Por: Luis Efrén Delgado Eraso
Presidente de ASOINAGRO
Mientras en Nariño persiste la incertidumbre sobre el avance y la ejecución del proyecto integrador de la Cordillera, que incluye cultivos de limón Tahití, café, plátano y cacao, así como sobre otros proyectos productivos y la deficiente infraestructura agropecuaria, en Bogotá se realizó este martes 27 de octubre el primer gran debate de control político al sector rural del nuevo Gobierno.
Frente a frente estuvieron el senador Iván Cepeda, citante del debate, y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. Quienes seguimos la discusión observamos dos visiones de la Colombia agraria completamente distintas.
El senador Cepeda denunció una “contrarreforma agraria”. Afirmó que el actual Gobierno congeló $1,4 billones destinados a la compra de tierras para campesinos, desmontó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y está nombrando en la institucionalidad rural a personas vinculadas con sectores agroindustriales y mineros. También anunció denuncias penales ante la Comisión de Acusaciones y la Fiscalía por presunto fraude a resolución judicial, prevaricato y discriminación contra el campesinado.
Por su parte, el ministro Dangond calificó el cuestionario del senador como “un inventario de todos los fracasos de la reforma agraria anterior”. Defendió el congelamiento de los recursos para la compra de tierras con el argumento de que la Agencia Nacional de Tierras del Gobierno anterior dejó deudas millonarias e irregularidades que obligaban a auditar predio por predio. También respaldó la derogatoria de las APPA y presentó su plan para sembrar 1,5 millones de hectáreas nuevas, crear zonas francas agroindustriales y flexibilizar el acceso al crédito.
El debate se apartó de lo técnico cuando el ministro le respondió al senador: “Si yo pudiera dar un subsidio, al primero que se lo daría es a usted, para ver si hace algo productivo en su vida”. La frase provocó el rechazo de varios congresistas y agitó los ánimos de una de las bancadas.
¿Y qué significa todo esto para Nariño? Todo y, a la vez, nada.
Todo, porque las decisiones sobre la compra de tierras y la formalización de la propiedad afectan directamente a municipios como Policarpa, Cumbitara y Leiva. También está en juego la protección de nuestros suelos de montaña frente a los intereses mineros.
Nada, porque mientras en Bogotá se enfrentan por ideología, el campesino de La Unión sigue sin saber a cuánto le comprarán el café; el productor de papa continúa con la incertidumbre sobre cómo controlar la punta morada; y el cultivador de limón Tahití de la Cordillera espera con ansiedad el apoyo del Gobierno para enfrentar el wood pocket, que día a día afecta más hectáreas de este cultivo.
A estas dificultades se suma una preocupación mayor: la falta de preparación técnica y de infraestructura para afrontar los efectos del fenómeno de El Niño. Según la advertencia del IDEAM citada en esta discusión, sus impactos se extenderían hasta febrero de 2027. Entretanto, los campesinos necesitan que la institucionalidad y los gremios propongan medidas de mitigación concretas, viables y acordes con las condiciones del territorio.
Al campesino no le importa si gana Cepeda o gana Dangond. Le interesa que las soluciones lleguen al sur. Nariño no necesita subsidios para pelear: necesita menos ideología y más gerencia. Necesita, como lo expresó el propio ministro, que los recursos lleguen directamente al agricultor.
La reforma agraria y las respuestas a los problemas del sector agropecuario no pueden depender del color político de un Gobierno ni quedarse en un rifirrafe en el Senado. Deben traducirse en asistencia técnica, infraestructura, acceso al crédito, protección de los cultivos y mejores condiciones de comercialización.
El agro nariñense no es de izquierda ni de derecha: es de trabajo.
