Dos excavadoras que, según el Gobierno Nacional, estaban al servicio de la minería ilegal vinculada al ELN en Chocó tendrán ahora una misión completamente distinta: apoyar la reconstrucción de las comunidades golpeadas por el devastador terremoto del pasado 10 de agosto.
Maquinaria pesada que habría sido utilizada para remover tierra en actividades ilícitas y alimentar las economías ilegales pasa ahora a manos del Estado para remover escombros, recuperar vías y ayudar a levantar nuevamente un departamento golpeado por una de las emergencias más graves de los últimos años.
El presidente Abelardo de la Espriella informó que, en la vereda Boraudó, jurisdicción del municipio de Lloró, una operación conjunta del Ejército Nacional y la Armada, con participación de la Policía, permitió la incautación de dos excavadoras que el Gobierno atribuye al ELN y cuyo valor fue estimado en cerca de $900 millones.
La decisión, según explicó el mandatario, fue no destruir los equipos, sino entregarlos a la Gobernación del Chocó para que sean empleados en las labores de reconstrucción posteriores al terremoto.
“En lugar de destruir esta maquinaria, la pondremos al servicio de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto”, señaló De la Espriella en una publicación en su cuenta de X.
Del daño ambiental a una nueva función
La medida cambia el destino que habitualmente tienen muchos de los equipos encontrados en operaciones contra la explotación ilícita de minerales. Durante años, las autoridades han desarrollado procedimientos en Chocó que han terminado con la destrucción de excavadoras, dragas y otros elementos utilizados en minería ilegal. En febrero de 2026, por ejemplo, el Ejército reportó una operación contra este fenómeno que produjo afectaciones por más de $19.000 millones a las estructuras ilegales que operaban en el departamento.
Ahora, en medio de la emergencia, la administración nacional apuesta por reutilizar parte de estos bienes para enfrentar una necesidad inmediata: reconstruir.
La decisión adquiere especial relevancia después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026, cuyo epicentro estuvo localizado en San José del Palmar, Chocó. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que se trató del evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI.
El movimiento provocó graves afectaciones en Chocó y otras regiones del occidente del país y dejó miles de viviendas averiadas o destruidas, además de daños en vías, centros educativos, instalaciones de salud y otros servicios esenciales.
Chocó, prioridad para la reconstrucción
El Gobierno Nacional ha anunciado que Chocó tendrá atención prioritaria durante la etapa de reconstrucción y planteó la designación de una gerencia especial que articule las necesidades del departamento con las entidades nacionales.
En ese escenario, las excavadoras decomisadas podrían convertirse en herramientas para la remoción de escombros, recuperación de vías y adecuación de zonas afectadas, una tarea especialmente compleja en un territorio donde las dificultades de conectividad e infraestructura ya existían antes del terremoto.
La Gobernación del Chocó, por su parte, avanza en la atención de las comunidades afectadas y en la definición de los mecanismos necesarios para pasar de la emergencia inmediata a la reconstrucción.
Una decisión con un fuerte mensaje
Más allá del valor económico de las dos máquinas, el episodio deja una imagen poderosa: equipos que presuntamente contribuían a una actividad ilegal que ha deteriorado territorios del Chocó serán utilizados ahora para intentar reconstruirlos.
El reto, sin embargo, será que la medida no se quede solamente en un gesto simbólico. La magnitud de los daños ocasionados por el terremoto exige maquinaria, recursos públicos, ingeniería, rehabilitación de vías, reconstrucción de viviendas y una coordinación institucional sostenida durante meses e incluso años.
Para Chocó, históricamente marcado por problemas de infraestructura, pobreza y presencia de economías ilegales, la tragedia abre también una discusión de fondo: reconstruir no puede significar únicamente dejar las cosas como estaban antes del terremoto.
La verdadera oportunidad será utilizar la emergencia para mejorar vías, vivienda, servicios públicos y conectividad y, al mismo tiempo, recuperar territorios afectados durante décadas por la minería ilegal.
Por ahora, las dos excavadoras de Boraudó representan un primer cambio de destino: de extraer riqueza de manera ilegal a trabajar en la reconstrucción de un departamento que hoy necesita volver a ponerse en pie.
