Energías renovables
En octubre de 2015 la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el entonces Colciencias y la Universidad Javeriana presentaron en sociedad el Atlas del Potencial Hidroenergético de Colombia. Con ello se buscaba identificar puntos de la geografía donde se pudiesen realizar proyectos hidroeléctricos, facilitando así el estudio de zonas para las investigaciones y el conocimiento en general sobre nuestros potenciales. Todo esto era resultado del Acuerdo para el Cambio Climático de París que se formuló ese mismo año.
El director de la UPME dijo que en Colombia había una capacidad eléctrica instalada de 15 gigavatios (o sea 15.000 millones de vatios), de los cuales 10 correspondían a generación hidráulica. El Atlas permitió estimar que el potencial de aprovechamiento era hasta seis veces mayor. Pero claro, el Atlas sólo permitía saber donde estaba y hasta dónde llegar en este campo. Faltaba por ver el cómo y el cuando.
No soy el primero en decir que los gobiernos no suelen aprovechar como es debido estas autopistas de información para un mejoramiento de la calidad de vida en un país de territorio tan complejo como Colombia, pero desde luego en estos casi ocho años, el aprovechamiento del Atlas ha venido más por cuenta de la empresa privada que de la estatal.
Hace poco me compartieron un mapa de energía solar en Colombia. Hay en este momento 194 proyectos vigentes, la mayoría en fase 2 (o sea, factibilidad), y 137 proyectos en construcción que posiblemente entren en fase 1 (o sea, prefactibilidad) a lo largo de 2023.
El mapa detalla el potencial energético generado en 64 plantas existentes a lo largo de toda la geografía, siendo CELSIA, empresa de energía del Grupo Argos, el que más plantas tiene.
Pero lo más llamativo es que todo ese mundo de proyectos se centra de Cali hacia el norte. El sur (Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonas) está excluido, además de Chocó. ¿Porqué? Muy posiblemente porque el Atlas de 2015 no los vio con grandes potenciales.
Esto no hace más que reafirmar la postura de quienes ven territorios abandonados y/o relegados en el país por su difícil acceso vial o por el número de resguardos indígenas que dificultan su tránsito. Sea como sea, no hay proyectos en el sur, como tampoco los hay de energía eólica.
En este campo debo decir que los últimos gobiernos se han puesto de acuerdo y el plan de energía eólica para la Guajira del Gobierno Duque tendrá continuidad en el Gobierno Petro. Eso significa que hay 16 proyectos y líneas de transmisión en marcha.
La Guajira es el nuevo paraíso de la energía renovable en Colombia, pues además de las plantas terrestres de molinos de viento, hay previstos dos parques eólicos marítimos (molinos de viento sobre el mar), que se suman a otros cinco parques en Magdalena, Bolívar y Atlántico.
En una entrevista para el diario La República, el contralor Juan Ricardo Ortega justificó, como es apenas obvio, este proceso, pero dijo algo llamativo: «Uno de los puntos más complejos es llegar a las poblaciones y demostrarles que las energías alternativas sí funcionan».
Lo de las poblaciones indígenas y rurales está claro. Hay tantos resabios en la cultura ancestral que cuesta mucho avanzar. Pero la población urbana tiene un reparo más complicado de resolver: el burocrático.
En este momento si una persona natural quisiera instalar paneles solares en su casa para generar su propia energía deberá primero realizar un registro de generación fotovoltaica en el UPME y llenar un certificado en la Cámara de Comercio. Luego deberá registrar los estudios de campo (reconocimiento y prefactibilidad) expedidos por la empresa que los hizo. Más tarde se debe registrar el proyecto total en un plazo de 30 días junto a otro formulario de exclusión del IVA y otro certificado de existencia de Cámara de Comercio, además de los planos de la obra, los equipos que se requieren y la compra del material. A partir de entonces tendrá que esperar 45 días para la aprobación.
En suma, Colombia hace bien en avanzar en energías renovables y ha hecho bien en seguir el protocolo del Acuerdo para el Cambio Climático de París, pero seguimos siendo un país lleno de efectos de forma. Excluir regiones no es lo más acertado, desde luego, y mantener nuestro antediluviano sistema burocrático tampoco.
Una pena porque los avances acabarán frenándose allí.