías de evacuación.
Espacios públicos capaces de funcionar como zonas de emergencia. Telecomunicaciones alternativas. Sistemas de alerta y monitoreo. Normas estrictas de uso del suelo. Y vivienda digna construida bajo rigurosos criterios de seguridad estructural.
En otras palabras:
No reconstruir exactamente lo que se cayó. Construir mejor aquello que necesitamos para el futuro.
Las grandes ciudades colombianas no necesariamente deben ser trasladadas.
Cali, Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y otras ciudades con profundas raíces sociales y económicas requieren, antes que un desplazamiento masivo, políticas de reforzamiento estructural, renovación urbana, gestión del suelo, actualización de infraestructura crítica, preparación comunitaria y control efectivo de las normas de construcción.
La situación es diferente en pequeñas poblaciones rurales o urbanas que hayan quedado gravemente destruidas y cuyos estudios posteriores determinen que presentan condiciones de riesgo no mitigable.
En esos casos, el reasentamiento podría ser no solamente posible sino necesario. Y debería hacerse respetando la identidad de las comunidades. Una nueva ciudad no tiene por qué significar una nueva identidad. Puede significar una nueva oportunidad.
También existe una dimensión económica que no podemos ignorar. La reconstrucción puede convertirse en una gigantesca política nacional de empleo local y transformación productiva.
Los damnificados pueden participar directamente en la reconstrucción mediante programas de capacitación en construcción sismoresistente, infraestructura, servicios públicos, mantenimiento, agricultura y nuevas actividades económicas.
La reconstrucción no debería limitarse a entregar subsidios. Debe devolver autonomía. Debe devolver empleo. Debe devolver dignidad. Debe devolver futuro.
Colombia ya posee instrumentos científicos para comenzar esta tarea. El SGC cuenta con mapas de amenaza, modelos de fuentes sismogénicas, resultados de amenaza en roca, información para centros poblados, mapas de intensidad y referencias asociadas al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
Lo que falta es convertir ese conocimiento en una decisión política de largo plazo.
Por eso propongo una Estrategia Nacional de Reasentamiento y Reconstrucción Segura.
Una política de Estado, no una respuesta coyuntural.
Una política que permita determinar dónde reconstruir, dónde reforzar, dónde transformar y dónde trasladar.
Una política que entienda que el ordenamiento territorial también es una política de protección de la vida.
Porque existe una diferencia enorme entre reconstruir después de una tragedia y aprender de ella.
La primera opción devuelve el pasado.
La segunda construye el futuro.
Colombia tiene ahora una oportunidad dolorosa pero histórica.
Puede utilizar los recursos de la reconstrucción para levantar nuevamente las mismas vulnerabilidades, o puede aprovechar esta tragedia para iniciar una transformación profunda de su modelo territorial.
La pregunta no debería ser únicamente:
¿Cuánto cuesta reconstruir?
La pregunta debería ser:
¿Cuánto nos costará no aprender?
No podemos controlar cuándo ocurrirá el próximo terremoto. Pero sí podemos decidir dónde construir. Podemos decidir cómo construir. Podemos decidir qué infraestructura proteger primero. Podemos decidir qué territorios no deben volver a ser ocupados.
Y podemos decidir que ningún niño colombiano vuelva a aprender, bajo los escombros de una escuela, que la tragedia también puede ser consecuencia de nuestras propias decisiones.
Por eso, frente a esta Colombia herida, propongo una idea que merece ser discutida sin prejuicios:
No reconstruyamos el riesgo.
Reconstruyamos la vida.
Reconstruyamos la seguridad.
Reconstruyamos la dignidad.
Y, sobre todo, construyamos una Colombia capaz de resistir el próximo terremoto antes de que vuelva a ocurrir.
