Algo está mal en Pasto
Hace un mes la revista Semana publicó un artículo que tituló “El modelo de participación política que se impuso en Pasto”, haciendo referencia al sistema de gobierno que desde el alcalde Navarro Wolff hasta el actual alcalde Pedro Vicente Obando, se ha venido promoviendo en la ciudad con los cabildos y la participación ciudadana en la toma de decisiones, política que llegó a su mejor momento en la formulación del Plan de Desarrollo vigente, reconocido por el Departamento Nacional de Planeación.
Ahora, a raíz del decreto No 0471 del 8 de noviembre de 2017 que expidió la Alcaldía de Pasto en donde ha prohibido la venta y uso de espumas o también conocida como “Carioca” en el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, la ciudadanía se ha expresado de forma contundente en contra de esta medida por efectos negativos para un sector económico.
En esta oportunidad, mi intención no es discutir el fondo de la decisión sino el proceso administrativo de toma de decisiones. Lo cual revela debilidades institucionales, falta de planeación y la violación de principios del ordenamiento jurídico colombiano.
El principal principio que se viola es de la confianza legítima que, según la sentencia C-131/04 de la Corte Constitucional, consiste en que no puede existir un cambio en las reglas de juego sin preaviso o alterar súbitamente unas reglas de juego que regulaban relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. Se trata de amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de comportamientos activos o pasivos de la administración pública, regulaciones legales o interpretaciones de las normas jurídicas. La decisión, tomada el 8 de noviembre, a vísperas del carnaval es inoportuna, no establece un periodo de transición, cambia súbitamente las reglas de juego en la venta de «carioca» y desconoce la inversión hecha en este producto, qué en principio fue permitido y de libre circulación.
Otro análisis que se puede adelantar es la falsa o insuficiente motivación del decreto expedido por el alcalde, porque no cuenta con los estudios técnicos, ambientales y salubres que permitan justificar la decisión tomada. La alcaldía no realizó un ejercicio juicioso de investigación, y el acto administrativo no fue avalado por las distintas secretarías del sector, ambiental o de salud, para aprobar la decisión.
Quiero resaltar que estoy de acuerdo en tomar todas las acciones para contrarrestar los efectos del cambio climático, pero las decisiones administrativas deben ser consistentes, responsables, oportunas y coherentes. Una decisión administrativa puede afectar muchos intereses y la decisión no tomada correctamente, puede generar acciones a favor de particulares en contra el municipio, lo cual generaría reclamos económicos en contra de la ciudad.
Como consecuencia de lo anterior, el señor alcalde tendrá que revocar o modificar el acto administrativo. Cuestión que debe ser producto de una negociación con los actores afectados. De lo contrario, pondría en riesgo el patrimonio público debido a la potencialidad de las demandas que tendrá la alcaldía debido al daño que se produjo a los productores y comercializadores de carioca, el cual es un negocio millonario.
Para finalizar, este proceder no es nuevo en la presente administración, por lo menos en dos actuaciones más, el alcalde ha tenido que echar para atrás su decisión. Cabe recordar lo que pasó con la posible venta de acciones de Empopasto. En este caso, la ciudadanía, el concejal Erick Velasco y líderes comunales salieron a defender el carácter público de la empresa, ante el anuncio inicial del alcalde de enajenar acciones con el fin de fortalecer la iniciativa del mínimo vital del agua. La ciudadanía salió a reclamar los votos dados al alcalde Pedro Vicente
Otro tema en donde también existió omisión o falta de compromiso por parte del señor alcalde se dio con el incumplimiento con el pacto ciudadano por la movilidad sostenible, firmado con movimientos urbanos de Pasto que promueven el uso de la bicicleta. En esta oportunidad, luego de la presión dada por los biciusuarios se logró establecer en el plan de desarrollo acciones concretas. Así mismo, se repitió frente a la modificación del diseño de la carrera 27, en donde, luego de la presión ciudadana se mantuvo el diseño que permite promover y respetar el uso del espacio público para la gente y la promoción de modelos de transporte sostenibles.
En conclusión, se necesita una administración y un alcalde que tomé decisiones lo más acertadas posibles, con el cumplimiento del ordenamiento jurídico, con la participación ciudadana y con el suficiente carácter para defenderlas,