Por: Luis Efrén Delgado Eraso
Presidente de ASOINAGRO
La tierra es mucho más que un recurso económico: es el patrimonio de los campesinos, la base de nuestra producción agropecuaria y la garantía de que las futuras generaciones puedan disponer de alimentos. Por eso, el debate sobre el desmonte de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) merece especial atención de quienes creemos que el desarrollo del campo debe estar en el centro de las políticas públicas.
Las APPA fueron concebidas como un instrumento de ordenamiento territorial para proteger los suelos rurales estratégicos para la producción de alimentos. Su propósito es evitar que las mejores tierras agrícolas pierdan su vocación productiva por la expansión urbana, las actividades extractivas u otros usos del suelo.
Sin embargo, su implementación también generó controversias sobre la autonomía de los municipios, la propiedad privada, las competencias de las entidades y los procedimientos técnicos empleados para delimitar estas áreas. Entre septiembre y octubre de 2026 comenzaron a concretarse decisiones para derogar las declaratorias de APPA en distintos territorios del país. El debate ya tiene consecuencias para el futuro del ordenamiento rural colombiano.
Hay razones legítimas para revisar las APPA. En primer lugar, el ordenamiento territorial debe construirse con la participación de las autoridades municipales, los propietarios rurales, las organizaciones campesinas y las comunidades. Las decisiones del Gobierno nacional deben tener en cuenta las particularidades económicas, sociales, culturales y productivas de cada municipio.
En segundo lugar, la delimitación de estas áreas exige rigor técnico, jurídico y cartográfico. Si hay errores en los estudios, inconsistencias en la información o fallas en los procesos de participación, deben corregirse. También es necesario evitar que la protección de los suelos agrícolas se interprete como una prohibición general de toda actividad económica. Los territorios necesitan inversión, infraestructura, empleo y oportunidades para diversificar sus economías.
Revisar las APPA puede ser una oportunidad para mejorar la planificación rural y fortalecer la concertación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales. Pero una cosa es corregir una política pública y otra, desmontar la protección de los suelos agrícolas sin ofrecer garantías alternativas.
La mayor preocupación surge al recordar la deuda histórica de Colombia con sus campesinos. Durante décadas, la concentración de la tierra, la desigualdad rural, el desplazamiento y la falta de oportunidades han limitado la capacidad de miles de familias para desarrollar su actividad productiva. Desmontar las APPA puede debilitar la protección de las tierras estratégicas para la producción de alimentos y aumentar la presión de los intereses inmobiliarios y mineros sobre ellas.
Una investigación publicada por CAMBIO el 1 de noviembre de 2026 encontró que solicitudes mineras de oro, cobre y plata se superponen con más de 10.000 hectáreas de tierras donde se habían establecido APPA. El hallazgo muestra por qué es necesario vigilar qué sucede en esos territorios cuando se retiran las figuras de protección. El riesgo es que la tierra pase a valorarse principalmente por la rentabilidad de otros usos. El suelo agrícola es un recurso limitado: cuando pierde su capacidad productiva, las consecuencias alcanzan al propietario, a las comunidades, al empleo rural y a la seguridad alimentaria del país.
La reforma agraria implica entregar tierra a quienes carecen de ella o tienen muy poca, y garantizar que puedan trabajarla. Para ello se necesitan agua, infraestructura, asistencia técnica, financiación y canales de comercialización. ¿De qué sirve entregar tierra a una familia campesina si después pierde las condiciones para producir alimentos? Por eso, proteger los suelos agrícolas debe ser parte de una política integral de reforma agraria.
Las APPA, por sí solas, no resuelven los problemas estructurales del campo. No entregan títulos de propiedad, construyen carreteras, garantizan créditos ni aseguran precios justos. Su aporte consiste en proteger la base territorial sobre la cual deben desarrollarse esas políticas.
El desafío es articular la protección del suelo con la redistribución de la tierra, el fortalecimiento de la economía campesina y la inversión pública rural. No podemos hablar de soberanía alimentaria mientras permitimos que las tierras más productivas pierdan su función agrícola sin una justificación de interés público debidamente sustentada.
Nariño necesita una política de ordenamiento territorial que proteja sus mejores suelos, reconozca la economía campesina y permita desarrollar proyectos productivos sostenibles. Nuestras subregiones tienen vocaciones productivas y necesidades distintas. Por eso, las decisiones sobre el uso del suelo deben apoyarse en estudios, en la participación comunitaria y en el conocimiento de cada territorio.
El desmonte de las APPA nos plantea una pregunta fundamental: ¿qué instrumentos vamos a utilizar para evitar que las tierras más productivas de Nariño pierdan su vocación agrícola por la presión de otros intereses económicos?
Tanto la protección de estas áreas como cualquier decisión sobre su desmonte deben contar con la participación de los campesinos. A mi juicio, el debate debe centrarse en el modelo de desarrollo rural que necesita Colombia. Si las delimitaciones tienen errores, hay que corregirlos. Si la participación ha sido insuficiente, hay que ampliarla. Y si existen conflictos con la autonomía territorial, corresponde buscar mecanismos de concertación.
Retirar los instrumentos de protección sin establecer garantías alternativas pone en riesgo el patrimonio agrícola y alimentario del país. Defender el suelo productivo es defender a los campesinos, la economía rural, la soberanía alimentaria y el futuro de Colombia.
Sin tierra no hay verdadera reforma agraria, sin campesinos no hay seguridad alimentaria y sin campo no hay futuro para Colombia.
