Por Tirso Benavides Benavides
Hay una manera económica de transformar un país: cambiarle las palabras. La tierra sigue concentrada, los caminos continúan intransitables y la cosecha apenas alcanza para pagar las deudas, pero el campesino amanece convertido en empresario. Ascenso social por cortesía del vocabulario. Para semejante reforma agraria basta un micrófono.
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, calificó de despectiva la palabra campesino y propuso hablar de pequeños empresarios del campo. La intención declarada sería elevar su estatus. Resulta revelador que, para dignificar a alguien, un funcionario considere necesario quitarle el nombre con el que se reconoce. El desprecio que pretende corregir podría estar en su propia mirada.
La ocurrencia coincide con otra intervención sobre el diccionario oficial. En el ICBF, una instrucción interna pidió utilizar exclusivamente “niños y adolescentes”. Después, la directora Carolina Restrepo defendió el uso de “niñez” en los documentos institucionales, argumentando que comprende a niños y niñas. La controversia exige esa precisión: lo documentado es una directriz de lenguaje, no una desaparición legal de las niñas. Desde luego, niñez es una palabra válida y abarcadora. No hace falta perseguirla ni exigir un desdoblamiento en cada oración. El problema aparece cuando la economía del lenguaje se convierte en una instrucción para dejar de nombrar expresamente a quienes necesitan ser reconocidas en sus circunstancias particulares. Una institución puede hablar de toda la infancia y, cuando corresponde, hablar de las niñas. Los términos caben en la misma página.
Suele decirse que lo que no se nombra no existe. Tomada al pie de la letra, la frase es falsa: el hambre existía antes de tener nombre y ninguna injusticia desaparece porque se prohíba mencionarla. Su fuerza está en otro lugar. Aquello que carece de un nombre compartido puede ser más difícil de reconocer como problema común, de discutir públicamente y de convertir en una exigencia. Nombrar permite sacar una experiencia del aislamiento y ponerla frente a los demás.
La semiología ayuda a entenderlo. Ferdinand de Saussure cuestionó la idea de que la lengua fuera apenas un inventario de etiquetas pegadas a las cosas: los signos relacionan formas y conceptos, y adquieren su valor dentro de un sistema de diferencias. Por lo tanto, las palabras participan en la organización del sentido. Aplicado a esta discusión, campesino y empresario pueden referirse a una misma persona y, sin embargo, destacar aspectos distintos de su existencia. Una denominación hace presente su pertenencia social y su vínculo con la tierra; la otra pone en primer plano su actividad económica. Sustituirlas como si fueran equivalentes modifica lo que se invita a ver.
Pierre Bourdieu llevó la discusión al terreno del poder: la autoridad también interviene en las categorías con las que una sociedad se percibe y se clasifica. Desde esa perspectiva, importa quién nombra y desde dónde lo hace. Un ministro dispone de una autoridad institucional que no tiene cualquier hablante, sus palabras pueden orientar formularios, programas y decisiones. Por eso el asunto excede la preferencia de un funcionario por un sustantivo. Está en juego quién tiene la facultad de definir a los otros, especialmente cuando esos otros ya tienen un nombre propio y una historia que reconocen en él.
La niña permanece, aunque desaparezca del comunicado; el campesino sigue trabajando, aunque el ministro lo rebautice. Lo que puede perder presencia es su experiencia, su lugar en las prioridades públicas, la posibilidad de explicar por qué requiere una respuesta específica. Borrar una palabra no borra una vida, pero puede facilitar que se gobierne de espaldas a ella.
