Por Tirso Benavides Benavide
El jueves 17 de septiembre, mediante una carta escueta y con la frialdad burocrática de quien cancela una suscripción, Colombia anunció su retiro inmediato de la Coalición por la Igualdad de Derechos, la alianza internacional más importante para la protección de las personas LGBTIQ+. No se retiró después de concluir su mandato ni cedió ordenadamente el liderazgo: abandonó, a mitad del camino, la copresidencia que compartía con España.
La comunicación no explica las razones. Apenas agradece “el trabajo conjunto adelantado”. La explicación apareció después, durante una reunión virtual. La Coalición no sería una prioridad para el Gobierno de Abelardo de la Espriella y la participación de Colombia pertenecería a la agenda de la administración anterior. Así, con una frase, los derechos humanos de las personas diversas dejaron de ser un compromiso del Estado y fueron reducidos a una afición del Gobierno anterior. Como si la dignidad tuviera partido, periodo presidencial y fecha de vencimiento.
La decisión sería suficientemente grave en cualquier país. En Colombia lo es todavía más porque los derechos de las personas LGBTIQ+ nunca fueron un regalo generoso de los gobiernos ni una causa abrazada con entusiasmo por el Congreso. Han sido conquistas arrancadas a una sociedad resistente al cambio, construidas por movimientos sociales y reconocidas, casi siempre, por la Corte Constitucional.
La Constitución de 1991 abrió una puerta mediante la dignidad humana, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad. Después tuvo que entrar la Corte, sentencia tras sentencia, porque el Congreso prefería mirar hacia otro lado. Los parlamentarios suelen descubrir súbitas complejidades jurídicas cuando un asunto puede quitarles votos. Entonces piden más debates, reclaman mayor consenso, invocan las tradiciones y dejan que el proyecto muera discretamente en una comisión.
Para las minorías, la prudencia electoral de las mayorías suele parecerse demasiado a la cobardía.
La Corte reconoció los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, su acceso a la seguridad social y a la pensión de sobrevivientes. En 2011 determinó que también constituían familia y exhortó al Congreso a superar el déficit de protección. El llamado fue desatendido. Cuando en 2016 reconoció plenamente el matrimonio igualitario, la propia Corte dejó constancia de que desde 1999 se habían archivado o retirado dieciocho proyectos de ley, algunos sin discusión alguna.
Dieciocho intentos. Dieciocho maneras de aplazar la igualdad mientras se calculaba el costo electoral de reconocer que dos hombres o dos mujeres podían amarse, casarse, heredar y construir una familia con los mismos derechos de los demás.
Algo semejante ocurrió con la adopción. La Corte tuvo que recordar en 2015 una verdad elemental: la orientación sexual no determina la idoneidad para criar a un niño. Los prejuicios podían seguir viviendo en las iglesias, en los clubes, en las sobremesas familiares o en las campañas políticas, pero no podían convertirse en criterio jurídico para negar una familia.
También hubo avances relacionados con la identidad. El cambio de nombre pudo realizarse mediante escritura pública, sin obligar a una persona a recorrer un laberinto judicial para ser llamada como se reconoce. En 2015 se simplificó la corrección del componente sexo en el registro civil. En 2022, la Corte ordenó incorporar el marcador “no binario” o “NB” en los documentos de identidad y exigió adaptar el sistema de identificació Puede parecer una casilla menor para quien siempre ha encontrado su identidad representada en todos los formularios. No lo es para quien ha tenido que explicar su existencia ante cada ventanilla. El Estado también discrimina cuando obliga a una persona a mentir para poder llenar un formato.
Estos avances no llegaron porque Colombia hubiera superado la homofobia. Llegaron precisamente porque no la había superado. La jurisprudencia fue levantando un muro de protección allí donde la política solo ofrecía cálculos, silencios y promesas de campaña.
Ese muro es el que hoy comienza a ser golpeado.
Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella imitó de manera despectiva la voz de Juan Daniel Oviedo y aludió a algo en él que, según dijo, estaba “jodido” cambiar. Oviedo entendió —como lo entendió buena parte del país— que la referencia era su orientación sexual. De la Espriella alegó después que el video había sido presentado de forma sesgada. Sin embargo, la homofobia no siempre necesita pronunciar la palabra homosexual. Le basta el gesto, la caricatura, la voz afeminada convertida en motivo de burla y la insinuación de que existe algo defectuoso que debería arreglarse.
En agosto apareció una señal todavía más inquietante. La Silla Vacía informó, con base en fuentes confidenciales del Gobierno, que Carlos Eduardo Sepúlveda Rico habría sido retirado de la dirección del Departamento Nacional de Planeación después de que sectores conservadores conocieran que estaba casado con un hombre y tenía un hijo adoptado. La causa no ha sido reconocida oficialmente y debe mantenerse como una denuncia periodística, no como una verdad judicialmente demostrada. Pero el Gobierno tampoco ha ofrecido una explicación pública capaz de disipar la sospecha.
Después vino el respaldo presidencial a iniciativas destinadas a restringir los tratamientos de afirmación de género para menores. Ahora llega el retiro de la Coalición por la Igualdad de Derechos. Un hecho aislado puede ser una coincidencia; varios hechos que avanzan en la misma dirección comienzan a dibujar una política.
La Cancillería sostiene que abandonar la Coalición no afectará derechos. El argumento tiene una parte cierta, el retiro no deroga el matrimonio igualitario, no elimina automáticamente la adopción ni borra las sentencias constitucionales. Pero es una verdad incompleta, cuidadosamente recortada. Los derechos no se desmontan únicamente mediante una reforma constitucional, también se debilitan quitándoles presupuesto, cerrando espacios de participación, modificando protocolos, eliminando programas, nombrando funcionarios hostiles, suprimiendo categorías de los formularios o retirando al país de los escenarios internacionales donde debía defenderlos.
La Coalición no era un club de banderas multicolores ni una reunión para tomarse fotografías. Articula Estados y organizaciones sociales en asuntos de diplomacia, legislación, políticas públicas, cooperación, desarrollo sostenible y protección humanitaria. Colombia no era un invitado que podía marcharse discretamente, ejercía la copresidencia. Había aceptado liderar y bajo la tendencia marcada en el gobierno del Tigre decidió desertar.
También resulta revelador el lenguaje. Se afirma que los derechos LGBTIQ+ “no son prioridad”, como si compitieran por un lugar en la agenda con las carreteras, la seguridad o la economía. Pero proteger a una persona contra la discriminación no es un programa sectorial. Es una obligación constitucional. Los gobiernos pueden escoger cómo ejecutarla; no pueden decidir si la cumplen.
Durante años, los congresistas contaron votos. La Corte tuvo que contar ciudadanos.
Quizá por eso esta decisión no debe leerse solamente como un cambio de política exterior. Es una advertencia. Los derechos conquistados seguirán protegidos por la Constitución y la jurisprudencia, pero su aplicación cotidiana dependerá de instituciones dirigidas por un Gobierno que ya comenzó a mostrar cuáles vidas considera normales, cuáles tolera y cuáles preferiría devolver a la invisibilidad.
Colombia tardó décadas en abrirle la puerta a la igualdad. Al Gobierno de Abelardo de la Espriella le bastaron cuarenta días para comenzar a buscarle la salida. Un gobierno puede cambiar de prioridades. Lo que no puede, sin traicionar la Constitución, es decidir que los derechos de algunos ciudadanos, por razones netamente personales y legítimas, pueden ser desconocidos.
