Pablo Emilio Obando A.
La presidenta de la Comisión Cuarta del Senado asume una discusión que compromete el futuro económico de Colombia y también las posibilidades de inversión de las regiones.
Coincido con muchas personas cuando expresan que existen decisiones políticas que se toman pensando en las próximas elecciones y otras que deben tomarse pensando en las próximas generaciones. La discusión del Presupuesto General de la Nación, considero, pertenece, sin duda, a las segundas.
Por eso cobra especial importancia la posición asumida por la senadora Liliana Benavides Solarte, presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, frente a un proyecto presupuestal que requiere ser examinado con rigor, responsabilidad y absoluta seriedad.
La Comisión Cuarta no es un escenario menor dentro del Congreso. Tiene entre sus competencias el estudio de las leyes orgánicas de presupuesto y asuntos relacionados con el control fiscal y financiero.
Y Benavides llega a esa responsabilidad con una premisa que merece ser destacada: el dinero público no puede presupuestarse como si fuera ilimitado.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 fue presentado por $575,6 billones. De esa suma, $30,2 billones corresponden a ingresos contingentes sujetos a la aprobación de nuevos recursos por parte del Congreso. Es decir, no se trata simplemente de sumar cifras y aprobarlas.
Se trata de preguntarse de dónde saldrá el dinero, qué respaldo tiene, cuáles son las posibilidades reales de recaudo y, especialmente, quién terminará pagando la diferencia si las cuentas no cuadran. Y aquí aparece el verdadero sentido de la posición de Liliana Benavides.
Devolver o revisar un presupuesto desfinanciado no necesariamente significa oponerse a la inversión social. Puede significar, precisamente, defenderla. Porque un presupuesto inflado en el papel, pero sin recursos suficientes para ejecutarse, termina convirtiéndose en una colección de promesas. Y las regiones no viven de promesas.
Viven de carreteras construidas, hospitales dotados, escuelas mejoradas, infraestructura productiva, seguridad, agua potable, conectividad y oportunidades para sus comunidades.
En el caso de Nariño, esta discusión tiene una dimensión especial. Nuestro departamento necesita que los recursos nacionales lleguen con claridad, planificación y respaldo financiero. Necesita proyectos que puedan ejecutarse y no simplemente aparecer en los documentos oficiales como anuncios de difícil cumplimiento.
Por eso la responsabilidad fiscal no debe entenderse como enemiga de las regiones. Por el contrario: la responsabilidad fiscal es una condición para que las regiones puedan recibir inversión sostenible.
La experiencia reciente debería servirnos de advertencia. En los debates presupuestales anteriores ya se habían presentado cuestionamientos por la dependencia de recursos provenientes de reformas tributarias y por la incertidumbre sobre el recaudo. La propia senadora Benavides había advertido en debates anteriores sobre la necesidad de construir presupuestos realistas y ajustados a la verdadera situación financiera del país.
Ahora la discusión adquiere una dimensión todavía mayor. El país no puede acostumbrarse a que cada nuevo presupuesto venga acompañado de una nueva cuenta por cobrar a los ciudadanos.
Más impuestos, más endeudamiento o mayores cargas para las familias y empresas no pueden convertirse automáticamente en la respuesta a una mala planeación fiscal. Y aquí está, quizá, la parte más importante del ejercicio político que adelanta la senadora nariñense.
Decir que no cuando las cuentas no están claras también es una forma de responsabilidad. La política responsable no consiste únicamente en conseguir recursos. También consiste en impedir que se comprometan recursos inexistentes.
La defensa de Nariño no puede reducirse a pedir más dinero para el departamento. Debe incluir la exigencia de que cada peso destinado a nuestro territorio tenga financiación, viabilidad, transparencia y capacidad real de ejecución. Y desde la Presidencia de la Comisión Cuarta, Liliana Benavides tiene una oportunidad histórica para hacerlo.
Pero hay algo más. El reciente terremoto que golpeó a regiones como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda plantea ahora una nueva obligación para el Estado colombiano: encontrar recursos para atender la emergencia, reconstruir infraestructura y acompañar a las familias afectadas.
Eso hace todavía más importante que el país tenga unas finanzas públicas ordenadas. Colombia necesitará recursos para reconstruir. Nariño necesitará recursos para continuar desarrollando sus propios proyectos.
Y otras regiones seguirán reclamando inversión para cerrar sus brechas históricas. Todo eso exige un presupuesto serio. No un presupuesto diseñado sobre expectativas. No un presupuesto que dependa indefinidamente de nuevos impuestos. No un presupuesto que termine convirtiéndose en una factura que llegue después a los hogares colombianos.
La senadora Liliana Benavides, como presidenta de la Comisión Cuarta, tiene entonces una responsabilidad que trasciende las fronteras partidistas: ayudar a construir un presupuesto que sea fiscalmente responsable, territorialmente equitativo y socialmente posible.
Ese puede ser uno de los grandes aportes de Nariño al debate nacional. No pedir privilegios. No cerrar las puertas a la inversión. No negar las necesidades sociales. Sino exigir que las cuentas sean reales.
Porque gobernar también significa saber decir cuánto se puede gastar, de dónde saldrá el dinero y quién terminará pagando la cuenta.
Y cuando se trata del dinero de todos los colombianos, la prudencia no es cobardía.
Es responsabilidad.
