Un video que circula en redes sociales y medios locales ha encendido las alarmas en el departamento: en él, un funcionario de la Alcaldía de Pasto admite abiertamente su apoyo a la campaña del candidato Julio Aníbal Álvarez, utilizando su cargo público con fines electorales.
Ante este hecho, Daniel Guerra, candidato a la Cámara de Representantes, expresó un enérgico rechazo y llamó a la ciudadanía a ejercer una indignación activa frente al uso indebido de recursos públicos en campaña.
“El cinismo se volvió política pública”
Lo ocurrido, según Guerra, no es un caso aislado. Es, más bien, la muestra clara de un modelo de gestión basado en el clientelismo y la impunidad.
“Mientras más de 14.000 damnificados por la ola invernal esperan ayuda en Nariño, hay funcionarios en la administración municipal más preocupados por asegurarle votos a sus jefes políticos que por servirle a la gente”, afirmó.
El candidato agregó que es inadmisible que los impuestos de los pastusos estén financiando nóminas al servicio de campañas, en lugar de garantizar atención y soluciones para los problemas urgentes del territorio.
Una cadena de escándalos: ¿coincidencia o patrón?
Guerra advierte que este nuevo hecho se suma a una preocupante serie de irregularidades en el manejo de lo público:
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Caso Abásolo: Las denuncias sobre la aspirante Alejandra Abásolo, implicada en presuntas presiones indebidas al alcalde de Ipiales.
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Investigación de Semana: Reportes sobre presiones a contratistas y uso de maquinaria institucional con fines políticos.
“Este no es un hecho aislado. Es parte de un sistema de corrupción donde las instituciones ya no sirven a la gente, sino a las campañas”, sentenció Guerra.
La propuesta: una Cámara con ojos ciudadanos
Como respuesta, Daniel Guerra propone una agenda legislativa centrada en Transparencia Radical, construida sobre dos pilares:
Veedurías con dientes
Ciudadanos organizados con facultades legales para frenar obras, suspender contratos y exigir rendición de cuentas en tiempo real cuando se detecte corrupción o uso político de los recursos públicos.
Sanción social y judicial
El candidato exige que la Procuraduría y la Fiscalía actúen de oficio frente a las pruebas evidentes, como el video en cuestión. La sanción no debe quedarse en redes sociales, sino traducirse en procesos y consecuencias reales.
Llamado a la ética pública: no más silencio institucional
Guerra hace un llamado directo al gobernador de Nariño y a los alcaldes municipales:
“No pueden seguir actuando como si nada pasara. Exigimos que emitan directrices claras y públicas a sus equipos: ningún funcionario debe dedicar un minuto de su horario laboral, ni un peso del presupuesto, a hacer política.”
Recalcó que la neutralidad del Estado en época electoral no es un favor, es un mandato legal.
