Por: Luis Efrén Delgado Eraso
Presidente de ASOINAGRO
Desde el 1 de marzo de 2026, el Gobierno de Ecuador elevó del 30% al 50% la denominada “tasa de seguridad” aplicada a las importaciones provenientes u originarias de Colombia, mediante una resolución del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Según las autoridades ecuatorianas, la medida busca fortalecer el control aduanero y la seguridad nacional en la frontera.
Sin embargo, más allá de la justificación oficial, esta decisión profundiza una guerra comercial entre dos países vecinos y golpea de manera directa al sector agropecuario colombiano, especialmente en departamentos fronterizos como Nariño, donde la relación comercial con Ecuador ha sido históricamente vital.
1. Encarecimiento de las exportaciones agroalimentarias
Los productos colombianos que tradicionalmente encuentran mercado en Ecuador enfrentarán un impacto inmediato. Granos, alimentos procesados, flores, frutas y otros bienes agrícolas exportados desde regiones como Nariño, Santander, Valle del Cauca y Antioquia tendrán que asumir un sobrecosto del 50% para ingresar al mercado ecuatoriano.
Ese incremento puede traducirse en una menor demanda por parte de compradores ecuatorianos, quienes buscarán alternativas más económicas, reducirán sus compras o, en el peor de los casos, incentivarán circuitos informales y de contrabando para evadir la sobretasa.
Para muchos pequeños y medianos productores, sobre todo aquellos que dependen de los mercados de frontera para comercializar arroz, hortalizas y productos frescos, esta medida puede romper por completo sus márgenes de rentabilidad, obligándolos a reducir la producción, buscar destinos alternativos o incluso abandonar la exportación.
2. Disrupción de las cadenas de valor y del empleo rural
Los efectos no se limitarán a las exportaciones directas. También resultarán afectados los sectores de transporte, logística, almacenamiento y acopio agrícola que movilizan mercancías hacia la frontera con Ecuador.
En pasos estratégicos como Rumichaca, gremios y actores económicos ya han advertido que el aumento de aranceles puede generar mayores costos logísticos, retrasos y una fuerte presión sobre el comercio binacional. Medios regionales y análisis económicos coinciden en que la escalada amenaza la competitividad, la inversión y el empleo en las zonas de frontera.
Detrás de cada carga retenida o encarecida no solo hay mercancías: hay jornales, familias campesinas, transportadores, bodegueros y comercializadores que dependen del flujo permanente de productos entre ambos países.
3. Riesgo para la integración regional y los mercados tradicionales
La imposición unilateral de una tasa tan alta pone en entredicho los principios de integración económica que durante décadas han buscado consolidar un mercado andino más abierto. La Comunidad Andina establece un programa de liberación de mercancías orientado a evitar barreras y restricciones entre países miembros, y Colombia ha sostenido oficialmente que la decisión ecuatoriana contradice ese marco.
La nueva escalada transforma diferencias políticas y de seguridad en obstáculos comerciales que terminan afectando, de manera directa, a quienes menos margen tienen para resistir: los agricultores, productores y empresarios de frontera.
En el caso de Nariño, el problema no es abstracto. Aquí la relación con Ecuador no es un dato diplomático: es una realidad cotidiana, económica y social. Lo que ocurra en esa frontera repercute de inmediato en el bolsillo, en el empleo y en la estabilidad productiva de miles de familias.
4. Contramedidas y un futuro incierto para el comercio binacional
El Gobierno colombiano ya anunció una respuesta recíproca: elevar también al 50% los aranceles sobre un grupo amplio de productos ecuatorianos, argumentando que la medida de Ecuador vulnera el comercio andino y hace inviable la exportación colombiana hacia ese país.
No obstante, desde la perspectiva del agro, esta reacción corre el riesgo de profundizar una espiral de represalias en la que ambos países pierdan acceso preferencial a mercados naturales, aumenten sus costos y debiliten su competitividad frente a otros oferentes internacionales.
Cuando el comercio binacional entra en lógica de confrontación, los gobiernos lanzan mensajes de firmeza, pero quienes terminan pagando la factura son los sectores productivos.
Conclusión
Para el agro colombiano, y en especial para las zonas fronterizas como Nariño, los aranceles del 50% impuestos por Ecuador no son una cifra aislada en una tabla aduanera. Son una barrera concreta que puede:
-
reducir las exportaciones de productos agrícolas que dependen de mercados vecinos;
-
encarecer la logística y el transporte;
-
deteriorar los márgenes de pequeños y medianos productores;
-
aumentar los riesgos sobre el empleo rural;
-
desincentivar la inversión productiva; y
-
debilitar la integración económica regional.
Este episodio demuestra que las políticas comerciales no pueden seguir usándose como herramientas reactivas de confrontación. Deben diseñarse con una visión integral de desarrollo productivo, estabilidad regional y protección del empleo rural.
Porque, al final, el mayor costo de estas decisiones no lo pagan los gobiernos. Lo pagan los agricultores, los transportadores, los empresarios de frontera y los consumidores de ambos países.
