Nariño aparece en varios de los hallazgos consignados en el Libro de la Verdad – Empalme Anticorrupción 2026, presentado por el nuevo Gobierno Nacional. Contratación directa por más de $43.000 millones a través del Fondo Mixto de Cultura de Nariño, recursos destinados a la cárcel de Ipiales, programas que no habrían llegado a comunidades indígenas y afrodescendientes y alertas sobre ataques con drones hacen parte de las referencias expresas al departamento.
El documento advierte desde su presentación que sus hallazgos no constituyen sentencias ni determinan responsabilidades individuales. Su propósito, señala, es documentar hechos para que las autoridades competentes los examinen. Asimismo, aclara que las validaciones realizadas durante el empalme no equivalen a una auditoría o investigación administrativa.
$43.304 millones contratados directamente a través del Fondo Mixto de Cultura de Nariño
Uno de los hallazgos más relevantes para el departamento aparece en el sector Cultura.
El documento señala que los Fondos Mixtos de Cultura y las Artes de Boyacá, Nariño y Valle del Cauca recibieron contratación 100 % directa para operar convocatorias y estímulos de alcance nacional, por un total de $168.827 millones.
En el caso específico de Nariño, el Libro de la Verdad registra 11 contratos por $43.304 millones. Boyacá aparece con $101.822 millones en 14 contratos y Valle del Cauca con $23.701 millones en cuatro.
El documento cuestiona que recursos nacionales hayan sido canalizados mediante operadores regionales sin comparación de ofertas y señala que esta situación estaría relacionada con una alerta sobre una posible “desnaturalización del sistema de estímulos”, baja trazabilidad y presuntos fines electorales.
Por ello, plantea revisar de manera transversal el papel de los tres Fondos Mixtos y solicitar al Ministerio de Cultura y a CoCrea información completa sobre los criterios utilizados para asignar estos convenios.
Se trata, probablemente, del hallazgo con una relación institucional más directa con Nariño contenido en el documento y abre interrogantes sobre el destino, ejecución, beneficiarios y resultados de los $43.304 millones contratados.
Ipiales: $6.988 millones para ampliación carcelaria
Otro hallazgo toca directamente a Ipiales.
En el capítulo dedicado al sector Justicia, el documento recoge resultados de una revisión a la gestión contractual de la USPEC y el INPEC. Allí se habla de interventores que habrían autorizado desembolsos correspondientes a infraestructura que, según el informe, no existía materialmente.
Entre los proyectos críticos señalados se encuentra la ampliación de cupos de la cárcel de Ipiales, por $6.988 millones.
El documento menciona también proyectos en Itagüí por $39.385 millones, Barranquilla por $8.923 millones y Buga por $6.233 millones. Según el informe, pese a los recursos comprometidos, el resultado nacional habría sido de apenas 378 nuevos cupos carcelarios.
En el balance sectorial, el libro vuelve sobre el caso y sostiene que más del 90 % de la meta nacional de 7.227 cupos del cuatrienio quedó sin entregar y registra un detrimento superior a $82.700 millones por obras suspendidas.
La referencia a Ipiales plantea una pregunta que deberá aclararse: qué ocurrió exactamente con los $6.988 millones vinculados a la ampliación de cupos en el establecimiento penitenciario de la ciudad y cuál fue el avance físico real de las obras.
Comunidades de Nariño esperaban semillas y herramientas desde noviembre de 2025
El tercer hallazgo tiene relación con recursos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS.
El Libro de la Verdad analiza el Convenio Interadministrativo 350 de 2025, mediante el cual el DPS comprometió $33.000 millones, mientras que la Asociación Shaquiñán aportaría una contrapartida en especie de $336 millones, equivalente aproximadamente al 1 % del convenio.
La composición de esa contrapartida resulta uno de los aspectos que cuestiona el documento: $90 millones en ceremonias de armonización, $108,9 millones en insumos rituales —entre ellos frutas, verduras, sahumerios y flores—, $76,5 millones en acompañamiento de sabedores y $61,1 millones en espacios locativos.
Según el informe, esos componentes se pactaron sin una metodología de valoración ni avalúo verificable.
El impacto llega directamente a Nariño: 4.080 hogares indígenas y afrodescendientes de Vichada, Guaviare, Amazonas, Putumayo, Chocó y Nariño esperaban desde noviembre de 2025 semillas y herramientas que no habían llegado.
Aquí será importante establecer cuántas de esas 4.080 familias corresponden específicamente a Nariño, en qué municipios se encuentran y qué recursos estaban destinados al departamento.
Nariño y Cauca: 62 ataques con drones
Nariño también aparece en uno de los apartados más sensibles del informe: seguridad y defensa.
Al analizar el proyecto denominado Escudo Nacional Antidrones, por más de $6,3 billones, el documento señala cuestionamientos relacionados con la transparencia, estructuración, reducción de oferentes, metodología de evaluación y funcionamiento de equipos previamente adquiridos.
El informe dimensiona el problema con una cifra particularmente grave para el suroccidente colombiano: solo en Cauca y Nariño se registraron 62 ataques con drones durante los primeros meses de 2025.
La cifra ubica nuevamente a ambos departamentos en el centro de una transformación de la confrontación armada: la utilización de drones por grupos armados organizados, un fenómeno frente al cual la capacidad tecnológica y operacional del Estado resulta determinante.
Canastas en Nariño: entregas incompletas
Otra referencia aparece en las observaciones relacionadas con la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El documento menciona $6.759 millones en canastas destinadas a La Guajira, cuyo suministro, según lo consignado, no habría podido ser acreditado plenamente por la Contraloría en cuanto a entrega y calidad.
Dentro de ese mismo hallazgo aparecen reportes de entregas incompletas en Putumayo, Cauca y Nariño.
Aunque el documento no discrimina en ese apartado cuánto dinero correspondió a Nariño ni cuáles municipios fueron beneficiarios, la referencia amerita establecer qué contratos involucraron al departamento, qué elementos debían entregarse y cuál fue su ejecución efectiva.
Nariño, dentro de un problema nacional de infraestructura social
El documento vuelve a mencionar a las comunidades de Nariño en su balance del sector de Inclusión Social. Allí recuerda el caso de los 4.080 hogares indígenas y afrodescendientes de seis departamentos que continuaban esperando semillas y herramientas.
En el mismo balance señala que la Contraloría mantiene una función de advertencia sobre 1.154 convenios de infraestructura social por $2,33 billones. De ellos, 49 fueron cancelados, 20 permanecían suspendidos durante más de 48 meses y 221 de 975 convenios liquidados tenían obras sin terminar en 244 municipios.
El documento no precisa en ese apartado cuáles de esos 244 municipios pertenecen a Nariño, por lo que no es posible atribuir al departamento una cifra específica sin información adicional.
Nariño deberá pedir respuestas
Los hallazgos contenidos en el Libro de la Verdad no pueden entenderse como condenas judiciales. El propio documento establece ese límite. Pero las referencias concretas a Nariño sí justifican una revisión territorial mucho más profunda.
El Libro de la Verdad pone cifras nacionales sobre la mesa. El siguiente paso para Nariño debe ser territorializarlas: conocer cuáles contratos se ejecutaron en el departamento, quiénes fueron los operadores, cuánto dinero llegó realmente, qué municipios fueron beneficiados, cuáles obras se terminaron y qué investigaciones adelantan actualmente los organismos de control.
Porque detrás de cada cifra nacional puede existir una historia regional que todavía no ha sido contada.
