La permanencia de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol vuelve a quedar en el centro de la controversia. En un comunicado dirigido a la Junta Directiva, la Unión Sindical Obrera (USO) insistió en pedir su salida de la presidencia de la petrolera y advirtió que, si no se toma una decisión de fondo, convocará una movilización.
El pronunciamiento del sindicato, que tiene asiento en la Junta, se da en medio de un escenario cada vez más complejo para la empresa más importante del país. La USO aseguró que las investigaciones y los cuestionamientos contra Roa han golpeado con fuerza la reputación de Ecopetrol y han deteriorado la confianza de trabajadores, inversionistas, comunidades y accionistas.
“La percepción de los empleados, accionistas, comunidades e inversionistas (…) se ha derrumbado dados los cuestionamientos hacia Ricardo Roa Barragán”, señaló el gremio en su comunicación.
La Junta Directiva volvió a reunirse este lunes para evaluar la continuidad del directivo, en medio de la imputación de cargos por presunto tráfico de influencias. Sin embargo, hasta ahora no hay una posición unificada. Según lo conocido públicamente, el órgano sigue dividido frente al futuro de Roa.
Dentro de la Junta, tres integrantes estarían a favor de su salida: César Loza, primer representante sindical en ese órgano; Luis Felipe Henao, exministro y vocero de los accionistas minoritarios; y Ricardo Rodríguez Yee, representante de los departamentos productores de hidrocarburos. En contraste, la mayoría de miembros mantendría una postura contraria a una remoción inmediata.
Sobre la mesa hay tres caminos: que Roa permanezca en el cargo bajo un seguimiento más riguroso, que se le solicite una licencia temporal mientras avanza su proceso judicial, o que se le exija la renuncia, la salida más drástica y la que sectores críticos consideran necesaria para blindar la gobernanza corporativa de Ecopetrol.
La discusión tomó un nuevo giro tras la imputación por presunto tráfico de influencias. La Junta, que ya había cerrado filas en torno al derecho de Roa a la defensa, viene revisando desde la semana pasada las implicaciones jurídicas y reputacionales de mantenerlo al frente de la compañía.
El caso que rodea al presidente de Ecopetrol se relaciona con el coronel retirado Juan Guillermo Mancera, señalado como cercano a Roa, y con decisiones empresariales y transacciones que hoy están bajo la lupa de la justicia. La Fiscalía, a través de la fiscal Claudia Emilia Garrido, ha sostenido que existirían elementos para inferir la posible comisión de delitos durante su paso por la petrolera. Roa, por su parte, conserva la presunción de inocencia mientras avanza el proceso.
El daño reputacional ya hace parte del debate. Uno de los datos que más preocupa a sectores internos y externos de la empresa es la caída de Ecopetrol en indicadores de reputación corporativa. Esa situación, sumada al ruido judicial, alimenta la tesis de quienes consideran que la Junta está asumiendo un costo demasiado alto al postergar una decisión definitiva.
El fondo del asunto ya no es solo jurídico. También es político, empresarial y ético. Ecopetrol, por su peso en la economía nacional, no es una empresa cualquiera. Cada día de incertidumbre en su dirección tiene efectos sobre la confianza del mercado, la estabilidad institucional y la imagen del país.
Por ahora, la Junta sigue sin acuerdo. Pero la presión aumenta. Y mientras crecen las voces que reclaman una salida de Ricardo Roa, también crece la pregunta que empieza a rondar con más fuerza: ¿hasta cuándo puede Ecopetrol sostener esta crisis sin tomar una decisión de fondo?
