El deterioro del orden público con el que arrancó 2026 tiene un dato que no pasa desapercibido para el suroccidente del país: los grupos armados organizados no solo mantienen su capacidad de control y disputa territorial, sino que engrosaron sus filas de forma sostenida durante 2025. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que estas estructuras sumaron cerca de 5.000 nuevos integrantes en un año y alcanzaron 27.121 miembros (entre combatientes y redes de apoyo), lo que implica un crecimiento del 23,5%.
Aunque el documento presenta los datos en clave nacional, el efecto territorial es directo en departamentos como Nariño, donde la presión armada y las disputas entre estructuras se expresan en riesgos para la población civil, restricciones y afectaciones humanitarias.
CNEB y Comuneros del Sur: dos incrementos que preocupan a Nariño
En la tabla de “Variación en la cantidad de integrantes según GAO (2024–2025)”, con corte a diciembre de 2024 y diciembre de 2025, figuran dos estructuras de especial interés para el escenario nariñense no solo por su presencia en el territorio, sino porque su crecimiento resulta especialmente preocupante en un departamento donde se promueven procesos de paz territorial: en vez de mostrar una tendencia a la reducción, los datos evidencian incremento, lo que refuerza la necesidad de mayor control, verificación y seguimiento a estos procesos, para evitar que se conviertan —por falta de vigilancia efectiva— en un escenario que termine facilitando el fortalecimiento de los grupos armados.
- CNEB (Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano)
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Total 2024: 1.675 integrantes
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Total 2025: 2.089 integrantes
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Variación: +25%
2) Comuneros del Sur
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Total 2024: 237 integrantes
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Total 2025: 251 integrantes
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Variación: +6%
En términos comparativos, el crecimiento del CNEB (+25%) es muy similar al registrado por el Clan del Golfo, que pasó de 7.551 a 9.840 integrantes (+30%).
En la práctica, son señales de fortalecimiento que, llevadas al territorio, tienden a traducirse en mayor capacidad de control, expansión de redes de apoyo y presiones sobre comunidades.
Un contexto nacional que agrava la disputa en regiones periféricas
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) también advierte que 2025 cerró con el nivel más alto de disputas armadas de la última década: los enfrentamientos subieron 34% (de 86 a 115) y crecieron los impactos humanitarios y los ataques.
Para Nariño, esto significa que cualquier aumento —especialmente en estructuras que el debate público asocia con dinámicas de control y disputa— exige respuestas más finas: presencia institucional sostenida, protección a comunidades, investigación criminal y control real de economías ilegales, además de verificación estricta de cualquier apuesta de diálogo o sometimiento.
¿Riesgo electoral en Nariño?
De cara al calendario electoral que se aproxima, el incremento de estas estructuras plantea además un riesgo directo para la democracia territorial: en zonas donde hacen presencia los actores armados, las campañas podrían desarrollarse sin garantías reales, por la presión armada, las restricciones a la movilidad y el temor de líderes y comunidades a participar públicamente. En ese contexto, el llamado al Gobierno de Colombia debe ser claro: reforzar de inmediato los esquemas de seguridad para candidatos y equipos de campaña, activar planes de protección en terreno y asegurar una mayor presencia de Fuerza Pública y autoridades electorales el día de la votación, con enfoque preventivo y no solo reactivo, para que la ciudadanía pueda ejercer la libre elección sin coacciones, especialmente en municipios y corredores donde estos actores armados tienen influencia.
Aquí puede descargar el informe: cifras-fip-2025