Con el campesinado, además, hay una cuestión constitucional que no admite ligerezas. El Acto Legislativo 01 de 2023 reformó el artículo 64 para reconocerlo expresamente como sujeto de derechos y de especial protección. La reforma contempla su relación particular con la tierra y reconoce dimensiones de su vida que exceden la producción económica. Ese reconocimiento impone al Estado obligaciones que no dependen de la simpatía de un ministro por una palabra. La comparación con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes debe hacerse con cuidado: sus regímenes jurídicos no son idénticos y la identidad campesina puede coexistir con una pertenencia étnica. Comparten, sin embargo, una exigencia de justicia: que la igualdad reconozca diferencias relevantes, en lugar de esconderlas dentro de una categoría uniforme. Proteger de manera especial a una población históricamente relegada permite enfrentar las condiciones concretas de su desigualdad.
Campesino nombra una identidad y una posición social. También una relación con el territorio, formas de organización y conocimientos que no se agotan en el balance de una actividad comercial. Reducir esa experiencia a la condición empresarial empobrece lo que el Estado está obligado a comprender.
Por supuesto que un campesino puede ser empresario. Puede innovar, exportar, asociarse y ganar dinero sin traicionar ninguna esencia rural. Defender su identidad tampoco autoriza a condenarlo a la pobreza pintoresca que tanto conmueve a los turistas y a los seres urbanos. Que prospere. Que tenga tecnología, crédito y condiciones justas para vender. Nada de eso exige que renuncie a llamarse campesino.
Ahí encuentro el trasfondo político de este cambio: la tentación de sustituir a un sujeto colectivo, con derechos y reclamaciones históricas, por un individuo al que se evalúa principalmente por su rendimiento en el mercado. Bajo esa mirada, la desigualdad puede terminar explicada como falta de iniciativa y el abandono como escasa competitividad. Al recién nombrado empresario le entregan el título y le dejan los mismos obstáculos.
Una declaración ministerial no deroga la Constitución. Afirmarlo sería concederles a estos funcionarios poderes que no tienen. Pero las palabras de quienes gobiernan anuncian prioridades y criterios. Por eso importa preguntar qué políticas acompañarán el nuevo vocabulario. ¿Se fortalecerá la protección del campesinado o se intentará diluirla en programas que traten como iguales a quienes parten de condiciones profundamente distintas?
Colombia conoce una forma mucho más grave de distanciar las palabras de los hechos. “Falsos positivos” terminó siendo la expresión habitual para referirse a civiles asesinados y presentados como bajas en combate. La JEP ha documentado esos crímenes, incluidos hechos ocurridos durante los gobiernos de Álvaro Uribe, y ha emitido condenas contra integrantes de la fuerza pública. No estamos ante una simple disputa entre versiones políticas. La expresión tiene una asepsia perturbadora. Suena a resultado equivocado, a falla de una prueba, a inconveniente técnico. “Ejecuciones extrajudiciales” obliga a acercarse a lo ocurrido: hubo personas asesinadas y responsabilidades por establecer y sancionar. Las dos denominaciones pueden remitir al mismo horror, pero no producen la misma comprensión.
Sería absurdo equiparar una directriz de lenguaje con esos crímenes. El vínculo está en otro lugar: en la capacidad de una denominación para hacer visible una realidad o amortiguar su significado. A veces se borra al sujeto, otras se suaviza la acción. Conviene desconfiar cuando la palabra elegida vuelve más cómoda la posición del poder y más difícil de reconocer la experiencia de quienes lo padecen.
Nombrar tampoco basta. Un gobierno puede repetir niñas y campesinos en todos sus discursos y desatenderlos en todos sus presupuestos. Las palabras se prueban en las decisiones. Precisamente por eso, defender un nombre exige defender lo que contiene: la identidad de quienes lo llevan, su derecho a hablar por sí mismos y las obligaciones públicas que su reconocimiento supone.
Si al ministro le incomoda que campesino se use como insulto, tiene una tarea valiosa: combatir ese desprecio. Podría empezar por demostrar que se puede vivir dignamente del campo. Cambiarle el nombre a lo que incomoda es bastante más fácil, pero deja intacta la realidad que se quiere desconocer en el vocabulario oficial.
