En febrero de 1985, el reconocido académico Estanislao Zuleta concedió una entrevista sobre educación. Diez años después fue publicada bajo el título de “Educación y democracia: un campo de combate”. La pregunta de Estanislao sigue siendo incómoda:
¿para qué educamos? Para formar personas capaces de pensar o para producir individuos capaces de obedecer.
Zuleta desconfiaba de una educación que no le permita al estudiante pensar. Para él, eso significaba un divorcio con la democracia, pues esta exige la responsabilidad de tomar decisiones libres, por lo tanto, una sociedad democrática debía garantizar el derecho a la diferencia, al pensamiento crítico, a la discusión y al conflicto de ideas. Por eso su concepción de la educación resulta pertinente cuando se habla de universidad y poder.
Ahora, la historia demuestra que quienes han querido controlar la sociedad comienzan por controlar la que la sociedad piensa. Es decir, sus ideas, su educación y su sentido común, eso es en gran medida, la lucha por lucha por la hegemonía cultural. No es una afirmación retórica.
En 1931, el fascismo italiano de Benito Mussolini exigió a los profesores universitarios un juramento de fidelidad al régimen. Quienes se negaron perdieron sus cátedras. En la Alemania nazi de Hitler, desde 1933, las universidades fueron sometidas a persecuciones, profesores judíos y considerados políticamente indeseables fueron expulsados, mientras que las organizaciones estudiantiles nazis intimidaban a docentes y estudiantes y participaban en la quema de libros. Para 1935, más de 1.100 profesores habían sido removidos de sus cargos.*
En la España de Francisco Franco ocurrió algo parecido. La universidad fue intervenida después de la Guerra Civil. El exilio, los despidos, las sanciones y las represalias afectaron al profesorado y estudiantes. La la enseñanza quedó subordinada al nacionalcatolicismo. En la Universidad de Barcelona, por ejemplo, la institución perdió el 70 % de su profesorado entre muertos, exiliados, encarcelados y expulsados
En Chile, después del golpe de Pinochet en 1973, las universidades fueron intervenidas militarmente. Los rectores fueron reemplazados por delegados de la dictadura, numerosos académicos fueron expulsados, organizaciones estudiantiles fueron disueltas y se prohibió la actividad política. La Universidad de Chile fue sometida a vigilancia, persecución y control.
Argentina ofrece uno de los episodios más dolorosos. Durante la última dictadura militar, estudiantes fueron perseguidos, secuestrados y desaparecidos. La llamada Noche de los Lápices recuerda el secuestro de diez estudiantes de secundaria en 1976. Seis continúan desaparecidos.
Sin embargo, la historia latinoamericana también demuestra que la universidad puede ser un territorio de democratización.
En 1918, los estudiantes de Córdoba protagonizaron un levantamiento. contra una universidad que consideraban conservadora, clerical y autoritaria. El Manifiesto Liminar del 21 de junio convirtió esta lucha en un acontecimiento continental. De allí surgieron los principios que marcarían la universidad latinoamericana: autonomía, cogobierno, libertad de cátedra, renovación del profesorado, participación estudiantil y compromiso de la universidad con la sociedad.
El Grito de Córdoba fue el comienzo de una tradición política universitaria que entendió que la universidad no podía estar sometida ni al clero, ni a los gobiernos de turno, ni a los intereses particulares.
Colombia recibió esa tradición y la desarrolló en sus propias luchas. La primera influencia fue un movimiento estudiantil que cuestionaba la hegemonía conservadora y reivindicaron la democratización, una educación científica y libre de la tutela clerical. Para 1971, el movimiento estudiantil formuló el Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos. Allí la autonomía universitaria ocupó un lugar central junto con la financiación, la democracia universitaria y la participación de estudiantes y profesores en las decisiones de las instituciones.
La autonomía no significaba convertir a la universidad en una república independiente. Significaba impedir que quienes ejercen el poder político pudieran determinar qué se debía pensar, investigar o enseñar en la universidad.
Ese principio terminó incorporándose al orden constitucional. El artículo 69 de la Constitución de 1991 garantiza la autonomía universitaria. La Ley 30 de 1992 desarrolló ese mandato y reconoció a las universidades la capacidad de darse sus estatutos, designar sus autoridades, organizar sus programas académicos, seleccionar profesores, admitir estudiantes y administrar sus recursos.
Bajo ningún argumento se puede decir que esta es una concesión del poder de las élites. Fue el resultado de esa larga historia de luchas por la libertad del conocimiento.
Por eso en 2011, cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos presentó la reforma a la Ley 30, el movimiento estudiantil volvió a levantar el Programa Mínimo a través de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE. Allí la autonomía volvió a definirse como capacidad de la comunidad universitaria para participar democráticamente en su gobierno, determinar sus agendas académicas e investigativas y decidir sobre sus prioridades.
En 2018 y 2021, nuevas generaciones volvieron a las calles para defender la educación pública, su financiación, sus libertades y la posibilidad misma de organizarse y protestar.
Esta historia importa hoy. Cuando Abelardo de la Espriella afirma que “la autonomía universitaria no es impunidad”, pretende dar a entender que la autonomía no está por encima de la ley. Pero ese no es el problema.
El problema es cuando esa afirmación se convierte en el pretexto para estigmatizar al movimiento estudiantil, criminalizar la protesta o amenazar con perseguir a quienes dentro de las universidades cuestionan al poder.
Porque una universidad puede tener edificios, laboratorios, profesores y diplomas. Pero si no existe critica no tiene libertad.
Y ahí Zuleta vuelve a sacudirnos. La educación que erosiona el pensamiento crítico termina formando individuos sumisos. Una democracia que persigue el disenso termina haciendo lo mismo con los ciudadanos. No se defiende la democracia silenciando a quienes protestan. Se la defiende garantizando que puedan hacerlo.
En nuestra región, la Universidad de Nariño conoce demasiado bien el precio de la represión y la persecución. Tiene mártires que no son una nota al pie de su historia:
Martín Emilio Rodríguez, Adriana Benítez, Marcos Antonio Salazar, Jairo Roberto Moncayo y el trabajador universitario Tito Libio Hernández fueron víctimas de la violencia en contra de quienes hicieron de la universidad un espacio de pensamiento, organización y lucha social.
Por ellos la memoria no puede ser silencio.
Por ellos la autonomía no puede ser una palabra vacía.
Y por ellos, mientras haya una universidad que piense, cuestione y se levante contra la injusticia, habrá también estudiantes dispuestos a defenderla.
Porque los lápices pueden ser perseguidos, pero no se les puede ordenar que dejen de escribir.
Fuentes históricas verificadas
- Comisión de la Verdad. (2022). Universidades y conflicto armado en Colombia. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
- Congreso de Colombia. (1992). Ley 30 de 1992.
- Constitución Política de Colombia. (1991).
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2018). Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de Córdoba, 21 de junio de 1918. Programa Memoria del Mundo.
- Zuleta, E. (1995). Educación y democracia: Un campo de combate (H. Suárez & A. Valencia, comps.). Fundación Estanislao Zuleta; Corporación Tercer Milenio.
