Los alcaldes del departamento de Nariño anunciaron este lunes medidas legales contra el Gobierno Nacional tras la ausencia del Ministro de Hacienda y la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) a una citación oficial en la que se esperaba que explicaran la reducción de recursos para los municipios.
En un pronunciamiento público, los mandatarios locales expresaron su “profunda preocupación y rechazo” ante lo que calificaron como un incumplimiento de los compromisos de diálogo y transparencia por parte del Gobierno. “Habían sido citados para que nos dieran explicaciones sobre la inversión en los municipios. Nos dejaron con los crespos hechos, nos quedaron mal”, afirmó el alcalde de Ipiales.
Frente a esta situación, los mandatarios anunciaron que interpondrán las acciones legales pertinentes para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno con los territorios. “Como alcaldes y representantes de las comunidades, exigimos respeto”, dijeron.
La razón de la protesta radica en la reciente reducción de las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), mecanismo clave mediante el cual el Estado financia inversión social en educación, salud, agua potable y saneamiento básico, entre otros servicios fundamentales. Según los alcaldes, los recortes han obligado a los gobiernos locales a recortar inversión social mientras aumentan gastos de funcionamiento, lo que los pone en riesgo de superar el límite del 80 % para este tipo de gastos, una situación que podría generar sanciones y desfinanciar los servicios públicos básicos.
Ante este panorama, los alcaldes de Nariño extendieron una invitación a sus homólogos de todo el país para una gran movilización ciudadana el próximo lunes 26 de enero a las 2:00 p.m. en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. El objetivo, explicaron, es hacer escuchar su reclamo directamente ante el Gobierno Nacional y buscar soluciones estructurales a la crisis fiscal que enfrentan las administraciones locales.
Este llamado se suma a las múltiples voces de alcaldes y gobernadores que en las últimas semanas han alertado sobre la asfixia financiera de los municipios, señalando que la reducción de recursos amenaza no solo proyectos de inversión, sino el funcionamiento básico de las entidades territoriales.
La decisión de avanzar con acciones legales y movilizaciones marca un paso significativo en la disputa entre los gobiernos locales y el Ejecutivo, y apunta a un enfrentamiento político y jurídico en las próximas semanas si no se logra una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno.
Desde Página 10 hacemos un llamado urgente a la unión de todos los sectores sociales, políticos y comunitarios del país, y en especial de Nariño. Lo que está ocurriendo con los alcaldes del sur no es un hecho aislado: es el reflejo de una creciente preocupación nacional por las decisiones del Gobierno que impactan directamente la autonomía territorial y la inversión social en las regiones.
Esta denuncia por la reducción del Sistema General de Participaciones se suma a la reciente postura de los gobernadores del país, quienes han alzado su voz contra el decreto de emergencia que permite al Ejecutivo centralizar los recursos, debilitando aún más la capacidad de acción de los entes territoriales.
En un país con profundas desigualdades como Colombia, la descentralización no es un capricho: es una necesidad para garantizar la equidad y el desarrollo. Por eso, respaldamos la exigencia de respeto de los alcaldes y gobernadores, y reiteramos que es el momento de unirnos como país para defender los principios democráticos, la autonomía territorial y el derecho de nuestras comunidades a ser escuchadas.
No se trata de un pulso político, se trata del futuro de millones de colombianos en los territorios.
